Senado: el oficialismo busca blindar el mega DNU de la ofensiva kirchnerista y espera la ley ómnibus

La Libertad Avanza (LLA) en el Senado intentará desviar la atención del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía en los próximos días, ante una nueva solicitud de sesión especial que promete el kirchnerismo con el fin de rechazar la normativa del Gobierno de Javier Milei. El oficialismo está obligado a ir semana a semana con una agenda alternativa, que incluye el foco en la ley ómnibus que aún debate Diputados e iniciativas a dictaminarse en los próximos días, como la que mejora la lucha contra el lavado de activos.

Para ser desactivado un DNU, se necesita el rechazo de ambas Cámaras del Congreso. Esta situación nunca ocurrió desde la implementación de este sistema y es el único insumo que tiene el kirchnerismo en el Senado para recuperar terreno. Es que, pese a ser la primera minoría -33 legisladores, a cuatro del quorum-, la impericia del interbloque que preside José Mayans dejó expuesto al cristinismo el 13 de diciembre pasado, cuando se votaron a las autoridades y se definió la integración de las comisiones.

Semanas atrás, el cristinismo recuperó terreno con el debate de la Boleta Única de Papel, al colgarse del dictamen de minoría de la rionegrina Mónica Silva que tiñó a oscuro el panorama en relación con este tema, con un potencial empate en el recinto y la imposibilidad de la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, de definir esta cuestión por tratarse de una cuestión electoral, que precisa mayoría absoluta -37- del Cuerpo.

A medida que Diputados comenzó a avanzar con la demorada ley ómnibus, el Frente de Todos no quiso perder la oportunidad de generar ruido con el mega DNU, que ya fue observado en la justicia. De hecho, hay muchos legisladores de varios partidos que prefieren una definición de aquel poder y evitar una guerra en el Congreso.

Una porción del kirchnerismo no quería forzar una sesión especial. La primera opción fue encontrar legisladores de otras bancadas y juntar las cinco firmas que pide el reglamento de la Cámara alta para solicitar un encuentro en el recinto. Después de una semana de deliberaciones, la negativa de otras fuerzas derivó en un pedido solitario de cinco legisladores kirchneristas.

Con la nota presentada a Villarruel, el oficialismo y la oposición no kirchnerista tuvieron que tomar una decisión. El problema en relación con esto es que hay un puñado de senadores que ya mostraron su rechazo absoluto al DNU. Otros no lo afirmaron de manera pública, aunque dejaron claro que si el cristinismo consigue quorum, bajarán y votarán en contra.

Bajo esta perspectiva, la señal de los supuestos “aliados” del oficialismo en la Cámara alta fue clara: que Villarruel pagara el costo político de no validar el pedido de sesión especial del jueves pasado. La titular tiene la potestad de fijar día y hora con aval del reglamento de la Cámara alta, según el artículo 20.

El artículo en cuestión establece que “el presidente, luego de recibir la petición, dispondrá la respectiva citación para el día y hora que mejor estime, si no los ha señalado el Cuerpo, según sea el asunto o las circunstancias del caso”.

La reacción del kirchnerismo no se hizo esperar: el jueves pasado armó una desprolija conferencia en el despacho de Mayans para denostar a Villarruel y adelantar que todas las semanas realizarán un pedido de sesión especial para tratar el mega DNU. Dos integrantes no estuvieron presentes: los exgobernadores de San Juan y Tucumán, Sergio Uñac y Juan Manzur. El último firmó la solicitud para ir al recinto.

Según Mayans, “la vicepresidenta debe ser garantía de imparcialidad en esta Cámara”, En ese sentido, detalló: “Si cinco senadores presentan una nota, que es lo que plantea el reglamento, debe llamar a sesión y abrir el recinto”, El formoseño luego fue más allá y dijo que “en las dictaduras, lo primero que se hace es cerrar el Parlamento”.

En tanto, la segunda del interbloque y representante de La Cámpora, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), alertó: “Vamos a insistir todas las semanas para tratar este DNU. La vicepresidenta está incumpliendo los deberes de funcionaria pública”. Desde el entorno de Villarruel afirmaron a Infobae que la decisión de no convocar a la sesión “no significa que no lo haga en un futuro”.

Diputados vota la ley ómnibus mañana, pero de forma particular. Por este motivo, el Senado todavía espera y desde algunos despachos ya deslizaron la obligatoriedad que tendrá el Ejecutivo de prorrogar las sesiones extraordinarias, tal como contó este medio durante el fin de semana. Aun haciéndolo, la iniciativa corre riesgo de quedar para el período ordinario, que se iniciará el 1 de marzo.

Por otra parte, las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda del Senado buscarán avanzar pasado mañana con la ley que mejora la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El proyecto, aprobado por Diputados en abril de 2023, formó parte del último entendimiento que firmó la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) e incluye las sugerencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Tras el aval de la Cámara baja, el kirchnerismo en el Senado cajoneó el texto, que fue enviado por la gestión kirchnerista de Alberto Fernández e incorporado en los últimos días a la prórroga de las sesiones extraordinarias activada por el Gobierno libertario.

La ley tiene un nervio principal que fue observado por quienes formaban parte de las bancadas de Juntos por el Cambio y del interbloque federal hasta diciembre pasado: la manera de designar a las autoridades de la Unidad de Información Financiera, con injerencia clave del Ministerio de Economía.

Dicho argumento fue utilizado el miércoles último por el radicalismo y otros opositores no kirchneristas para demorar la firma de un despacho, junto a otras observaciones. En tanto, el cristinismo no definió una postura concreta y se expresó a favor de dilatar el debate.

En concreto, el artículo en lupa establece: “Créase la Unidad de Información Financiera (UIF), como organismo descentralizado de la administración pública nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera, según las normas de la presente ley”.