Patricia Bullrich anunció que enviará una “ley antimafia” al Congreso: con qué herramientas cuenta hoy la Justicia argentina

Ante la avanzada narco contra la población civil de Rosario, en una presunta vendetta por las medidas al estilo Bukele implementadas en las prisiones santafesinas y de cara al estricto control de capos presos en penales federales, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, prometió presentar ante el Congreso una nueva legislación inspirada Código Penal italiano.

“Estamos enviando al Congreso de la Nación la Ley antimafia o antibanda, que tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre el crimen organizado tomando los crímenes de estas bandas y adjudicándoselo a todos sus integrantes, cómo hizo el código penal antimafia de Italia que terminó con las mafias italianas. Como hizo la ley RICO de Estados Unidos y, luego, Bukele contra las maras, con figuras especiales como el arrepentido, que ya existe, y otras nuevas modalidades que nos permitan ir a fondo contra estas bandas”, dijo Bullrich sin especificar detalles de la anunciada normativa.

La Ministra, en ese sentido, presentó como novedad la posibilidad de penar a los integrantes de la organización con la misma figura penal, más allá del rol o función que cumplan en la estructura criminal, solo por el hecho de ser parte de la organización.

En la actualidad, Argentina cuenta con diferentes herramientas o técnicas especiales de investigación para combatir al crimen organizado y el narcotráfico. La figura del arrepentido, tal como puntualizó la funcionaria de Milei, es una de ellas, luego la sanción de las leyes 27.304 y 27.319 a fin del año 2016. El agente encubierto, el agente revelador, el informante, la entrega vigilada y prórroga de jurisdicción completan el marco.

La PROCUNAR, el área de la Procuración a cargo del fiscal federal Diego Iglesias que se dedica a investigar organizaciones narco, engloba en sus expedientes todos los niveles: desde los soldados del sicariato, pasando por los intermediarios y capos hasta los encargados de lavar el dinero, o los responsables políticos y judiciales del negocio.

PROCUNAR comenzó a intervenir en 230 nuevas causas en 2023. PROCUNAR empleó 27 agentes reveladores desde 2016, más 36 informantes desde el mismo período. Los agentes encubiertos son una rareza: solo se usaron tres, dado su alto riesgo, en los últimos siete años.

La PROCELAC, dedicada a investigar delitos de lavado y que articula con frecuencia con la PROCUNAR -en causas como la del clan Loza– es parte esencial del panorama. El remate de bienes narco, a través de organismos como la AABE, también es utilizado. Loza, con su pena confirmada por Casación, tuvo durante años una Ferrari que fue propiedad de Diego Armando Maradona.

También existe la posibilidad de conformar Equipos Conjuntos de Investigación, con sustento legal en la Convención de Palermo sobre Delincuencia Organizada Trasnacional y el Acuerdo Marco de Cooperación entre los Estados Parte del MERCOSUR; existen mesas de intercambio de información, establecidas en la ley 27.502, sancionada en abril de 2019. Al mismo tiempo, se encuentra operativa la Unidad Antimafia de la PFA, creada durante la gestión de Alejandro Ñamandú, ex superintendente de Investigaciones Federales de la fuerza, pero ahora tiene poco más de la mitad de gente.

“En estos grupos de investigación que hemos planteado y que vamos a llevar adelante, vamos a tener un capítulo especial sobre el delito económico, sobre el lavado del activo que es el producto de los delitos precedentes. Hay especialistas que van a estar trabajando en conjunto junto a la Justicia para sacarles todos los bienes”, indicó Bullrich.

En ese sentido, existe un proyecto, que fue presentado en el Congreso, aunque no prosperó. Se trata del Proyecto Bien Restituido, coordinado por Lucas Manjón de la asociación italiana Libera, que realizó la primera traducción al español del Código Antimafia Italiano. Allí, participaron la fiscal federal Laura Mazzaferri, la ex titular de la PROCELAC, Laura Roteta y Francisco Luena, quien también integraba de la misma procuraduría, coordinados por el juez Sebastián Casanello.

Bien Restituido cuenta con el respaldo de la Asociación de Jueces Federales (AJUFE), la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN); Cortes Supremas de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JuFeJus), Cáritas Argentina, entre otras organizaciones.

El artículo 41 bis de la ley italiana, también conocido como “cárcel dura”, impone un severo régimen de aislamiento sobre aquellos presos que tienen probados vínculos con organizaciones criminales. Es destinado, sobre todo, a los capos de la mafia, con la finalidad de poner un freno a las actividades ilícitas que puedan desplegar desde la cárcel.

