Reunión clave entre el Gobierno y los gremios para acordar una reducción en el pago de horas extra a trabajadores del Estado

Esta semana será clave para que otro foco de conflicto que tiene el Gobierno no se agrave. Están previstas reuniones entre los representantes gremiales de los empleados estatales agrupados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) con los responsables de la Oficina de Empleo Público que depende de la Jefatura de Gabinete para destrabar el pago de las horas extras, cuyo “reordenamiento” impulsó el Ejecutivo el mes pasado.

El 10 de enero, mediante una resolución administrativa, Armando Daniel Guibert, a cargo de la secretaría de Transformación del Estado y la Función Pública, envió a los máximos responsables de los ministerios y de las secretarías o subsecretarías que dependen de cada cartera un plan de racionalización por el que quedó “suspendida la asignación de horas extraordinarias, debiendo programarse las tareas operativas en la jornada legal normal de trabajo de cada agente”.

La determinación del Gobierno provocó un fuerte malestar entre los empleados estatales de las distintas reparticiones por el impacto salarial que implicaba la medida. Guibert basó su pedido en una auditoría interna en la que se detectó que gran parte de los salarios incluye este componente. “Lo que se busca es reordenar el uso de las horas adicionales”, explicó una fuente de la Jefatura de Gabinete en ese momento.

“Excepcionalmente, para el caso de que se encuentre acreditada la imposibilidad de dar respuesta a impostergables necesidades operativas que comprometan manifiestamente el servicio público, se podrá solicitar fundadamente la asignación de servicios extraordinarios. Para ello, se deberá planificar las funciones del organismo y el personal necesario para cumplirlas”, decía en uno de sus párrafos más salientes la orden que emanó del funcionario.

La liquidación de las horas extras que hicieron los trabajadores durante el mes de enero se pagaron en su gran mayoría en tiempo y forma, según fuentes gremiales. Aunque algunas quedaron “en revisión”. Temen que no sean abonadas.

“Las de enero se liquidaron bien en todos los casos. Solo se verificaron quita de horas y algunos adicionales en empresas del Estado recientemente intervenidas como Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT). Estamos esperando la liquidación de los haberes de febrero, ya que algunos sectores denunciaron un recorte en la cantidad de horas habituales mensuales”, le confió a Infobae un alto dirigente de ATE.

Para que no haya problemas en febrero ya está abierto un canal de negociación. En el ministerio de Salud, por ejemplo, el salario mínimo es de entre $ 180.000 y $ 250.000 y los sindicatos buscarán que “el ajuste sea lo menor posible” para moderar el impacto en los ingresos. Esta semana se aguardan las primeras reuniones.

En otra dependencia estatal como es la Casa Rosada uno de los sectores más afectados fue el de los mozos, que estuvieron a punto de ir al paro por la disminución que implicaba este recorte en sus haberes. Por ahora la sangre no llegó al río, pero están alertas incluso ante las versiones que indicaban un ajuste en la cantidad del personal afectado al comedor diario, donde estuvieron faltando insumos porque “se estaban auditando gastos y cómo será su funcionamiento” cuando venza la concesión actual, según informaron voceros oficiales.

A mediados de enero, como una forma de acercamiento, el Gobierno otorgó un 16% de aumento a los estatales luego de la discusión paritaria que será en forma mensualizada, al menos por ahora. Aunque el incremento estuvo por debajo de la inflación que se estima, según los cálculos de consultoras privadas, que estará por encima del 20%, sirvió para atenuar los reclamos.

La resolución de Guibert, quien depende de la Jefatura de Gabinete de ministros que encabeza Nicolás Posse, se enmarca dentro del decreto 8/2023 del presidente Javier Milei, que había dispuesto a poco de asumir la reducción de ministerios y de secretarías, entre otros rubros a achicar en un Estado al que consideran “sobredimensionado”.

En los últimos días, luego del fracaso del tratamiento en particular de la Ley Ómnibus en el Congreso de la Nación, Milei a través del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, entró en cortocircuito con los gobernadores de las provincias a quienes empezó a quitarles y retacearles fondos que afectan al transporte automotor y al pago de los salarios docentes. Ahora intentarán que este foco de conflicto, el de las horas extras, no sea otra piedra en el camino.

Entre otras disposiciones para achicar gastos en los primeros días de gestión de Javier Milei se decidió interrumpir alrededor de 5.000 contratos del personal que haya ingresado en el Estado bajo esa modalidad en 2023 incluyendo la administración nacional y organismos descentralizados como AFIP, PAMI y ANSES. Y se ordenó “un relevamiento exhaustivo” de aquellos trabajadores estatales que cumplen funciones desde antes del 1 de enero del año pasado.