El Ejecutivo no tiene hoy un número cierto de cuántos inmuebles posee el Estado. La suma de estos bienes detallados en las 104 auditorías que realizó la Sindicatura General de la Nacion (SIGEN), por pedido del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, difiere en casi 1.700 propiedades entre lo que tiene registrado la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y lo informado por los propios ministerios, secretarías y organismos descentralizados.
Se trata de un centenar de dependencias que integran el Sector Público Nacional – sin contar a las empresas estatales -, relevadas por la SIGEN a partir del decreto 126/2023 del 29 de diciembre último, con el objetivo de tener una foto más precisa del “estado del Estado” a la fecha de asunción. Infobae accedió a estos informes, que en total superan las 1.500 hojas, a través de un pedido de Acceso a la Información Pública. De acuerdo al análisis hecho por este medio de esas 104 auditorías, que abarcan el 2022 y el 2023, la AABE informó un total de 18.925 inmuebles a la SIGEN.
En cambio, los ministerios, secretarías, institutos, direcciones, organismos descentralizados y entes autárquicos informaron 17.267, o sea 1.658 inmuebles menos. La cifra no incluye a las propiedades de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el PAMI, ni la Administracion Nacional de la Seguridad Social (ANSES), ya que el registro suministrado por la AABE a la SIGEN no consigna información relacionada con estas tres dependencias. La AFIP informó a la SIGEN 182 inmuebles; la ANSES, 152; y el PAMI, 99 propios y 138 en comodato.
Desde la Sindicatura explicaron a Infobae que las inconsistencias pueden deberse a que las dependencias públicas utilizan el Sistema de Gestión de Inmuebles del Estado Nacional (SIENA), donde se registra la información correspondiente a los bienes de los organismos de la Administración Pública Nacional, y la AABE tiene un registro y metodología de relevamiento diferentes.
Este medio también consultó a la AABE – que está bajo la Jefatura de Gabinete- sobre esta divergencia en las cifras. Desde el organismo conducido por Nicolás Pakgojz, señalaron que hicieron un acuerdo con la SIGEN y “las unidades de auditoría interna de cada área de gobierno para tener un número final y consolidado” para llevar adelante “una auditoría en conjunto con todas las áreas para consolidar el número de inmuebles del Estado”. Comenzó a principios de febrero y estimaron que estará lista para mitad de año.
La AABE fue creada en 2012 en reemplazo del ex Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE) que tampoco sabía cuántos organismos tenía que controlar. Funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete y está encargada de administrar los edificios, oficinas, predios y terrenos del Estado nacional. Es la única con potestad para venderlos o concesionarlos.
La nueva gestión de la Agencia busca elaborar un mapa preciso de bienes inmuebles en todo el país, así como su situación documental, estado de dominio, e identificar los que son compartidos entre distintos organismos, alquilados o están en comodato. “Hay que ver cómo están escriturados y si se puede disponer de ellos o no”, explicaron en la Agencia. El objetivo es detectar edificios y terrenos que podrían subastarse, darse en concesión o readecuarse, en función del “achique” del Estado que pretende Milei.
Hacia el final del gobierno de Alberto Fernández, la AABE tenía registrados unos 40.000 inmuebles en total, según fuentes de la Agencia, aunque aclararon que “no pueden confirmar ese número a ciencia cierta, porque es de la gestión anterior”.
En diciembre de 2015, cuando Mauricio Macri llegó a la presidencia, la AABE tenía listados 19.600 inmuebles. Sin embargo, sobre el final de su mandato, ese número se cuadriplicó y para diciembre de 2019, figuraban 80.000 inmuebles, según datos provistos por las autoridades de ese momento de la Agencia. “En cuatro años, el Estado nacional sumó más de 60.000 propiedades que no sabía que tenía y ni qué función cumplían. Todas las operaciones que se realizaron en AABE desde 2015 a 2019 son información pública y están registradas”, señalaron en el entorno del ex presidente de la Agencia en la gestión de Cambiemos, Ramón Lanús, hoy intendente de San Isidro por el PRO.
Números llamativos
Del análisis realizado por Infobae, surge que la principal diferencia en la cantidad de inmuebles contabilizados se da en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Mientras que la AABE tiene registrados 11.432 bienes, el área de patrimonio de la DNV informó 10.105, o sea, 1.327 menos. En el informe de la SIGEN, la Unidad de Auditoría Interna dentro de Vialidad la explica en el hecho de que la AABE tiene su propia fuente y metodología de relevamiento. “Prácticamente la totalidad de los inmuebles informados corresponden a expropiaciones afectadas a la zona de caminos correspondientes a rutas nacionales”, señala.
En el caso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la diferencia es de 99 inmuebles. Mientras que el INTA informa 345, la AABE tiene registrados 444 predios.
También existe una disparidad significativa en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA): hay 163 inmuebles registrados por la AABE mientras que el área de patrimonio del SENASA afirma tener 66, de los cuales 27 son edificios e instalaciones y 39 terrenos.
