Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda del Senado firmaron este miércoles el dictamen de la ley que mejora la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Según confiaron fuentes del oficialismo en la Cámara alta, el objetivo del Gobierno es sancionar la iniciativa en los próximos días. Para ello se da por descontado que el Ejecutivo prorrogará las sesiones extraordinarias, hoy vigentes hasta el 15 del corriente mes.
Para el avance de este texto fue clave la intervención del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien se encargó de manera personal de hablar con senadores que tenían observaciones a la ley. En caso de prorrogar las extraordinarias y, de no mediar ningún inconveniente político, la idea del oficialismo es ir al recinto el viernes 23, para realizar ese mismo día la sesión preparatoria establecida por reglamento.
El proyecto, aprobado por Diputados en abril de 2023, formó parte del último entendimiento que firmó la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) e incluye las sugerencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que a fin del corriente mes estará en el país para una nueva evaluación. Por este motivo existe una urgencia para sancionar la ley y evitar un nuevo ingreso a la temida lista gris del organismo.
Tras el aval de la Cámara baja en abril de 2023, el kirchnerismo en el Senado cajoneó el texto, que fue enviado por la gestión de Alberto Fernández e incorporado a la prórroga de las sesiones extraordinarias activada por el Gobierno libertario de Javier Milei. De hecho, el cristinismo no firmó por ahora el despacho y evaluará en los próximos días una postura final sobre el tema.
La ley tiene un nervio principal que fue observado por quienes formaban parte de las bancadas de Juntos por el Cambio y del interbloque federal hasta diciembre pasado: la manera de designar a las autoridades de la Unidad de Información Financiera, con injerencia clave del Ministerio de Economía.
En concreto, el artículo en lupa impone: “Créase la Unidad de Información Financiera (UIF), como organismo descentralizado de la administración pública nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera, según las normas de la presente ley”.
La reunión de este miércoles duró un puñado de minutos, ante una discreta incomodidad de legisladores de la oposición no kirchnerista que acompañaron el despacho y pese a las dudas en algunos puntos del articulado. En tanto, el cristinismo decidió, en ese mismo momento, reservar un acompañamiento del proyecto enviado por su propio Gobierno el año pasado.
“Es una razón de Estado y los tiempos nos están llevando a tomar una decisión”, señaló al inicio del plenario el senador libertario y presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, Juan Carlos Pagotto (La Rioja). El legislador estuvo en lupa los últimos días por haber abandonado una reunión de bloque la semana pasada para asistir, según deslizó a sus colegas de bancada, a la “La fiesta del Año Nuevo Chino” de la Ópera de Sichuan, en el Teatro “Lola Membrives”.
“Los tiempos se nos están volviendo perentorios. Tenemos que darle al Estado argentino las posibilidades de tener los beneficios de estar dentro de las normas internacionales que programa el GAFI sobre el lavado de activos, tanto la lucha contra el narcotráfico como el terrorismo”, aseguró Pagotto. Y agregó que si bien hubo “serias observaciones desde otras bancadas” y que la ley es “perfectible”, se comprometerá a trabajar en mejorar la legislación de cara al futuro. Quien apuntó sobre ello fue el radical Maximiliano Abad.
En tanto, el experimentado peronista disidente Juan Carlos Romero advirtió sobre la vigencia de la ley “a los 30 días corridos de su publicación”, en relación con el riesgo de no tener la normativa activada antes del período de evaluación del GAFI.
Con nueve firmas en cada comisión, el dictamen de mayoría quedó listo para ir al recinto. No obstante, el oficialismo tendrá la obligación de aceitar la relación con legisladores silvestres provinciales para no errar ante una eventual sesión. Como solución, el Gobierno promete eliminar el artículo sobre la injerencia de Economía y dejar el sistema vigente, es decir, el ministerio de Justicia. Por eso las llamadas de Cúneo Libarona a los opositores.
Si la ley es modificada en cualquier artículo, volverá en segunda revisión a Diputados, lo que generará un escenario de mayor complejidad y la imposibilidad del Gobierno de mostrar una victoria en el Congreso antes del inicio de sesiones ordinarias, que comenzarán el 1 de marzo. Ese día, Milei tendrá la opción de hablar o no ante la Asamblea Legislativa.
