El gobierno de Kicillof advirtió que quienes se sumen a la rebelión fiscal “deberán enfrentar las acciones judiciales”

El llamado a no pagar el Impuesto Inmobiliario Rural y otros tributos que lanzó el fin de semana el diputado nacional por la Libertad Avanza José Luis Espert, que fue avalado y ratificado por el presidente Javier Milei, tuvo como agregado el posicionamiento de distintas entidades rurales del interior bonaerense que advirtieron que se plegarán a la iniciativa de no pagar la segunda cuota del impuesto. Pese a que el tema se traslada también a una disputa política entre La Plata y Casa Rosada, en lo práctico el gobierno bonaerense cuenta con una serie de herramientas para sancionar a morosos que podrían aplicarlas en caso de percibir una “rebelión fiscal”, que por otra parte -sostienen desde la Agencia de Recaudación Buenos Aires (ARBA)- no es tal según el nivel de cobrabilidad registrado en los primeros meses del año.

Así lo remarcó el titular de ARBA, Cristian Girard. El funcionario encargado de la política impositiva bonaerense advirtió que “hay que dejar claro que quienes decidan incumplir con sus obligaciones tributarias, subiéndose a esa lógica de rebelión fiscal, deberán enfrentar las acciones judiciales de cobro, con los riesgos y sanciones que eso implica”.

También, envió un mensaje a los productores rurales que podrían plegarse a la propuesta del diputado de la Libertad Avanza. “Ojo con lo de la rebelión fiscal, porque después no va a estar Espert pagándole la cuenta al contribuyente cuando no pueda mover fondos de la cuenta bancaria por un embargo, ni le va a pagar los honorarios de los abogados”, dijo Girard en declaraciones a Radio Splendid.

Lo concreto es que el Ejecutivo tiene varias herramientas para avanzar en sanciones. La primera es una multa. La Código Fiscal de la provincia cuenta un amplio abanico regulatorio En su artículo 61 de establece que “el incumplimiento total o parcial del pago de las obligaciones fiscales a su vencimiento, constituirá omisión de tributo y será pasible de una sanción de multa graduable entre el cinco por ciento (5%) y el cincuenta por ciento (50%) del monto de impuesto dejado de abonar”. También, por ejemplo, ya avanzado el proceso son aplicables instancias de embargos. Hasta el momento, la Provincia no ha rematado ningún campo por incumplimiento fiscal.

La Ley Fiscal Impositiva 2024 fue aprobada en la Legislatura bonaerense el 28 de diciembre del año pasado. Además del peronismo, contó con el respaldo del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y un sector de los libertarios. Desde el Ejecutivo bonaerense se planteó al momento de la sanción que en Buenos Aires hay 300 mil partidas inmobiliarias rurales y que “casi la totalidad de las partidas tendrán un aumento que no supera el 200%”. Argumentan que todas estarán por debajo de la inflación de período -según INDEC la inflación interanual a febrero de este año fue de 276%-, salvo unas 2 mil partidas que representan sólo el 0,7% del total -7 de cada 10.000- que tendrán aumento de hasta el 315%. Además, los inmuebles cuya base imponible es superior a $198.940.000 en valuación fiscal, no tienen tope. En valuación de mercado se trata de campos de varios millones de dólares.

En el proyecto original que había girado Kicillof a la Legislatura se establecía un tope de hasta 300% de aumento. Ese punto fue modificado en el marco las negociaciones con la oposición y se bajó al 200% para poder conseguir los votos necesarios.

Las entidades rurales argumentan que en las propiedades que no tienen tope el aumento llegan hasta 500%. Corre también en ese cálculo, el impuesto complementario que es para quiénes tienen más de una propiedad y se constituye a partir de la suma de las bases imponibles del inmobiliario básico de los inmuebles pertenecientes a un mismo contribuyente; es decir que tienen más de una propiedad. Se trata de un impuesto creado durante la gobernación de Daniel Scioli en el año 2013.

Pese al pedido de Espert y avalado por Milei, según Girard no se detectó en la primera cuota del inmobiliario (marzo de este año), una “rebelión fiscal”. “No estamos viendo un desplome del cumplimiento ni la cobrabilidad. Es decir, no hay en curso una insurrección civil ni una rebelión fiscal como pretenden hacer creer Espert y Milei”.

