Tras días de analizar la implementación de la medida, el Gobierno de Salta dispuso cobrar la atención sanitaria a los extranjeros en la provincia. La medida se oficializó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y contempla como excepción a las urgencias, que seguirán siendo garantizadas.
Conforme a la Ley Nacional 25871 de Migraciones, existen cuatro categorías de residentes en las que se agrupan los extranjeros: residentes permanentes, temporarios, transitorios y precarios. En este caso, tras la publicación del DNU 129, los residentes transitorios y precarios deberán contribuir y solventar los gastos que generen sus atenciones en los centros de salud provinciales, sin importar si lo hacen por sí mismos o a través de un seguro de salud.
“El Estado provincial arbitrará con posterioridad los medios necesarios para percibir los gastos ocasionados”, precisó el gobierno salteño a través de su sitio web.
Según la explicación que brindaron los voceros del gobierno de Gustavo Sáenz a Télam, “la medida procura garantizar la solvencia del sistema de salud público salteño”. Sin embargo, resaltaron que no están en discusión los casos urgentes en los que la salud “no podrá ser negada, ni restringida” ya que se trata de “una cuestión humanitaria”.
Desde el Ejecutivo provincial, fundamentaron su decisión en los altos niveles de inflación que afecta a todo el país y que encarece el precio de los insumos sanitarios, así como también en el recorte de las transferencias nacionales y una disminución en su recaudación. Por esto mismo, el Gobierno de Sáenz consideró necesario adoptar medidas para racionalizar de manera eficiente los recursos con los que se cuenta, tal como precisaron a través de un comunicado publicado en el sitio web de la Provincia.
Además, hicieron hincapié en la “particular posición geográfica de la Provincia” que, al limitar con tres países, hace que muchos extranjeros ingresen a Salta para realizar tratamientos que, en muchos casos, son prolongados. En este sentido, mencionaron los “tours sanitarios” que se organizan desde otros países para asistir y acceder del sistema de salud del lugar.
Sobre este último punto, detallaron que mayormente se trata de procedimientos de altos costos como así también cirugías, cesáreas, entre otros que no son circunstanciales sino programados. De esta manera, el objetivo de la decisión es “proteger la sustentabilidad y funcionamiento adecuado del sistema de salud público”, frente a esta problemática que se vive día a día en los centros de salud de toda la provincia.
Sin embargo, la medida no alcanzará a quienes sean residentes permanentes o temporarios, puesto que ellos continuarán se continuarán recibiendo la atención sanitaria en forma igualitaria a los nacionales, según aclararon desde el Gobierno salteño.
Tal como establece el decreto, el gobernador dispuso que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Salud de la provincia, por lo que será el organismo que lleve adelante todas las acciones y normativas necesarias. Otra de sus responsabilidades será fijará los aranceles de cada una de las prestaciones. Por último, indicaron que también deberá mantener los montos de los tratamientos actualizados e informar a las personas que lo requieran.
Previo al DNU, el ministro de Salud provincial, Federico Mangione, se refirió sobre esta situación y planteó que la gente cruza desde Bolivia para atenderse y recibir la vacuna contra el dengue tras el aumento de casos en su país. “Estamos tomando medidas donde la prioridad son los salteños y también vamos a imponer un sistema de cobro para los pacientes extranjeros porque están usando nuestros insumos y no tenemos reciprocidad”, explicó días atrás.
En esa oportunidad, relató: “Yo fui gerente del Hospital Materno Infantil y nos han llegado paciente con cáncer derivados de Bolivia porque los médicos de allí les dijeron que no les iban a hacer el tratamiento y le recomendaron que viajaran a Argentina porque aquí era gratis”.
