En el primer bimestre, el Gobierno dejó de pagarles a las provincias $101.000 millones en transferencias discrecionales
La mayoría de los gobernadores que concurrirán a la primera convocatoria del Gobierno de cara al Pacto de Mayo, respaldan la propuesta anunciada por Javier Milei en la Asamblea Legislativa, pero tienen dudas sobre su contenido y llegarán a la reunión de hoy a las 15 con una serie de reclamos. Especialmente, sobre cómo se va a plasmar la promesa de alivio fiscal para las provincias, a cambio de apoyo a la nueva versión de la Ley Bases que enviará al Congreso. Buscarán certezas sobre la reactivación de las transferencias discrecionales de la Nación a las provincias con el objetivo de recomponer las alicaídas arcas provinciales, después de la quita de subsidios, la desaparición del FONID – que no fue renovado -, y el ajuste que está llevando adelante el gobierno nacional.
Los mandatarios provinciales enfrentan una fuerte reducción en sus recursos, básicamente, por tres razones: la baja en el impuesto a las Ganancias promovida por Sergio Massa en la campaña electoral, ya que se trata de un tributo que se coparticipa en un 60% y cuya marcha atrás estará hoy en la mesa de negociación; la caída en la coparticipación federal por la baja en la recaudación debido al freno de la actividad económica; y la menor recaudación de impuestos provinciales por la recesión. La discusión sobre la reversión de Ganancias no tiene asegurados los votos en el Congreso, por la falta de consenso dentro de los sectores dialoguistas y el rechazo que ya adelantaron varios gobernadores, como el cordobés Martín Llaryora y los patagónicos, preocupados por el impacto sobre la clase media trabajadora y la merma que viene sufriendo la recaudación de ese impuesto. En la discusión estará presente la coparticipación del impuesto PAÍS, que impulsan los mandatarios provinciales pero es resistida por Milei, y la quita de las retenciones al campo que reclaman Santa Fe y Córdoba, y que apoyó Mauricio Macri ayer en su visita a Expoagro.
El panorama de sequía fiscal en las provincias, se agravó por la interrupción casi absoluta en las transferencias no automáticas de Ejecutivo nacional a las provincias desde el 10 de diciembre, incluidas aquellas con algún respaldo por ley, o con partidas previstas en el Presupuesto 2023, prorrogado para este año. LAS discrecionales son las únicas transferencias que pueden ser suspendidas o redireccionadas por el Gobierno nacional en función de la “caja” disponible o por un criterio político. En ese sentido, se diferencian de la coparticipación federal, que se gira automáticamente según un porcentaje prefijado a medida que ingresan los impuestos que recauda Nación. Hay dos tipos de giros discrecionales: los corrientes, para pagar gastos ordinarios de las provincias con déficit -cruciales para los mandatarios- , o los de de capital, para financiar obras o programas que implican inversiones a largo plazo, y cuya interrupción implicó, de hecho, un freno a la obra pública en todo el país.
Los gobernadores se quejan que esos giros se frenaron o llegan “en cuentagotas”, básicamente por compromisos asumidos en la anterior gestión, cuyo pago no se había ejecutado. Según los últimos datos, en febrero de 2024, esas transferencias discrecionales tuvieron una caída real interanual del 88% y en el primer bimestre del 2024, del 91%, según el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) realizado por Nadín Argañaraz. Fueron casi $52.000 millones comprometidos el mes pasado que no se giraron a las provincias.
Este es uno de los principales motivos por el que 21 mandatarios de los 24 concurrirán hoy a la Casa Rosada a la convocatoria formalizada el miércoles por el ministro del Interior, Guillermo Francos. Ya confirmaron asistencia todos ellos, aún el bonaerense Axel Kicillof, que había manifestado cierta resistencia inicial. Tres provincias enviarán a sus vicegobernadores: Formosa (Eber Solís estará en nombre de Gildo Insfrán, Mendoza (irá Hebe Casado en lugar de Alfredo Cornejo que está en una feria de minería en Canadá), y La Rioja (Teresita Madera irá en representación de Ricardo Quintela). Además de Francos, estará el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, pero no participará el titular de Economía, Luis Caputo, de viaje para asistir a una reunión del BID en Punta Cana. Es muy factible que lo reemplace el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. No está confirmada la presencia del Presidente, quien podría “pasar a saludar”.