“No existe una rebelión fiscal, hay una crisis económica que resiente la actividad, y eso repercute en la recaudación como ya lo veníamos viendo. Pero la mayoría de contribuyentes se esfuerzan y pagan”, agregó.

Las señales de Cas Rosada por este tema no ceden. A lo planteado por Milei durante el último fin de semana, este miércoles el ministro del Interior, Guillermo Francos, también manifestó que “la única forma que tiene -Kicillof- de pagar la fiesta de gastos en la provincia es aumentando los impuestos de una manera brutal”, y que la situación pondrá “en pie de guerra al campo”.

De regreso a la Legislatura

El tema también escaló en políticamente en la Legislatura bonaerense. La oposición se subió a la discusión y presentó algunos proyectos de ley alusivos en los últimos días. Uno de ellos es del diputado por la Coalición Cívica, Luciano Bugallo; que además es productor rural. El legislador busca modificar la Ley Fiscal 2024 “para que incluya topes de aumentos, con el objetivo de corregir la inequidad que afectó a una gran cantidad de productores de la provincia de Buenos Aires”. Argumenta que si bien la norma determina topes en las subas, el gobierno modificó las valuaciones fiscales.

“En la Ley Impositiva recientemente sancionada, se había establecido un tope de aumento del Impuesto inmobiliario rural para aquellas partidas cuya valuación no superara los $198.940.000. Al aplicarse un incremento del 12,1 por ciento en el valor fiscal de las mismas, la base imponible de la porción con alícuota más alta se amplió, provocando incrementos en algunos casos superiores al 500 por ciento”, fundamentó Bugallo.

La Ley Fiscal también plantea en su artículo 137 que “se aplicará, al momento de la emisión de cada cuota de que se trate, por parte de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, el coeficiente que establecerá la referida Agencia el que no podrá exceder el parámetro previsto en el segundo párrafo del artículo 304 del Código Fiscal -Ley N° 10.397 (Texto Ordenado 2011) y modificatorias- publicado al momento en que se realice la emisión, incrementado en hasta un cien por ciento (100%)”. Ese artículo también propone eliminar el legislador de la CC.

El diputado intentó que la iniciativa se tratara sobre tablas en la sesión que este miércoles realizó la Cámara baja, pero no tuvo éxito. “Lamento que se haya negado a tratar el proyecto de modificación de la ley impositiva que esta Cámara votó a fin de año que buscaba bajar y sobretodo limitar el impuestazo inmobiliario que el gobernador Kicillof está llevando a lo largo y ancho toda la provincia”, planteó en el recinto.

Por su parte, el senador del bloque UCR-Cambio Federal, Marcelo Daletto, presentó un proyecto de Ley para establecer el pago del Impuesto Inmobiliario y Automotor en 12 cuotas anuales; actualmente se realiza en cinco pagos. “Debemos fomentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y exigir medidas inmediatas de austeridad y reducción del gasto público, pero mientras tanto, debemos acompañar a los contribuyentes con herramientas, como es dividir el pago en 12 cuotas, que puedan facilitar el cumplimiento de sus obligaciones”, planteó el legislador.

Más allá de que ya se haya votado la ley fiscal impositiva, fue Milei quien puso sobre la mesa -y las redes- el tema. Ya se cursaron algunas denuncias contra Espert considerando que el llamado a no pagar la impuesta constituye la comisión de un delito.

Desde la UCR por caso advierten que el gobierno provincial debe dar marcha atrás con el incremento en los tributos provinciales y no superar en ningún caso los topes fijados en la ley sancionada en el mes de diciembre del año pasado. En discusiones internas también plantean que no se puede aceptar que el propio gobierno nacional convoque a violar las leyes. “No corresponde llamar a la desobediencia. No puede el gobierno nacional violentar la división de los poderes. Si un impuesto es confiscatorio, ilegal o arbitrario debe ser el Poder Judicial el que disponga qué se debe hacer. Es de una enorme irresponsabilidad buscar desfinanciar a la Provincia de Buenos Aires”, aseguró un legislador radical.