Hay un antecedente reciente en el país, inspirado en esta norma. Adrián González Charvay, titular del Juzgado Federal de Campana, procesó a Luis Wilder “Gavilán” Zalazar, oriundo de Salta, por el envío de una encomienda de más de seis kilos de cocaína desde Orán. La resolución, con prisión preventiva y un embargo de 60 millones de pesos, incluyó las nuevas medidas de encierro que debe cumplir:

• La celda de “Gavilán”, que ya cumple varias condenas por narcotráfico en la Unidad Penitenciaria VI de Cuyo, debe ser requisada cada 15 días para constatar que no posea ningún dispositivo de comunicación móvil que le permita su comunicación con el exterior.

Por último, Bullrich apeló a otra ley ya existente para frenar a los narcos en la ciudad santafesina. “Vamos a pedirle a la Justicia la utilización de la ley antiterrorista. En el artículo 41 (…) dice que toda acción que tenga por objeto amedrentar a la población y sembrar el terror tiene doble pena”, aseveró.

Duro diagnóstico

“La Ley antimafia italiana -41 bis- es una respuesta excepcional a un fenómeno excepcional que desbordaba al Estado”, explica una fuente judicial a Infobae empapada en la temática.

“En Italia, si te encuentran negocios o cualquier otra vinculación con un mafioso, pueden investigarte e, inmediatamente, te incautan de forma cautelar los bienes a la espera del juicio, donde tendrás que demostrar tu inocencia. Es decir, que se persigue la vinculación más que la conducta e invierte la carga de la prueba, algo que es muy criticado por la Unión Europea, aunque a ellos les funcionó”, agrega la fuente.

“La Argentina encuentra similitud en la asociación ilícita (artículo 210 del Código Penal), pero la diferencia es que la ley argentina persigue la conducta, no al autor. La asociación ilícita necesita hechos concretos, por eso siempre va acompañada de otro delito particular. Nuestro sistema constitucional hoy no permitiría un artículo como el antimafia italiano. Tendría que crearse una figura nueva y presentarse en el Congreso una modificación al Código Penal, por ejemplo, como un artículo 210 ter -porque bis ya hay- pero Bullrich no puede imponer la existencia de una nueva ley”, señala.

En tanto, otra fuente en el ámbito de la Justicia federal, dio su punto de vista sobre la respuesta que propone la Ministra. “Creo que antes de aplicar una nueva ley, hay que lograr que sean efectivas las herramientas con las que hoy contamos. Hay otras urgencias. Veo que falta una caracterización del adversario y creo que le erran en querer atar el concepto de ocupación militar. Aunque entiendo el alivio que puede sentir una persona que está esperando el colectivo y ve pasar el colectivo, pero se trata de una medida aliciente, como un antibiótico que calma el dolor hasta que pasa el efecto”, opinó.

“En Rosario -siguió- hay una gran preeminencia de bandas que se disputan el territorio, con líderes muy rústicos y marginales. No hay una lógica empresarial que pueda ponderar riesgos, fracasos y costos que sí vimos en otros narcotraficantes. Hay, en cambio, un crimen organizado que se enroscan en un tipo de cultura violenta. Líderes que tienen una actitud de abordaje de espacio territorial que trabajan reactivamente. En términos antipáticos, como si se tratara de una jauría, en la que el macho del grupo protege”.

Luego, abre el abánico de la problemática hacia otras regiones del país. “Si el problema es la droga, cabe preguntarse de dónde viene toda esa droga y dónde se termina de elaborar. Basado en mi experiencia, puedo decir que no hay evidencia de pago de protección o peaje a los grandes cargamentos que parten para Europa. En este caso, hay bandas narco que tienen como objeto de provisión conglomerados urbanos”, dice.

Al mismo tiempo, vuelve sobre la corrupción del personal policial. “En el conurbano, como en otras zonas, se sabe que hay efectivos que pueden cobrar una coima de narcos, pero en Rosario muchos grupos policiales son asalariados de las bandas. Hay subordinación”, denuncia.

Y hace hincapié en “la foto a lo Bukele”: “Hay una correlación temporal entre la foto y el incremento de la violencia. Si con esa imagen se buscó organizar fue un diagnóstico equivocado. Las bandas en Rosario reaccionaron como un perro al que se le pega e intenta volver a morder. Eran esperables las reacciones. Por eso creo que con lo que hay, se podría llegar a mayores resultados, aunque las reformas y los tipos más severos pueden sumar. Antes hay que ser más inteligentes para aplicar lo que tenemos”.

“Hay que entener que los jefes de estas organizaciones y sus integrantes están cada vez mas fuera del sistema. No tienen expectativas ni proyecto de vida más allá de los 23 años. No tienen nada que ver con los narcos sofisticados: para ellos el futuro es morir en un tiroteo o pasar 25 años presos”, señala con crudeza.

Y cerró: “Si el anuncio de la ley antimafia es para disuidir, no creo que lo haga. Los jefes ya están presos, sus principales laderos, segundas y terceras líneas también. Lo que hay que preguntarse es cómo evitar que estos grupos, desde la cárcel, sigan multiplicándose”.