Preocupa a la CGT la decisión del Gobierno de intervenir un área de la Secretaría de Trabajo bajo sospecha

La inesperada pregunta de un jefe de la CGT sorprendió a los altos funcionarios del Gobierno en la reunión de hace 10 días en la Casa Rosada porque no tenía nada que ver con la agenda de reclamos que estaban exponiendo los dirigentes gremiales por las paritarias no homologadas, los despidos en el Estado y la reforma laboral: “¿Qué está pasando en la Dirección de Asociaciones Sindicales?”.

Lo que preocupa a ese gremialista y a casi todos sus colegas es la reciente decisión del Ministerio de Capital Humano de intervenir aquella dirección de la Secretaría de Trabajo, una dependencia clave para el poder sindical porque allí se resuelven los conflictos de encuadramiento, las inspecciones a sindicatos y el otorgamiento (o no) de personerías o de simple inscripción a organizaciones nuevas, además de fiscalizar los movimientos económicos-financieros, la realización de asambleas, congresos y elecciones gremiales y la aprobación y modificación de los estatutos.

La intervención dispuesta por la ministra Sandra Pettovello fue acordada con Julio Cordero, secretario de Trabajo, y está vinculada con la estrategia libertaria de investigar distintas áreas del Estado que están bajo la lupa por presuntas irregularidades. En este caso, la Dirección de Asociaciones Sindicales siempre fue el eje de sospechas y versiones sobre la suerte de expedientes que impactan en la situación jurídica, institucional y económica de los gremios. Y ahora, señalaron en el oficialismo, un equipo especializado de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de la cartera de Capital Humano “está revisando carpeta por carpeta de Asociaciones Sindicales para analizarlas, evaluar dictámenes opinables y darle transparencia” a un lugar rodeado de suspicacias.

Que el tema haya irrumpido en el primer encuentro entre el Gobierno y la CGT revela la importancia que tiene para el sindicalismo. Algunos dirigentes creen que puede haber un ánimo de “revanchismo y persecución” por parte de la Casa Rosada detrás de esa intervención a Asociaciones Sindicales. Hay quienes imaginan que los libertarios dieron luz verde a esa medida como un elemento de presión para que la central obrera frene la ofensiva contra Javier Milei. Otros, aunque no lo admiten, temen que se dejen sin efecto expedientes que los beneficiaban y que no resistirían un análisis exhaustivo.

En Trabajo aclararon que la intervención se hizo de manera “preventiva en un área donde estaba todo medio sospechado, manejado a dedo, con dictámenes opinables”, pero que el origen no fue una denuncia concreta ni la comprobación de alguna irregularidad. Incluso destacaron que Claudio Aquino, el actual director de Asociaciones Sindicales, un abogado que asesoraba a empresas y fue nombrado por este gobierno, sigue en su cargo y colabora con la intervención: “Está haciendo una tarea intachable”. Y advirtieron que se apunta a una “reconversión” del sector, con “cambios en la metodología de trabajo, para darle transparencia a un área caracterizada por la oscuridad”.

La investigación de los expedientes de Asociaciones Sindicales no está directamente relacionada con la pesquisa que llevó la semana pasada a echar a 13 funcionarios de la Secretaría de Trabajo por “severas irregularidades” detectadas en las auditorías del Ministerio de Capital Humano, pero sí responde a la misma decisión política de Pettovello y Cordero de examinar la gestión oficial.

No son nuevas las sospechas en el área de Trabajo. Ideler Tonelli, el último ministro de Trabajo del gobierno de Raúl Alfonsín, hizo una fuerte revelación en el libro “CGT, el poder que no fue”, de la periodista María Grande, acerca de lo que encontró al asumir su cargo, en 1987: “Se cobraba todo; se cobraban las inscripciones gremiales, las personerías gremiales. Yo juré un miércoles a las 18 y estuvieron hasta las 5 de la mañana del día siguiente cobrando inscripciones y personerías gremiales; 5 mil dólares, 10 mil dólares”. No hay constancias de qué sucedió luego de semejante denuncia, pero sí insistentes versiones de hechos similares registrados antes y después de ese momento.

Asociaciones Sindicales fue una dependencia siempre codiciada por el sindicalismo. Cuando asumió Alberto Fernández, en diciembre de 2019, se produjeron tironeos entre los dirigentes para designar allí a alguien de confianza. Hugo Moyano pretendía ubicar al frente de esa dirección a un hombre propio, pero el flamante Presidente desistió porque significaba un poder inmenso que podría haber afectado las relaciones con otros sindicatos, ya que el líder camionero mantiene permanentes conflictos de encuadramiento para quedarse con afiliados de otro gremios, como Comercio, Alimentación o Carga y Descarga. El puesto, finalmente, recayó en Mónica Rissotto, abogada del sindicato de los taxistas que lideraba Jorge Omar Viviani, un clásico rival de Moyano.

Ahora, la preocupación cegetista por la intervención a la Dirección de Asociaciones Sindicales coincide con un momento en el que los gremios redoblan sus protestas contra el Gobierno y la central obrera iniciará la nueva etapa de su plan de lucha con su participación en la marcha universitaria del martes. Aun así, el sector dialoguista de la CGT espera señales del oficialismo para dialogar mientras los libertarios no prevén otro gesto de buena voluntad luego de la reunión en la Casa Rosada.

