El Gobierno decidió eliminar el Potenciar Trabajo y les quitará a los piqueteros el control de los planes sociales

El Gobierno decidió eliminar el programa Potenciar Trabajo y crear otros dos nuevos planes para continuar con la asistencia que se brinda, pero quitar del proceso a los intermediarios, como los movimientos sociales y municipios, que actualmente demandan una inversión de unos 34 millones de dólares al año.

La medida se confirmó a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial y que lleva las firmas del presidente, Javier Milei, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, aunque los detalles se conocerán en una Resolución que estará en los siguientes días.

Según pudo saber Infobae, las autoridades nacionales resolvieron terminar con este plan, al considerar que el mismo está “mal diseñado” y que durante el tiempo en el que estuvo vigente no cumplió con los objetivos para los que fue creado.

De hecho, según un relevamiento hecho por la cartera que conduce Petovello, de las aproximadamente 1,4 millones de personas que se encuentran registradas en este programa, tan solo el 1,3% termina consiguiendo empleo, por lo que la mayoría de las salidas de beneficiarios se deben a incompatibilidades de ellos con la asistencia (viajes al exterior o un salario registrado, por ejemplo), o jubilación o fallecimiento.

En este sentido, los nuevos funcionarios consideraron que ya existen otras iniciativas en el Estado que son más eficaces, por lo que, tras unos meses de análisis, decidieron eliminar el Potenciar Trabajo y reemplazarlo por dos nuevos planes.

Uno de ellos se llamará “Volver al Trabajo” y dependerá de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que encabeza Omar Yasin, mientras que el otro, denominado “Acompañamiento Social”, será una asistencia que gestionará la Secretaría de Niñez y Familia, la cual está en manos de Pablo de la Torre.

Al respecto, fuentes oficiales precisaron a este medio que la intención es segmentar a los beneficiarios actuales del Potenciar Trabajo en dos categorías, los que tienen mayor probabilidad de conseguir un puesto laboral en el corto plazo y aquellos que se encuentran en una situación más complicada.

El primer grupo consta de alrededor de un millón de personas que cumplen con ciertos requisitos básicos de edad y formación, quienes serán traspasados al programa “Volver al Trabajo”, con algunas mejoras con respecto a su situación en este momento.

En primer lugar, para quienes perciban esta ayuda del Estado ya no será incompatible tener un sueldo en blanco, sino que podrán cobrar hasta tres salarios mínimos y continuar recibiendo la asistencia, en principio, por hasta dos años.

Esta decisión se tomó porque el Ministerio cree que las restricciones que existen desalientan al beneficiario a incorporarse al mercado laboral, optando en muchos casos a rechazar un puesto en el sector privado para no perder el plan.

Además, una vez que ingresen al nuevo programa, dejará de ser obligatorio que cumplan con tareas específicas, como pintar o barrer en espacios públicos, sino que solamente se les pedirá que completen diferentes cursos de capacitación. Según anticiparon, esta gestión tiene previsto poner el foco en la formación.

Al respecto, las autoridades nacionales remarcan que, de esta manera, el Gobierno prescindirá de las denominadas unidades de gestión, que son organismos de distinto tipo que se encargan de controlar que los beneficiarios de los planes cumplan con las contraprestaciones.

Estas entidades, que suman unas 400 y pueden ser desde ONG hasta movimientos sociales y municipios, demandan una inversión de unos 34 millones de dólares al año para verificar la presencialidad de las personas que reciben la asistencia estatal en sus tareas asignadas.

Si bien continuarán existiendo algunas capacitaciones presenciales, en principio la cartera de Capital Humano pretende que el registro de quienes asistan a las mismas la lleven los propios funcionarios de las áreas en las cuales se desarrollarán. Por ejemplo, si un beneficiario realiza un curso de electricista en las dependencias del Ministerio de Defensa, serán los propios empleados del sector los que certificarán la labor.

A las 400 mil personas restantes del Potenciar Trabajo que no serán derivadas a este nuevo programa, la Secretaría de Niñez y Familia les entregará una ayuda mensual hasta que sean contratados, ya sea en el ámbito público o en el privado. En este caso, se mantiene la incompatibilidad de cobrar un salario y el plan al mismo tiempo.

Para el Gobierno, esta asistencia es solo temporal y para aquellos individuos que se encuentren en una situación más vulnerable, ya sea porque ya son mayores o porque tienen menos posibilidades de ingresar al mercado formal.

En este segmento se encuentran los mayores de 50 años, las madres con más de cuatro hijos y los adultos mayores que enfrentan desafíos relacionados con la salud, la soledad y la seguridad financiera.

Este grupo, además de la cuestión monetaria, también accederá a una ayuda alimentaria “para asegurar la nutrición adecuada”, la cual se intentará que sea también de manera directa y sin intermediarios en el proceso, para tratar de disminuir los gastos que demanda la medida.

El Ministerio destina cerca de 1,5 billones de pesos en financiar las tarjetas para comprar comida o ir a comederos, y otros 40 mil millones en la adquisición de alimentos secos para repartir entre las familias vulnerables. Si bien este presupuesto se mantendrá como está, el objetivo es que la asistencia se entregue directamente a los necesitados.