El conflicto de Milei y los gobernadores involucra de lleno a la Justicia y enfrenta a jugadores con votos propios

El conflicto entre Javier Milei y los gobernadores -que precipitó Chubut y tiño en pocas horas casi todo el mapa del país- acaba de exponer un síntoma repetido de incapacidad para los acuerdos y un giro inesperado para el Presidente. Como otras veces, la escalada terminó involucrando a la Justicia, que desde su máximo escalón suele expresar disgusto cuando temas de máxima tensión no pueden ser resueltos en la mesa política. Y por primera vez, la disputa colocó al Presidente frente a jugadores que también cuentan con capital propio y pueden ir a la batalla con el escudo del aval expresado por el voto popular.

Dicho de otra forma: la lógica oficialista que se adjudica exclusiva representación de la voluntad social resulta insostenible frente quienes también exponen indiscutible legitimidad de origen, que no es un concepto absoluto pero tampoco, formal. Es algo que puede ser observado en la extensa sucesión de elecciones de gobernador, que incluyó al grueso de las provincias, y también si se quiere en las encuestas, tomadas con los cuidados del caso, tanto a nivel local como nacional.

El reclamo de Ignacio Torres por la poda en el envío de fondos a Chubut abrió varios frentes y anotó un capítulo judicial, al que aún le restan muchos renglones. El fallo del juzgado federal de Rawson, que ordena dar marcha atrás con ese recorte de unos 13.000 millones de pesos, permitió al menos que el jefe provincial encontrara un camino para desmontar la advertencia, riesgosa y al menos para el debate, de frenar los suministros de petróleo y gas. De todos modos, la pulseada no está liquidada ni en el plano político ni en el judicial. El Gobierno anticipa que ensayará el camino hacia la Corte Suprema y todos esperan el gesto presidencial del viernes, ante la Asamblea Legislativa y en horario pico de audiencia televisiva.

Antes de llegar a este final provisorio, la disputa anotó varios datos potentes. Casi en simultáneo, se destacaron dos: la velocidad con que se desplegó el respaldo de los gobernadores al chubutense -con diferentes matices y cálculos- y la reacción en términos repetidos del Gobierno, en blanco y negro y volviendo sobre la calificación de “casta” para cualquier expresión de diferenciación o crítica. Los dos elementos se estarían conjugando como una señal llamativa en términos políticos.

Hasta ahora, y después de la experiencia exitosa de campaña, Milei confrontó o buscó construir “enemigos” asimilables sin mucha dificultad a esa etiqueta de “casta”. Después de la caída de la Ley Ómnibus, puso el foco de la renovada grieta en el Congreso: nido de ratas y centro de corruptos, fueron algunas de las descalificaciones. Aprovechó y trabajó sobre una imagen que combina cuestionamiento a los legisladores que llegan colgados de listas sábana, señalamientos por la virtual parálisis legislativa en largos períodos y críticas a los presupuestos, desde la cantidad de empleados hasta los gastos personales.

No es el único frente abierto y considerado de fácil contraste. Lo expone la tensión con los jefes sindicales, de pésima imagen general, con el arrastre del manejo de aparatos costosos y la continuidad durante años -décadas, en algunos casos- al frente de sus estructuras gremiales. Y hay más, en estos días. Vuelve a ventilarse el Caso Vialidad con Cristina Fernández de Kirchner en el centro y aparece a la vista en estas horas un posible sistema de corrupción armado para el pago de seguros por préstamos que otorgaba la ANSES.

Además de mostrarse, naturalmente, como contrafigura de esa política, el oficialismo sostiene que el Congreso y los jefes provinciales deberían acompañar sin vueltas sus proyectos, porque fueron votados por el 56% del electorado en el balotaje. Es una visión parcial y forzada de todo el proceso electoral y del funcionamiento del sistema institucional. El caso de los gobernadores, como agregado nuevo, coloca al Presidente en una disputa que en espejo podría mostrar similar interpretación sobre el poder que asigna el voto.

Las elecciones en las provincias expusieron dos elementos significativos. El primero: el desenganche de la mayoría de los comicios respecto de los turnos nacionales de las PASO y la primera vuelta. Ocurrió en 18 de los 22 distritos que renovaron autoridades y los jefes provinciales consideran que ganaron por su cuenta. El segundo: fue notable el cambio de color político en un tercio de las provincias (Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, San Luis, San Juan, Santa Cruz, Neuquén y Chubut).

Por supuesto, hay matices y casos sombríos de utilización del aparato estatal y clientelismo -Formosa y Santiago del Estero son las provincias que suman denuncias en cada turno electoral-, pero esa no fue la marca generalizada del 2023. Está claro, además, al repasar los resultados del balotaje presidencial, que hay franjas electorales compartidas por gobernadores y el Presidente.

El otro elemento que suele ser difundido desde el circuito oficialista, para sostener el aval social consistente, son las encuestas. Los números de imagen presidencial oscilan en los 50 puntos porcentuales, según los relevamientos difundidos. Algunos consultores en reserva reducen un poco tales cifras, si se suman valoraciones “buenas” y “muy buenas”, sin otros agregados.

El tema sería más delicado, y a tener en cuenta, según una consultora que trabaja para clientes del sector público y del ámbito privado. Su relevamiento de este mes indica que ninguna de las figuras políticas supera el 50% de imagen positiva, incluidos los mejor posicionados del Gobierno: Patricia Bullrich, Victoria Villarruel y Milei. Y todos tienen números en rojo, es decir, más evaluación negativa que positiva.

Está claro que no es un dato menor mantener niveles considerables de apoyo en este contexto económico y social, según los sondeos que circulan. Y del mismo modo, con los cuidados del caso, podrían ser anotados los registros de los gobernadores. La última encuesta de la consultora CB, distrito por distrito, indica que tres jefes locales superan el 60% de imagen positiva, quince se ubican entre los 50 y 60 puntos, y los seis restantes oscilan entre los 45 y los 50. Otros trabajos exponen datos menores, aunque en general con margen de aprobación.

Los sondeos, como siempre, ofrecen diferentes lecturas y recelos. Existe un dato objetivo -el de las urnas-, una consideración razonable -el desgaste en tiempos de crisis grave- y un mapa político para nada estático. Resulta evidente además la incertidumbre y malestar en la franja de la oposición llamada “dialoguista” y la apuesta al esmerilamiento del Presidente por parte de la oposición dura, en especial con marca kirchnerista.

En ese contexto y con todos esos factores en juego, fue notable el respaldo cosechado por Torres, que arrancó con una especie de bloque patagónico de mandatarios, siguió con el aval de todos los gobernadores que mantienen el sello JxC y fue añadiendo jefes provinciales de otro signo, desde el peronismo no alineado y fuerzas provinciales al peronismo/kirchnerismo.

Eso indica algo que trasciende al reclamo de Chubut: es la expresión de malestar generalizado por falta de negociación y acuerdos. El argumento de una deuda de la provincia con el Estado nacional que debía ser cobrada ya, sin más trámite, hace agua frente a la experiencia global y local: las deudas suelen ser renegociadas. Se trata, en cualquier caso, de decisiones políticas. El referido fallo de un juzgado federal alivió la situación y les abrió un espacio a los gobernadores del Sur para reclamar diálogo y negociación.

Es mejor que el contrapunto que volvía a asomar entre provincias y poder central. Se trata de un conflicto que sumó combustible a la pelea con el Congreso, expuso mala relación con los jefes provinciales y podría generar tensión con la Justicia. Le toca mover ahora al Gobierno nacional.