La oposición sigue negociando para consensuar un proyecto que mejore la fórmula jubilatoria del Gobierno
El gobierno nacional modificó por decreto la fórmula de movilidad de las jubilaciones y a partir de julio los haberes se actualizarán en base a la inflación. Sin embargo, gran parte de la oposición dialoguista considera que la compensación por la pérdida de poder adquisitivo acumulada no es suficiente e insistirá con su plan original de consensuar un proyecto de ley propio para presionar a la Casa Rosada.
Este jueves se reunirá por segunda vez la comisión de Previsión Social de la Cámara de Diputados, que preside la radical Gabriela Brouwer de Koning. Será un encuentro informativo donde se esperaba la presencia de representantes del Ejecutivo para que expliquen la posición del oficialismo; por lo que el trabajo sobre la letra de los textos comenzará recién la semana que viene.
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la ANSES, Mariano De Los Heros, fueron invitados a exponer, pero avisaron que no concurrirán.
Los proyectos de los bloques mayoritarios coinciden en que las jubilaciones deben ser actualizadas en base al Índice de Precios del INDEC. Sin embargo, las diferencias con el Gobierno giran en torno al mecanismo que se debe utilizar para compensar el “empalme” con la nueva fórmula. En ese sentido, la propuesta de la Coalición Cívica era un pago extra del 20,6% para recuperar parte del poder adquisitivo perdido por la inflación de diciembre y enero.
El Gobierno otorgó una compensación por decreto de 12,5%. Entonces, el haber mínimo de abril será de $171.283,31. A ese monto se le sumará un bono de $70 mil. En consecuencia, la jubilación mínima este mes alcanzará un total de $241.283,31. Es una mejora que, no obstante, no logró equiparar el salto de los precios tras la devaluación.
“La idea es acordar un texto que reúna a una mayoría significativa y no perjudique a los jubilados”, explicaron desde la Coalición Cívica, que fue el espacio político que ejerció mayor presión para modificar la fórmula vigente.
Otro de los proyectos que podría reunir consenso es el de María Eugenia Vidal, del PRO, que plantea una actualización por IPC y un adicional anual del 30% de la variación entre el RIPTE y el IPC. Esta alternativa permitiría que las jubilaciones recuperen poder adquisitivo en un contexto de caída de la inflación. “Sería para no abrir el potencial de demandas porque hay fallos que dicen que tiene que estar incluida la variación salarial”, detalló la ex gobernadora. Sin embargo, el PRO por el momento se muestra reticente a forzarle la mano a la Casa Rosada.
Hasta el momento el oficialismo no mostró ninguna intención de negociar en torno a las jubilaciones. De hecho, a través de contactos con algunos gobernadores logró dejar sin quórum hace menos de un mes una sesión especial que tenía como objetivo emplazar a las comisiones (ponerles un límite de tiempo) para que trabajen sobre un nuevo proyecto.
Por eso, la oposición buscará con su dictamen propio dar un golpe de efecto que obligue a la Casa Rosada a negociar. Sin embargo, antes de llegar al recinto cualquier proyecto sobre movilidad jubilatoria deberá pasar necesariamente por la comisión de Presupuesto, que controla José Luis Espert.
El diputado que recientemente se incorporó al bloque libertario se negó a trabajar en forma conjunta con la comisión de Previsión Social y podría mantener la discusión detenida indefinidamente si decide que su comisión no trate el tema.
Si bien no quieren adelantarse, desde la oposición dialoguista no descartan como último recurso volver a convocar a una sesión extraordinaria para emplazar a la comisión de Presupuesto a que saque su dictamen. Sería un escenario complejo para el Gobierno que la última vez apenas pudo desactivar la sesión (faltaron menos de una decena de presentes), especialmente en medio de las tensas negociaciones con los gobernadores por la nueva Ley Bases, el Pacto Fiscal y el conflicto por las transferencias a las cajas previsionales provinciales.