Le sigue en el ranking de divergencias numéricas el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). En este organismos la inconsistencia en las cifras es de 67 inmuebles. Esta es la cifra informada por el Instituto que da cobertura de salud al personal militar, mientras que para la AABE el IOSFA no tiene ninguno.
En la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la diferencia es de 54 inmuebles. El número surge de los 74 consignados por la Agencia y los 20 que informó el área de patrimonio de la Secretaría. Esta divergencia fue advertida por la SIGEN en su auditoría entre sus “observaciones” al organismo.
En el Ministerio de Justicia la divergencia es de 52 propiedades. La cartera declaró la existencia de 33 inmuebles de su propiedad, que incluyen los edificios donde desarrollan sus actividades el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos y la Procuración del Tesoro Nacional, mientras que la AABE tiene registrados 85. El titular de la cartera, Mariano Cúneo Libarona, denunció distintas irregularidades que encontró en una inspección a algunas de las dependencias de su cartera: desde una “cueva” financiera para la compra y venta de dólares funcionando en un depósito hasta empleados que vivían allí. “Encontré un señor en musculosa y ojotas haciendo una milanesa y mirando la televisión”, contó en diálogo con TN.
En el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la divergencia es de 43 bienes inmuebles. Esa cartera dijo tener 132 – 77 inmuebles en el país y 55 en el exterior-, más otros 209 en alquiler en otros países. Para la AABE, en cambio, la Cancillería posee 89 edificios. Más allá del número, la SIGEN advirtió la inexistencia de planes de acción en esa cartera para atender “las necesidades de infraestructura de los inmuebles propios o en alquiler”, y de políticas en materia de seguridad e higiene. Y menciona, en ese sentido, que el sistema contra incendio del histórico Palacio San Martín, sede de la Cancillería y un edificio de gran valor patrimonial, “no se encontraba operativo por no haberse concretado la adquisición de las baterías necesarias”.
A esto se suma una situación insólita. El Ministerio que estaba a cargo de Santiago Cafiero desde septiembre de 2021, informó dentro de su inventario 61 inmuebles destinados al Culto, de los cuales no posee las escrituras ni la documentación relacionada con su titularidad, como así tampoco ejerce su custodia ni mantenimiento. “Dicha situación se viene informando reiteradamente desde, al menos, el 2002 ante el entonces Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE) y la actual AABE”, advirtió la SIGEN en su auditoría.
En el ranking sigue luego la Secretaría General de la Presidencia, que incluye a la ex Secretaría de Asuntos Estratégicos, con una divergencia de 35 inmuebles. Esa dependencia que ocupaba Julio Vitobello informó 48 contra solo 13 registrados por la AABE.
La disparidad en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) es de 26 edificios: 31 registrados por la AABE contra sólo 5 informados por el Instituto.
En el Ministerio de Salud, la controversia es por 22 edificios: mientras que la Agencia consigna 41, esa cartera informó solo 19. propios y 63 en préstamo.
La misma cifra se da en la Dirección Nacional de Migraciones, según el relevamiento de Infobae de las auditorías de la SIGEN: hay 35 registrados por la AABE y solo 13 informados por el organismo que depende del Ministerio de Interior.
En tanto, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) registra una divergencia de 21 inmuebles: 57 relevados por la AABE contra 36 informados por esta dependencia.
La disparidad de cifras plantea un interrogante sobre el adecuado manejo de los bienes del Estado, y abre la puerta al posible uso o disposición de los mismos con fines espurios o para intereses particulares.
Auditoría a la AABE
En la auditoría realizada por la SIGEN a la ABBE, se enumeran una serie de “observaciones” y “debilidades” detectadas en la gestión pasada, cuando el organismo estuvo a cargo de Martín Cosentino, un dirigente peronista bonaerense que formó parte del gobierno de Daniel Scioli en la Provincia. El informe fue elevado a la Jefatura de Gabinete a fines de febrero por el nuevo titular del organismo de control, el contador Miguel Blanco.
Entre las observaciones se destaca la inexistencia de un Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado (RENABE) “íntegro, completo y actualizado”. Por otro lado, se advierte que “la información de los legajos de cada uno de los inmuebles no resulta suficiente”, y “la mayoría carece de la totalidad de los datos de identificación exigidos por la normativa vigente”.
A su vez, la SIGEN observó “la falta oportuna de procesamiento y registro de la totalidad de la documentación incorporada en el sistema SIENA con el fin de evaluar la integridad, exactitud y validez de la información de bienes inmuebles”. En ese sentido, señaló que “la documentación respaldatoria incorporada no se encuentra ordenada cronológicamente, lo que dificulta la verificación del dato incorporado en el RENABE y atenta a la falta de un adecuado control y seguimiento del estado de situación de los inmuebles”. Por último, también alertó sobre la “falta de reglamentación sobre bienes inmuebles decomisados”.
