Tras la polémica por el aumento de sueldo de Milei y sus funcionarios, el Gobierno oficializó al nuevo secretario de Trabajo

Luego de la polémica que se generó en torno al aumento de los sueldos de Javier Milei y sus funcionarios, que finalmente el presidente se vio obligado a retrotraer, el Gobierno designó al nuevo secretario de Trabajo.

A través del Decreto 252/2024, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Capital Humano aceptó la renuncia del saliente Omar Yasín y oficializó en el cargo de secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social al abogado Julio Gabriel Cordero.

Abogado laboralista, de reciente paso por Techint y la Unión Industrial Argentina (UIA), Cordero ya venía asesorando al oficialismo: fue uno de los expertos que participó en la redacción de la reforma laboral incluida en el famoso DNU dictado por el presidente.

Al nuevo secretario de Trabajo lo impulsaron el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el asesor -ex funcionario macrista- Federico Sturzenegger. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que había propuesto la designación de Yasín, terminó de dar el visto bueno para que Cordero se sume al Poder Ejecutivo.

El ex funcionario fue el fusible que eligió Milei para dar por cerrada la discusión que se generó en torno a su sueldo. El presidente primero se cruzó en redes con Cristina Kirchner, a quien culpó por un decreto firmado hace más de una década pese a que la oficialización de los aumentos salariales del 48% para el Poder Ejecutivo contó con su rúbrica. Finalmente, el jefe de Estado dio marcha atrás con los incrementos pero hizo responsable del “error” a Yasín, pese a que la decisión se tomó en en otras áreas del Gobierno.

El desplazado secretario de Trabajo ya estaba en la mira del jefe de Gabinete y de Sturzenegger desde el 6 de enero pasado cuando lograron echar al entonces subsecretario de Trabajo, Horacio Pitrau, como responsable de una jugada política por la cual los sindicatos debían pedirle a las autoridades laborales una interpretación oficial para aplicar las cuotas solidarias, un sistema adicional de recaudación sindical a través de los convenios colectivos, que había quedado en jaque porque el DNU 70 estableció la limitación de que podía cobrarse sólo si había un “consentimiento explícito” de los trabajadores.

Por entonces, la CGT embestía contra la reforma laboral del decreto de Milei y la dupla Yasín-Pitrau encontró una forma de erosionar la ofensiva sindical debilitando el frente interno: si los gremialistas querían conservar ese recurso tan eficaz para financiar sus estructuras, debían pedirlo de manera expresa a las autoridades de Trabajo. Era una forma de dividir a la CGT y, además, de que los sindicatos reconocieran así la validez del DNU, impugnado por la central obrera por “inconstitucional”.

La jugada política causó rechazo en Sturzenegger y, junto Posse, solicitó a Petovello que eche a Yasín. La ministra se opuso pero le ordenó al secretario de Trabajo que echara a Pitrau. Yasín aceptó la salida de su número 2, pero su gestión quedó signada por la desconfianza del jefe de Gabinete y del asesor libertario.

De esta forma, el Gobierno dio vuelta la página. Las ideas de Cordero están en sintonía con las de Milei en materia laboral y sindical. Sin embargo, para la Confederación General del Trabajo, se trata de una noticia que prende luces de alerta. Meses atrás, en nombre de la UIA, el abogado argumentó en contra del proyecto para reducir la jornada laboral ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.

El nuevo responsable de la política laboral del Gobierno era hasta el momento titular del departamento jurídico laboral del grupo Techint, vicepresidente del departamento de Política Social de la UIA y delegado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el grupo empleador de la Argentina. Además, preside el congreso de relaciones laborales de FORUM Argentina, es vicepresidente del Instituto Derecho Social y del Trabajo y asesora a los empresarios del Grupo de los Seis (G6).

Cordero asume en un contexto en el que deberá lidiar con el sindicalismo mientras el Gobierno busca avanzar con la reforma laboral y con el proyecto para transparentar las elecciones en los gremios. Por otro, deberá encargarse de homologar, o no, los acuerdos salariales que superaron la pauta del Ministerio de Economía, de un 15%, que podría abrir otro frente de batalla con sindicatos poderosos como Camioneros, que encabeza Hugo Moyano.