Ayer domingo, luego de autoproclamarse presidente de El Salvador, Nayib Bukele habló de la Argentina. Habló, curiosamente, de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y de la crisis de inseguridad en Rosario.
“Nosotros hemos ofrecido oficialmente a la ministra Bullrich no asesoría, porque creo que esa no es la palabra, sino la colaboración que ellos necesitan en todos los temas en seguridad”, explicó Bukele. Habló, desde ya, de una cuestión de escalas: San Salvador no es igual a la ciudad más caliente de Santa Fe. Los Monos no son la Mara Salvatrucha. Pero el espíritu de cooperación, supuestamente, está.
Hoy lunes, un día después, de vuelta en Buenos Aires, Patricia Bullrich dialoga con Infobae en una mesa con pocos periodistas donde presentó los resultados del primer mes del Plan Bandera, el intento de control conjunto de las zonas calientes de Rosario junto al gobernador Maximiliano Pullaro, con funcionarios técnicos presentes en la mesa, como el secretario de Narcotráfico, Martín Verrier.
-¿Hay interés en recibir ayuda de Bukele?
-Cuando fue la asunción de Milei, Bukele no vino. Vino, en cambio, su ministro de Seguridad. Tuvimos intercambios, una charla, sobre la problemática y cómo ellos habían disminuido el delito. Quedamos en organizarnos una visita allá sabiendo que la problemática de ellos es re difícil, re dura, pero que lograron una baja muy, muy importante. Me sorprendió que surgiera mi nombre, pero se ve que el ministro lo habló. Todavía no retomamos el tema.
-¿Se trata de apoyo técnico, que les envíen efectivos? ¿Estarían dispuestos a aceptarlo?
-Técnico, sí. Efectivos, no. Ya los tenemos, entre fuerzas federales y provinciales. Sí técnico, de cómo lograron avanzar sobre el delito y la legislación.
-¿Interesa el modelo Bukele como viene o interesa adaptarlo?
-Nos interesa adaptar el modelo de Bukele. La violencia en Argentina está fuerte. El último fin de semana hubo muertos en el fútbol, fue un verano con peleas permanentes, banditas. El modelo de la mara es complicado, pero vemos el aumento de nivel de violencia de banda que se cruzan, o los enfrentamientos en boliches. Esa violencia, trabajar sobre eso, nos interesa.
Bullrich tal vez sabe que juega con fuego con lo que dice, o que puede inflamar lo suficiente. La semana pasada, en medio de la discusión de la Ley Ómnibus en el Congreso, el operativo llevado adelante por las fuerzas federales terminó con más de treinta periodistas heridos de bala de goma o gaseados en la cara mientras un grupo de violentos incendiaba contenedores de basura.
El modelo de Bukele, el régimen de excepción que Bullrich elogia, según Amnesty International, “ha resultado en más de 66 mil detenciones, en su mayoría arbitrarias, el sometimiento a malos tratos y tortura, violaciones flagrantes al debido proceso, desapariciones forzadas y la muerte de al menos 132 personas bajo la custodia del Estado, quienes al momento de su fallecimiento no habían sido declarados culpables de ningún delito”. Todo esto, desde ya, puede implementarse con instituciones estatales desmanteladas y un aparato judicial adicto que no lo detenga.
En el medio, está el presidente Milei, mencionado también por Bukele en su discurso.
-¿Hay presión explícita de Milei de demostrar resultados contra la inseguridad en un corto plazo?
-No, esa es una decisión nuestra.
-Una cosa es lo que decidan ustedes y otra lo que exija el Presidente.
-La Presidencia está interesada en que a la posibilidad del éxito económico se le sume el éxito del mayor orden en las calles. Creo que tiene confianza en el equipo. Ve que las cosas se están haciendo.
Luego, más allá de Bullrich, está Rosario.
El 2 de enero último, Pullaro y la ministra nacional iniciaron el Plan Bandera, en medio de una crisis de homicidios y balaceras, con amenazas directas al gobernador, a funcionarios penitenciarios y comerciantes, el signo de una nueva era de violencia en la ciudad más violenta del país, iniciada desde que Los Monos decidieron sumar la extorsión mafiosa a su cartera usual.
La funcionaria habla de resultados positivos: en el último meses 61390 autos controlados, 31783 motos, 84 detenidos, un arma incautada. Las muertes son siempre el número esencial. En enero de 2023 hubo 20 asesinatos en Rosario. En 2024, 18. La curva descendente es general: de acuerdo a cifras oficiales, hubo 28 crímenes en enero de 2022.
Sin embargo, el tema es dónde se mata. Las fuerzas federales, con 280 efectivos en toda la jurisdicción, según el informe presentado por la ministra, realizaron controles en los barrios Ludueña y Empalme Granero, los focos de mayor violencia.
En ambas zonas, los homicidios bajaron 28 por ciento en un año. Los homicidios en la vía pública, en general, pasaron de 17 hechos a 11, un 57 por ciento menos.
Bullrich, que reconoce los aciertos de la gestión de Aníbal Fernández en su relato, no provee una cifra clave: la cantidad de balaceras ocurridas durante el primer mes del plan Bandera. Asegura, básicamente, que no las recibió del gobierno de Santa Fe.
La Unidad de Balaceras del Ministerio Público de la Acusación contó 29 hechos de ataques a tiros, con diez heridos de bala. Estos 29 hechos son en base a denuncias. Se cree que la cifra podría ser mucho mayor: los ataques no son solo a comerciantes o a edificios estatales, sino a búnkers de droga y domicilios de hampones. Fuentes oficiales en Rosario aseguran que los hechos de este tipo disminuyeron con respecto a diciembre último.
El secretario Verrier atribuye el éxito del nuevo plan a patrullajes barriales dinámicos, requisas extensivas, sumada a mayor presión en los penales. “Solo en Rosario tenemos 150 investigaciones en curso”, asegura. Precisamente, hoy, Verrier pone su foco en los penales de Piñero y Las Flores, con la sospecha de dos detenidos que estarían vinculados al Primeiro Comando da Capital, la mayor y más violenta banda al sur del Ecuador, que permea penales para luego conquistar territorio, un prospecto complicado de cara a las villas porteñas, relativamente pacificadas en términos del negocio de la droga, luego de años de mando de los capos peruanos.
Verrier, dice, está en la duda. Pueden ser operativos reales del PCC, o simples farsantes que chapean con una membresía que no les corresponde. El dato que aporta Verrier no es del todo extraño: funcionarios de la gestión de Aníbal Fernández manejaban información similar.
