Más de nueve mil empleados públicos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eran -algunos aún lo son- beneficiarios del Potenciar Trabajo en un claro hecho de incompatibilidad. La cifra exacta es 9.413. Así surge de la investigación preliminar del fiscal federal Guillermo Marijuán. De esa totalidad el Ministerio de Capital Humano ya dio de baja a 4.588 de esas personas y ahora estudia los últimos entrecruzamientos de datos que, en base a la orden del titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad, se realizó mediante el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). Para los investigadores y el propio gobierno de La Libertad Avanza, este tipo de incompatibilidades es un “claro ejemplo de la utilización política que se hacía del programa”.
La causa está caratulada como “defraudación contra la Administración Pública”. Según los cálculos realizados por la justicia, el desfalco al Estado Nacional era de más de siete mil millones de pesos al mes. Anualizada la cifra ronda los 84.000 millones de pesos sin contar los bonos extras que recibían y aguinaldos.
Marijuan ya había solicitado a los fiscales y magistrados de cada distrito que “se proceda a ordenar al área del Ministerio de Capital Humano, que actualmente gestiona el Programa Potenciar Trabajo, que suspenda los planes involucrados, sin perjuicio de un reempadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del Programa” para “hacer cesar los efectos del delito procediendo a la suspensión y/o baja de estos beneficios percibidos en clara transgresión a la normativa y al espíritu perseguido por el Estado Nacional al momento de su creación”.
El fiscal comenzó su investigación en noviembre pasado y acaba de finalizar. Como era de esperar la provincia de Buenos Aires es la que registra un mayor número de empleados públicos que, a su vez, recibían el beneficio del estado nacional.
El resultado fue el siguiente:
Buenos Aires 2.243; Tucumán registra 1.145; La Rioja, 1.060; Jujuy, 652; Corrientes, 518; Salta, 434; Río Negro, 198; Córdoba, 194; Formosa, 180; Santa Cruz, 128; CABA, 231; Santa Fe, 350; San Juan, 109; Mendoza, 173; Neuquén, 343; San Luis, 43; Entre Ríos, 106; Chaco, 336; Misiones, 321; Catamarca, 194; Chubut, 104 y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 49. Las últimas tres provincias fueron las mas rezagadas en responder el requerimiento fiscal y fueron intimadas dos veces.
La normativa del Potenciar Trabajo era clara destacaba que una de las incompatibilidades para recibir el plan es “la existencia de empleo formal registrado, a excepción de los trabajadores temporarios o estacionales conforme lo contemplado”.
Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada y Pettovello a Capital Humano, el Gobierno dio de baja a 36.249 beneficiarios del principal programa social que tenía la ex cartera de Desarrollo Social -ahora Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia- junto al programa alimentario.
El 6 de marzo, a través de la Resolución 115/2024, el gobierno de Javier Milei dispuso la disolución de ese beneficio social. En su reemplazo, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, presentó dos nuevos programas: “Volver al Trabajo”, que funcionará en la órbita de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad, y el de “Acompañamiento Social”, que depende de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
Los funcionarios de esa cartera entendieron que el Potenciar Trabajo no cumplía con el fin para el cual fue creado: solo el 1,3% de las aproximadamente 1,4 millones de personas que se encontraban inscriptas en el programa consiguieron empleo.
Ante la poca efectividad que consiguió el Potenciar Trabajo, se decidió segmentar a la cantidad de titulares en dos niveles: los que tendrían mayores probabilidades de conseguir empleo en el corto plazo (Volver al Trabajo) y aquellos que se encuentran en situaciones más complicadas (Acompañamiento Social).
Desde el ministerio de Pettovello se aseguró que los beneficiarios ya fueron transferidos al programa que les correspondería según el lineamiento planteado. Asimismo, remarcaron que los requisitos para ingresar al sistema fueron modificados luego de que se invalidaran los criterios establecidos en el marco del Potenciar Trabajo.
Por ejemplo, se eliminó la cláusula que imposibilitaba acceder al beneficio, si contaba con un sueldo en blanco. A partir de ahora, los titulares podrán cobrar hasta tres salarios mínimos y mantener la asistencia social por un plazo de dos años.
Desde el Ministerio de Capital Humano explicaron que era vital cambiar las restricciones aplicadas, debido a que evaluaron que la quita del beneficio de forma inmediata podría ser uno de los factores que desalentarían a los inscriptos a incorporarse al mercado laboral.
De la misma forma, afirmaron que ya no será obligatorio cumplir con actividades comunitarias como, por ejemplo, pintar o barrer en espacios públicos, ya que solamente deberán completar una serie de cursos de capacitación. Incluso, anticiparon que los movimientos sociales ya no mediarán entre el Estado y el ciudadano para la inscripción y/o cobro de la asistencia.
Por esa misma razón Capital Humano decidió dejar de transferir los $17.183.910.509 que el año pasado la ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz derivó a 281 Unidades de Gestión. Se trata de emprendimientos laborales que dependen de cooperativas, municipalidades, provincias u organizaciones de la sociedad civil, dónde los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo debían realizar las 20 horas de tareas semanales.
De esa suma multimillonaria, $11.925.954.904 estaban bajo el control de 144 cooperativas. La mayoría de ellas vinculadas a la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Entre ellas del Evita, Somos/Barrios de Pie, la Corriente Clasista Combativa, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y, entre otras, del Frente Popular Darío Santillán. A los principales dirigentes de estos movimientos populares y piqueteros Javier Milei los llamó “gerentes e intermediarios de la pobreza”.
Capital Humano ya había dado de baja a beneficiarios del plan social que viajaron al exterior en yates de lujo y aviones, entre otros medios de transporte. La denuncia también fue realizada por el fiscal Guillermo Marijuan. Ahora la justicia deberá investigar a los funcionarios que no controlaron este tipo de irregularidades en un programa social que estaba destinado a los más vulnerables.
