Los dirigentes sociales que integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), y que agrupa a movimientos sociales como el Evita, Somos/Barrios de Pie, la CCC y el MTE siguen con desconfianza los resultados de la reunión que ayer mantuvieron un grupo de gobernadores de la UCR, el PRO y el peronismo no kirchnerista con Guillermo Francos, ministro del Interior de la Nación, por las negociaciones en torno a la Ley Bases y Puntos de Partida Para la Libertad de los Argentinos (Ley Ómnibus) por la coparticipación del Impuesto PAÍS.
Los mandatarios pidieron al ministro que el Poder Ejecutivo acepte coparticipar el 30% de ese tributo a la compra de divisas. Hasta ahora ese porcentaje se destina a obras y desarrollos en las provincias, pero se ejecutaba a través del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), organismo que estaba en manos de los entonces piqueteros oficialistas a través de Fernanda Miño, ex secretaria de Integración Socio Urbana y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que dependía del ministerio de Desarrollo Social, que el presidente Javier Milei transformó en Secretaría de Niñez y Familia y que depende del Ministerio de Capital Humano.
Alberto Fernández, a través del decreto 728, benefició de manera directa a las cooperativas de trabajo de los movimientos sociales, por entonces oficialistas, al otorgarles el 30% “de la Obra Pública Nacional bajo la modalidad de contratación que corresponda, en la realización de obras de hasta $300.000.000″.
Ese monto, de acuerdo con el artículo cuarto del decreto, “será actualizado conforme lo disponga la autoridad de aplicación, y tomando como indicativas las especialidades de dichas Cooperativas”. La mayoría de esas cooperativas pertenecía al Movimiento Evita, liderado por el entonces secretario de la Economía Popular, Emilio Pérsico, y a buena parte de las organizaciones que integran la UTEP.
En los fundamentos de ese decreto se destaca que “es fundamental para el Gobierno Nacional impulsar políticas que generen empleo genuino, para lo cual es necesario adoptar medidas para atender y prevenir la vulnerabilidad laboral, cuyas consecuencias más visibles son, entre otras, la indigencia, la pobreza y la exclusión social”.
Gildo Onorato, dirigente del Movimiento Evita y ex secretario gremial de la UTEP y Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos/Barrios de Pie, y ex subsecretario de Políticas de Integración y Formación, del ministerio de Desarrollo Social; le habían dicho a este medio que las cooperativas de la economía popular iban a participarán en obras vinculadas, sobre todo, a la urbanización de los asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de barrios Populares; en obras de infraestructura social, de agua luz y gas; mejoramiento de centros deportivos y habitacionales. Un hecho que se cumplió pero que en la Ley Ómnibus original barría de un plumazo.
Sucede que, en el capítulo fiscal, que el Gobierno decidió retirar -al menos por el momento- proponía la modificación y derogación de varias de las normas vigentes a fin de realizar una pretendida reforma del Estado, uno de los principales objetivos de Javier Milei.
La propuesta del Poder Ejecutivo afecta puntualmente al financiamiento de las obras públicas en estas zonas urbanas, las cuales -hasta el momento- se realizaban con el Fondo de Integración Socio Urbana, conformado con aportes provenientes del impuesto PAÍS y que era administrado por la dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos.
La ley 27.541 en su artículo 42, aún en vigencia, se estipula que el 30% de lo recaudado a partir de este tributo está destinado a la construcción de obras de vivienda social. El otro 70%, por su parte, es para el financiamiento de los programas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y de las prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).
Ayer, en la reunión llevada adelante en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), Los gobernadores le plantearon a al ministro Guillermo Francos que pretenden tomar el control de ese 30%, sin alterar el destino para obras sociales de esos fondos. Los dirigentes sociales están convencidos que si eso ocurre perderán el beneficio que les había otorgado la administración de Fernández a pedido de ellos mismos. Lo mismo ocurrirá si más adelante se aprueba la modificación propuesta por la administración de La Libertada Avanza. En la reunión de gabinete de hoy el presidente se mostró contundente ante sus ministro: “El impuesto PAÍS no se negocia”, les dijo. Poco después, en Gobierno, tal como informó este medio, deslizaban que los mandatarios provinciales “mintieron”, no sólo con respecto a la aprobación o no de ese punto, sino también al decir que se había discutido en el cónclave de anoche. “No se habló siquiera de ese tema”
Desde el Poder Ejecutivo aseguraron que ese tema se discutirá más adelante. “La Oficina del Presidente reitera que el Impuesto PAIS y el resto del paquete fiscal, anteriormente incluido en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se discutirá más adelante”, sostuvo el Gobierno a través de la cuenta oficial de Presidencia de la red social X. Fue una publicación posterior a la reunión de Francos con los gobernadores. Se trata del punto central en discusión por estos momentos, a tan solo 24 horas del debate en la Cámara de Diputados de la Ley Ómnibus.
Por el incremento del tipo de cambio y por la ampliación de la base imponible con el ingreso del pago a cuenta ejecutado para ciertas importaciones de bienes, el Impuesto PAIS fue el tributo que más creció en su recaudación en el ejercicio 2023. Con un salto de 335,5% respecto del 2022, generó $1,5 billones de ingresos a las arcas del Estado nacional.
Actualmente hay 6.467 barrios populares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en la que viven más de 1.200.000 personas. A mejorar la calidad de vida de esas familias está destinado el 30% del impuesto país que un grupo de gobernadores pretenden como moneda de cambio para apoyar la Ley Ómnibus que mañana se debatirá en la Cámara de Diputados y que ya tuvo importantes modificaciones.
En un comunicado oficial de la UTEP se recuerda que también gracias a la normativa que los dirigentes sociales le arrancaron al gobierno de Alberto Fernández “se frenaron desalojos, se censaron a las familias para que accedan a si Certificado de Vivienda Familiar y se llegó a más de 250.000 familias con conexiones a servicios básicos (agua, luz, cloacas), se mejoraron miles de viviendas y escuelas, se construyeron plazas, espacios comunitarios a través del trabajo de las cooperativas conformadas por miles de vecinos y vecinas”, que muchos de ellos, sino la mayoría, son beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y que cumplen con las 20 horas de labores semanales en esas Unidades de Gestión, la mayoría de las cuales dependen de cooperativas de organizaciones como el Evita, Somos/Barrios de Pie, el MTE o la CCC.
El texto de la Unión Trabajadores de la Economía Popular que difundieron a través de sus redes sociales advierte que: “No podemos dar macha atrás en los derechos ganados. Para revertir la exclusión estructural es con obras en los barrios populares”.
“Dejar de urbanizar los barrios más postergados, y donde hay una creciente ola de narcotráfico, va a ser una conjunción de cosas negativas”, opinó Fernanda Miño, ex secretaria de Integración Socio Urbana de la Nación. Y opinó que la iniciativa de Javier Milei “es ir directamente al corazón de una política que ha sido no solo valorada internacionalmente, sino aceptada por todo el arco político argentino”.
Por estas razones los integrantes de la UTEP permanecen en estado de alerta, continúan de cerca las negociaciones del Gobierno con el grupo de gobernadores del PRO y la UCR. Son los mismos dirigentes que el jueves realizarán en todo el país concentraciones frente a los principales supermercados e hipermercados para reclamar alimentos para los comedores y merenderos. Denuncian que desde la llegada de Milei a la Casa Rosada se dejó de enviar alimentos para sostener la creciente demanda en las zonas más vulnerables de la Argentina que sufre el impacto de la alta inflación y la devaluación impuesta por el Gobierno.