Milei parece decidido a dejar en evidencia a sus adversarios ante la sociedad. Así como embistió contra el “salariazo” de los senadores, amaga con no frenar a una CGT que recurrirá al repertorio clásico de paros y movilizaciones, pese a los indicios de que el Gobierno se muestra flexible, como lo reflejaron la homologación de la paritaria reformulada del Sindicato de Camioneros y la promesa de consensuar la “modernización laboral” sin los artículos más irritativos para los gremialistas.

La apuesta presidencial no es descabellada, aunque sí riesgosa. Si la inflación se mantiene en baja y los salarios pueden recuperarse en las paritarias, y siempre que el nivel del empleo no siga dando muestras de deterioro, la CGT encontrará menos motivos para lograr una adhesión masiva a las medidas de fuerza. Ese es justamente un dilema de la dirigencia cegetista: cómo lograr que el paro del 9 de mayo (el segundo que hará, a 5 meses de la asunción de Milei) tenga un alto acatamiento.

Para eso la CGT apuesta a que otros sectores disconformes con el rumbo oficial se sumen a la protesta y en ese sentido puede interpretarse la decisión de participar de la marcha universitaria: apuesta a congraciarse con una parte de la sociedad que tradicionalmente miró de reojo al sindicalismo. Hay quienes se inquietan por esa confluencia callejera de estudiantes y trabajadores: trae reminiscencias de episodios de los convulsionados años 70. Se prevé que la marcha del martes sea masiva porque se convertirá en una herramienta de varios sectores sociales y políticos para canalizar el malestar contra Milei. La CGT imagina que su presencia en la marcha universitaria llevará a mucha gente común a movilizarse el 1° de mayo, aunque tomó el recaudo de cambiar la ubicación: se hará ante el Monumento al Trabajo, en las avenidas Paseo Colón e Independencia, y no en la Plaza de Mayo.

El miedo a infiltrados que provoquen hechos de violencia fue la principal causa de la mudanza. La otra, no reconocida, es que si la bronca de los manifestantes no tiene la Casa Rosada como escenografía, el sector dialoguista de la CGT podrá ofrecer al Gobierno ese gesto como “prenda de paz” en el frío juego de ajedrez en que convirtió la relación entre el oficialismo y los sindicalistas.

Mientras, el tablero puede alterarse con los distintos reclamos por falta de acuerdo salarial en actividades estratégicas. Por ejemplo, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que conduce el dialoguista Gerardo Martínez, se declaró en “estado de alerta y asamblea permanente en todas las obras del país” por la negativa empresarial a un aumento “justo y suficiente”, mientras que los cuatro sindicatos docentes de la CGT (UDA, AMET, SADOP y CEA), piloteados por Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la central obrera, exigieron al Gobierno la “urgente convocatoria” a la paritaria nacional del sector y amenazaron con “medidas de acción directa”.

Habrá que prestar atención a la antesala del paro de la CGT que representarán las asambleas promovidas por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT): tendrán lugar el lunes 6 de mayo, de 8 a 11, y se transformarán en la práctica en una huelga que afectará a los trenes, camiones de carga y de recolección de residuos, aviones, subtes y barcos. Aun así, todavía no está tan claro quiénes adherirán a la protesta: en las últimas horas se profundizó la grieta entre los gremios moyanistas, que tienen una posición dura ante el Gobierno, y los alineados con el titular de la CATT, Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), con una actitud más prudente y negociadora.

Por ahora, de todas formas, el Gobierno no terminó de definir qué contenido tendrá el proyecto de ley sobre “modernización laboral” que tratará el Congreso junto con la Ley Bases. Los diputados más cercanos al oficialismo se quejan de que la Casa Rosada los vuelve “locos” con los cambios permanentes del articulado que pretende sancionar. Los problemas para La Libertad Avanza crecieron luego de que los diputados de la UCR incorporaron en un proyecto de reforma laboral el artículo sobre las cuotas solidarias, pero fueron más allá que el DNU 70 y propusieron directamente la eliminación de ese recurso que permite el financiamiento de los sindicatos por acuerdo en los convenios colectivos.

La iniciativa de los diputados radicales iba a ser el vehículo de los libertarios para tratar de aprobar una reforma laboral “light”, que le permitiera al Gobierno salvar el núcleo base del contenido del DNU 70 y, de paso, conformar a la CGT eliminando los artículos que amenazaban al poder sindical. Ahora, si acepta auspiciar el proyecto de la UCR, deberá pagar el costo político de pedir que saquen el artículo que elimina las cuotas solidarias para que no empeore la relación con la dirigencia gremial.

Mientras, el Gobierno dilata el nuevo llamado al diálogo con la CGT, pero si busca que las protestas dejen al desnudo la faceta más irreductible del desprestigiado sindicalismo confirmaría que Milei sigue jugando peligrosamente al límite. Hoy, nadie tiene garantías de cómo puede resultar.