El Gobierno abrió otro foco de conflicto con los gobernadores: solo les envió el borrador de la ley Ómnibus a los aliados

La relación entre el gobierno nacional y un sector de los gobernadores se tensa cada día un poco más. El martes a la noche la jefatura de Gabinete, que conduce Nicolás Posse, envío el borrador del nuevo proyecto de Ley Ómnibus a la mayoría de los mandatarios y los jefes de los bloques de la cámara de Diputados, con el objetivo de que comiencen a estudiar la nueva propuesta. Fue a la mayoría, no a todos.

En la Casa Rosada no hay explicaciones concretas sobre los motivos por los cuales el Gobierno decidió mandar el proyecto solo a un sector de los gobernadores. Tanto la Jefatura de Gabinete como el ministerio del Interior, a cargo de Guillermo Francos, evitaron dar respuestas y se responsabilizaron mutuamente sobre el accionar.

Hubo una selección de gobernadores y bloques hecha por la Casa Rosada. Solamente les mandaron el documento a los que están seguros que los acompañarán con el voto. Al resto, no. Una disposición extraña, teniendo en cuenta las dificultades que hasta aquí ha tenido el oficialismo para poder construir una mayoría parlamentaria. Y una muestra anticipada de la seguridad que tienen sobre la futura aprobación de la ley.

El grupo de gobernadores a los que no les llegó está compuesto por Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Tampoco le llegó al jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, ni a la titular del bloque Innovación Federal, la salteña Pamela Caletti, ni a los bloques de izquierda.

En cambio si fue enviado a los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio y al mandatario cordobés, Martín Llaryora, quien ya había asegurado de antemano que iba a acompañar el nuevo proyecto. A todos les llegó cerca de las 22 del martes. La decisión volvió a generar ruido en el vínculo entre un sector de los gobernadores y la Casa Rosada. “Es innecesario lo que hacen, pero ellos son así”, se quejó, con cierta resignación, un mandatario del sur del país.

El ala dura de los gobernadores, integrada por la mayoría de los mandatarios patagónicos y de Unión por la Patria, no estuvo inscripta en la lista de destinatarios. Fue una decisión política. No hubo errores. El Ejecutivo decidió no enviarles el documento a los que no tienen una buena sintonía con la Casa Rosada. “Ya sabemos que no lo van a votar”, se sinceró un funcionario nacional. No se pensó en evitar el conflicto o el enojo. No hubo intención de abrazarlos a pesar de la negativa a acompañar el documento oficial.

Muchos conocieron el proyecto a través del grupo de WhatsApp que tienen los 24 mandatarios y que funciona con frecuencia. Uno lo subió y el resto lo pudo ver al instante. Tarde o temprano lo iban a tener. Por eso lo que se pone de manifiesto es el gesto político de dividir a los gobernadores entre los opositores y los socios estratégicos. Aunque, en términos partidarios, todos sean parte de la oposición. El Gobierno elige amigos y enemigos.

La decisión del oficialismo tensó aún más el vínculo con algunos gobernadores, que llevan largas semanas reclamándole al Milei respuestas sobre temas específicos de las provincias y la restitución de fondos coparticipables. Reclamos que nunca tuvieron respuestas concretas desde Balcarce 50, lo que empezó a generar hartazgo en muchos de ellos.

Para los mandatarios es el segundo destrato político en poco más de una semana. Días atrás los mismos gobernadores no fueron convocados a la Casa Rosada para discutir el paquete fiscal. En cambio, Francos y Posse se inclinaron por recibir a los diez mandatarios de Juntos por el Cambio, nuevos socios del oficialismo en esta etapa donde el Gobierno busca aprobar su primera ley después de cuatro meses de gestión.

“Es una vergüenza lo que hicieron”, se quejaron en la gobernación bonaerense, donde ya asumen que la relación conflictiva entre Axel Kicillof y Javier Milei recién está sumando sus primeros capítulos. En el Gobierno creen que el gobernador de Buenos Aires no se sumará al Pacto del 25 del Mayo, pero tampoco tratan de acercar posiciones para construir consenso.

“En verdad no quieren que vaya Axel. Si los únicos que no van son los peronistas, van resignificar el pacto”, analizó un funcionario cercano al Gobernador. Los niveles de desconfianza son altos en el vínculo que une a Milei con un importante sector de los mandatarios. Kicillof ya no es una excepción a la regla. Y el pacto de Mayo no está destinado a tener la firma de todos los gobernadores, lo que puede generar que su legitimidad sea limitada.

El santacruceño Claudio Vidal había avisado a principio de mes su posición. “Si no hay recursos para mi provincia, no habrá ley bases ni pacto de Mayo”, sentenció en una entrevista. En Santa Cruz están disgustados por la falta de respuestas a temas regionales y las vueltas para definir el paquete fiscal. El Gobernador fue recibido por Francos hace pocos días. Hubo foto pero no hubo acuerdo. En esta vuelta se quedó afuera de la lista de destinatarios.

Distinta es la situación con algunos gobernadores con los que la Casa Rosada mantuvo enfrentamientos públicos, como es el caso del salteño Gustavo Sáenz y el cordobés Martín Llaryora. A ambos les llegó el borrador de la ley y los dos dieron señales claras de que acompañarán esta nueva propuesta. El Gobierno está reconstruyendo algunos vínculos al mismo tiempo que desintegra otros.

En esta oportunidad la nueva versión de la ley ómnibus parece tener el camino más allanado para poder lograr su aprobación. El oficialismo encontró en la UCR y el bloque Hacemos Coalición Federal voluntad de sacar adelante la ley. La situación tiene similitudes con la negociación del verano, aunque este nuevo proyecto tiene menos de la mitad de los artículos que el anterior. Más chico y más viable.

Aún faltan resolver posturas sobre temas sensibles como la capacidad del Ejecutivo de modificar o transformar los fondos fiduciarios y las facultades delegadas para eliminar, fusionar, intervenir o transferir a las provincias, por citar dos ejes que los legisladores de los bloques dialoguistas deben consensuar entre sí y con los gobernadores que representan. El acuerdo político aún no está cerrado del todo.

La incapacidad del Gobierno de construir acuerdos sólidos y creíbles atenta contra la confianza de la oposición dialoguista que, por momentos, teme que el proyecto genere un punto de conflicto que comprometa el apoyo en el recinto. Un ejemplo claro fue la irritación del gobernador de Salta por la decisión de la Casa Rosada de quitar el capítulo tabacalero que proponía que todas las empresas del sector paguen los mismos impuestos

“Estoy desconcertado, desorientado y desilusionado”, sostuvo Sáenz ayer. Situaciones como esas pueden repetirse y complicar el tramo final de la negociación. Además, el gobierno libertario está empezando a mostrar algunas fisuras legislativas dentro de su propio bloque, lo que debilita cualquier tipo de acuerdo con sectores que divisan cierta fragilidad en las posturas oficialistas.