Según el análisis del IARAF, en febrero, las transferencias discrecionales comprometidas – o sea, gasto devengado – tuvieron una baja real del 67%. Pero lo efectivamente pagado, fue aún menos: 23 de los 24 distritos recibieron en total apenas $18.250 millones de Nación, un 88% menos en términos reales respecto de febrero de 2023, en la gestión de Alberto Fernández.
El gasto comprometido en febrero era de casi $70.000 millones, pero la Nación solo giró el 26% por lo que dejó de pagar $51.175 millones a las provincias. Si se suma los fondos “frenados” por la Nación en enero, esa deuda de fondos discrecionales comprometidos en el primer bimestre del año ascendía, al 1ro de marzo, a $101.000 millones. Esto se debe a que, en los dos primeros meses, desde Economía solo se giró el 16% del gasto devengado. Esta deuda es lo que están reclamando las provincias, y buscarán en la reunión de hoy alguna certeza sobre lo que pasará de marzo en adelante.
“Está claro que el Gobierno nacional cortó las transferencias discrecionales, en un cambio de paradigma, por el ajuste que está llevando a cabo. Y si bien en febrero aumentó el porcentaje de lo girado respecto de enero, igualmente es muy alto lo que no se está pagando, ni se está devengando”, analizó Argañaraz ante Infobae.
Una docena de los 24 distritos recibieron apenas $18 millones o menos durante todo febrero de transferencias discrecionales. Peor le fue a La Rioja, la única provincia que no recibió nada, pese a que – hasta el 2023- estos giros no automáticos tenían un peso significativo en las finanzas provinciales. La Rioja tenía comprometidos el mes pasado apenas $2 millones, que tampoco llegaron. Lo mismo sucedió en enero, con cero transferencias de este tipo. Un año atrás, en la gestión de Alberto Fernández, el distrito había recibido $2.673 millones a valores de ese momento.
El gobernador riojano es uno de los opositores peronistas que mantiene una fuerte disputa con Milei. De hecho fue el que recurrió a la Corte Suprema de la Nación para objetar judicialmente la constitucionalidad del mega DNU dictado en diciembre por el Presidente. A principios de febrero, Quintela presentó una demanda en contra del Estado Nacional por la retención indebida de fondos coparticipables como “una tentativa inequívoca de utilizar dichos fondos a efectos de someter políticamente” a la provincia. “Hoy, La Rioja no sabe si no va a recibir nada en todo el año, o va a recibir algo, y en ese caso, cuándo. Se genera una incertidumbre muy grande”, advirtió Argañaraz.
“Lo ideal es que los gobernadores inicien un diálogo concreto y claro con la Nación, que tenga un objetivo conjunto de llegar a un acuerdo. Es clave que se evite estos conflictos que vimos y su judicialización, como está sucediendo. Porque esta incertidumbre termina en la suba de las carga tributaria en las provincias, como ingresos brutos o el impuesto a los sellos. Y después, no se vuelve atrás de esa mayor carga tributaria provincial”, sostuvo el economista del IARAF.
Si bien en el primer bimestre todas las jurisdicciones tuvieron una caída interanual real en las transferencias no automáticas recibidas, Chubut es la provincia que registró la menor caída en estos giros: un 8,3% menos respecto de febrero 2O23. Esta provincia patagónica recibió en febrero $1.506 millones de los $1.671 millones comprometidos. El dato llama la atención en el marco del enfrentamiento del gobernador Ignacio Torres con el Presidente, por la quita de $13.500 millones en la coparticipación automática por una deuda anterior del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. El mandatario llevó su reclamo a la Justicia Federal de Rawson, que le dio la razón. Pocos días antes, el mandatario del PRO había obtenido otro triunfo en esos Tribunales, con el fallo que le ordenó al Gobierno nacional dar marcha atrás con la quita de los subsidios al Fondo Compensador del Transporte dispuesta a principios de febrero.