Contrataciones directas con la UNTREF
En el informe de la SIGEN también se relevaron las contrataciones más onerosas realizadas por la AABE en el último año del gobierno de Fernández. Encabezan el ranking dos convenios interadministrativos con Gendarmería Nacional, por un total de $102 millones, para brindar el servicio de seguridad y adicionales.
Luego, aparecen tres contrataciones directas de la AABE con la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), por un total de $120 millones. Infobae consultó el sistema de compras públicas Compr.Ar y esa casa de estudios fue la única que ofertó en todos los casos. A su vez, preguntó a la Agencia sobre la necesidad de estos contratos firmados el año pasado, el motivo de la intermediación con una universidad, y si seguían vigentes, pero desde el organismo no dieron precisiones. Se excusaron por estar abocados en un 100% a la auditoría y relevamiento de los bienes que hoy tiene el Estado.
Una de esas contrataciones – por $42 millones – fue para llevar adelante un estudio en el Barrio Padre Carlos Mugica. La apertura fue a principios de julio del 2023 y el contrato se adjudicó en agosto del año pasado, con una duración de 4 meses. Desde la UNTREF explicaron que se trató de “una evaluación de la situación dominial, catastral y socio comunitaria” de ese barrio, que incluyó “una propuesta para que la Unidad Ejecutora Especial Temporaria gestione en forma participativa el proceso de regularización dominial con un enfoque y metodología de abordaje con múltiples actores sociales”. Ante la pregunta de Infobae sobre si la UNTREF venía llevando con anterioridad algún tipo de trabajo territorial en ese barrio, señalaron que la universidad “cuenta con amplia experiencia en la realización de estudios y relevamientos en barrios populares”, pero que “no realizaba actividades especiales” en ese barrio de la Ciudad.
La segunda contratación directa con la UNTREF – por $41 millones – fue para una consultoría sobre el aplicativo con el que cuenta la AABE para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde la UNTREF señalaron que consistió en “un relevamiento de la situación dominial y de uso de 3.528 inmuebles registrados en el Sistema de Gestión de Inmuebles del Estado Nacional (aplicativo propiedad de AABE), situados en 34 partidos dentro del ámbito de la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese relevamiento permitió detectar inconsistencias en la información registrada en el Sistema y contribuye a su futura actualización tecnológica y funcional”. En 2022, la AABE había firmado un convenio similar con la UNTREF, también por contratación directa, para la fiscalización de bienes inmuebles registrados en el aplicativo SIENA por $33.333.000.
La tercera – por $37 millones – fue por una consultoría para “la puesta en funcionamiento y el fortalecimiento institucional de la Unidad Ejecutora Especial Transitoria Mercado de Hacienda”. Desde la UNTREF respondieron que se trató de la “capacitación y el diseño de instrumentos” para “la implementación de un proceso de planificación-gestión con Información, Consulta y Consenso (ICC)” por parte la Unidad Ejecutora Especial Transitoria. También que se hizo un “diagnóstico preliminar en el que se analizó la conexión del predio del Mercado con el ecosistema urbano de la Ciudad”, y “una serie de pruebas de intervención mediante maquetas 3D para incorporar a la elaboración del Máster Plan del predio del ex Mercado de Hacienda”.
Desde esa casa de estudios afirmaron, además, que todas las contrataciones se concretaron en el plazo previsto de 4 meses y que “en todos los casos la AABE adeuda el pago de la última factura, por un total de $49.650.000″.
Fuentes de la SIGEN informaron que, en el marco de las auditorías en marcha, están “revisando los convenios con universidades” para evaluar su justificación, identificar si efectivamente las casas de estudios realizan el trabajo convenido o si, a su vez, subcontratan a un tercero. Agregaron que por la autonomía universitaria, las universidades quedan fuera del control de la ley de Administración Financiera, lo que impide un efectivo control de la aplicación y destino de esos fondos.
El nuevo presidente de la AABE
Pakgojz, el nuevo titular de la AABE, tiene solo 29 años y viene de haber sido mano derecha de Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Horacio Rodríguez Larreta. Continúa en el cargo con su sucesor, Jorge Macri.
Si bien desde sectores de la oposición lo señalaron como cercano al Grupo IRSA, a cargo de desarrollar un proyecto urbanístico en la zona sur de la Costanera frente al Río de la Plata, en su entorno lo desmintieron. Recordaron que al salir de la Universidad Di Tella, Pakgojz entró a trabajar en una gerencia en el gobierno de la Ciudad, donde desarrolló su carrera hasta llegar a ser jefe de Gabinete de García Resta. “No tiene relación, ni tuvo, ni trabajó en IRSA, ni en ninguna de las empresas vinculadas a IRSA”. En su Linkedin Pakgojz se define como economista y “maestrando en Urbanismo”, además de presidente de la AABE. En la base de datos comerciales Nosis consultada por Infobae no surge relación laboral con el grupo empresario de Eduardo Elzstain, cercano al presidente Milei.
Visualización: Daniela Czibener