Pero el dato del menor recorte a Chubut en el mes en que se enfrentó con el Ejecutivo nacional se explica, básicamente, por el envío de un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) el 8 de febrero por $1.500 millones. Fueron girados antes de la amenaza de Torres que le cortarle el envío del petróleo al resto del territorio nacional, si la Nación no giraba los fondos de la coparticipación retenidos. Ante la consulta de Infobae, desde la gobernación chubutense aclararon que esos $1500 millones fueron girados a principios de febrero para combatir los incendios en el parque nacional Los Alerces.
Los otros dos distritos que tuvieron un recorte menor al promedio general del 88%, fueron Santa Cruz (-62,7%) y Tucumán (-67,3%). En el caso de Santa Cruz, recibió en febrero $1.801 millones sobre los $4.547 millones comprometidos. Pero casi toda la partida girada fue para el funcionamiento del Hospital de Alta Complejidad SAMIC “El Calafate” por $1.791 millones. Desde la gobernación a cargo de Claudio Vidal aclararon que el dinero fue transferido al Municipio de Calafate, y que eran fondos comprometidos en la gestión anterior. “Tenemos obra pública certificada, pendiente de cobro, pero como Vialidad nacional pasó a Infraestructura y luego fue absorbida por Economía, no la están pagando”, señalaron fuentes de la gobernación santacruceña a Infobae.
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En tanto, la menor caída en las transferencias no automáticas a Tucumán – recibió en total $2.378 millones el mes pasado -, obedece al envío de ATN por $2.000 millones el 27 de febrero. Este distrito tenía comprometido $2.661 millones. Desde la gobernación a cargo de Osvaldo Jaldo, uno de los peronistas que le dio su apoyo a la Ley Ómnibus a través del voto de sus tres diputados nacionales, a cambio de beneficios para la provincia, explicaron que esos ATN fueron para “por la emergencia y gestión hídrica por problemas en el dique El Cadillal y la derivación que tenía de falta de lluvia en zona norte. y lluvias de más, en el sur”.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, es la única jurisdicción de las 24 que tenía previsto un aumento real del gasto comprometido ($19.030 millones), un 47,7% más respecto de febrero de 2023. Sin embargo, esta partida corresponde casi en su totalidad para el funcionamiento del Hospital Garrahan ($18.999 millones) que, en realidad, es nacional, aunque jurisdiccionalmente está en CABA. Fuentes del Ministerio Hacienda porteño aclararon a Infobae “hay una cuestión técnica de cómo se visualiza la información en la web de Economía por la unidad geográfica, pero esos fondos van directo a ese Hospital pediátrico, sin pasar por la Ciudad”. No obstante, en febrero, de esa partida solo fueron transferidos $111 millones. La Nación sigue sin pagar los fondos adeudados por la quita de un porcentaje de la coparticipación al distrito porteño dispuesta por Fernández en plena pandemia para darle fondos extra a la Provincia de Buenos Aires, destinados a sofocar una protesta de la Policía bonaerense. El ex jefe de gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, acudió a la Corte Suprema en 2020, luego del recorte de casi 2 puntos y, en diciembre de 2022, el Máximo Tribunal hizo lugar a su planteo. Pero la sentencia aún no se ejecutó, y el reclamo lo lleva ahora adelante su sucesor, Jorge Macri.
Buenos Aires también recurrió a la Corte Suprema, pero hace pocos días, para reclamar por la quita del Fondo de Fortalecimiento Fiscal que había creado Fernández en su favor, y en perjuicio de CABA. La Provincia recibió en febrero solo $10.727 millones de transferencias discrecionales, un 72,3% menos a valores reales que un año atrás. Por ese Fondo, la Provincia dejó de recibir, según fuentes de la gobernación, unos $45.000 millones por mes. El presupuesto comprometido en febrero de transferencias discrecionales era dos veces más, $32.380 millones. El mandatario bonaerense anunció el miércoles que suspendería temporalmente el régimen de la quinta hora de clases, en 60 escuelas primarias de 31 distritos, prevista inicialmente para comenzar el 1 de marzo. El Fondo para Incremento de Jornadas implicaba un flujo de $10.000 millones cada 30 días, según las autoridades bonaerenses. Ante esa medida, desde el área de Educación de Nación, confirmaron que el Gobierno comenzará a transferir a “todas las jurisdicciones los fondos destinados al programa Hora Más/Jornada Extendida a partir de mañana (por hoy)”.
Las transferencias discrecionales en 2023
En 2023, como publicó Infobae, la Nación repartió discrecionalmente a las provincias casi $1,9 billones, según el informe “Anatomía de las transferencias” de otro think tank en temas económicos, el Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea. A valores constantes de enero 2024, considerando la inflación, equivalen a casi $3,8 billones.
El 21,5% de los giros discrecionales el año pasado fueron transferencias corrientes ($297.451 millones) para gastos ordinarios de la provincias. Otro 21% se canalizó el año pasado a través del Fondo de Incentivo Docente (FONID), que alcanzó $289.021 millones en 2023, establecido por ley para complementar el sueldo de los docentes provinciales. La no prórroga del FONID, que dejó de estar vigente el 31 de diciembre último y el Gobierno nacional ratificó que no lo extenderá, complicó el comienzo de clases en la mayoría de los distritos. En algunos – como la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, o Chubut – los gobernadores utilizaron recursos propios para pagar ese complemento salarial docente, pero quieren discutir hoy qué pasará a partir de marzo.
Casi el 17% del total de los giros no automático ($231.396 millones), tuvieron como destinataria a la provincia de Buenos Aires por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de PBA, el que ahora Milei decidió sacarle a Kicillof por decreto. Había sido creado por otro decreto de Fernández en 2020, luego de una protesta de la Policía Bonaerense que puso en jaque al gobierno bonaerense, quitándole recursos de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.
Otro 12,7% se transfirió a través del Programa de Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional, que incluye los ATN, y representaron $174.850 millones.
En tanto 12,3% fueron aportes de la ANSES a las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas a la Nación ($170.354 millones), y el 11% de las transferencias discrecionales fueron hecha a través del Programa de Asistencia Financieras a las Provincias ($152.696 millones).
Finalmente, el 4,7% de los giros discrecionales de 2023 -$65.383 millones- correspondieron a los recursos que debió enviarle la Nación a CABA, por el traspaso de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad.
Si se consideran las transferencias discrecionales per cápita, tanto corrientes como de capital, el estudio del IERAL revela que en los primeros puestos aparecen todos distritos peronistas o de mandatarios afines a la anterior gestión del Frente de Todos. Encabeza el ranking La Rioja, con $187.183 por habitante; le sigue Santa Cruz con $93.427 por habitante; Tierra del Fuego, con $85.823; La Pampa, con $74.012; Catamarca con $71.966; y Formosa con $71.628 por habitante. Excepto está última, que tiene 607.000 habitantes, el resto alberga a menos de 500.000 residentes en sus distritos. Buenos Aires, la más populosa del país con 17,5 millones de bonaerenses, quedó en el puesto número 11: en 2023 recibió $47.028 por cada bonaerense.
En el otro extremo, de acuerdo al informe del IERAL, las provincias que recibieron menos fondos discrecionales de la Nación por habitante fueron Córdoba ($16.417) y Mendoza ($17.646), ambas gobernadas por mandatarios opositores hasta el 10 de diciembre de 2023. Le siguieron Santa Fe ($23.427), Chubut ($25.164) y San Juan ($25.706).
“Las provincias que reciben transferencias discrecionales por arriba de su participación en la población, excluyendo a CABA por el motivo antes señalado (la transferencia de la Policía), son: Buenos Aires, La Rioja, Chaco, Santiago, Neuquén, Formosa, Santa Cruz, Catamarca, La Pampa y Tierra del Fuego”, señala el informe realizado por los economistas Marcelo Capello y Nicolás Cámpoli.
Visualización de datos: Andrés Snitcofsky y Daniela Czibener
