Para qué el Estado contrató sin licitación universidades del conurbano bonaerense en el último año de Alberto Fernández
En el último año de gobierno de Alberto Fernández, una veintena de organismos del Estado nacional contrataron en forma directa – o sea, sin licitación pública – a universidades del conurbano bonaerense por casi $1.000 millones. Fueron, al menos, 26 contrataciones con seis casas de estudio de partidos del Gran Buenos Aires, según surge del relevamiento que hizo Infobae de las 104 auditorías llevadas adelante por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), a pedido del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, luego del recambio gubernamental. El monto no incluye, sin embargo, a todas las contrataciones directas que se concretaron en 2023, ya que la SIGEN solo citó en sus informes los contratos más onerosos del último año.
Entre las universidades contratadas figuran algunas de las creadas durante el menemismo como la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) o la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), y otras más recientes, como la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), creada en 2009, o la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), en 2014, sobre el final del gobierno de Cristina Kirchner. En conjunto, estas seis universidades cobraron $935.383.340 por servicios que van desde capacitaciones, diseños web y plataformas tecnológicas hasta acciones de difusión y relevamientos territoriales.
La SIGEN había sido habilitada para auditar la ejecución de los fondos transferidos a las universidades públicas por un decreto de Mauricio Macri, el 641/2018, que limitó las contrataciones con las casas de estudios a servicios de consultoría, auditoría, investigación, relevamiento de políticas públicas, así como capacitación y formación; pero excluyó los convenios de asistencia técnica y de adquisición de bienes de uso o de consumo.
Sin embargo, esa posibilidad de control cambió en noviembre de 2022 por una decisión del ex procurador del Tesoro de la Nación Carlos Zannini, que dictaminó excluir a las instituciones nacionales de educación superior de la órbita de control interno de ese organismo del Poder Ejecutivo. Así, solo la Auditoría General de la Nación (AGN) – que reporta al Congreso de la Nación y no al Ejecutivo- puede auditarlas con posterioridad, siempre que su inclusión haya sido aprobada en el plan de acción anual por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas que integran diputados y senadores.
Durante el kirchnerismo, la política de creación de universidades en el conurbano fue criticada desde sectores enfrentados al peronismo por obedecer más a un interés político que académico. Varias surgieron a propuesta de diputados o intendentes que promovieron esas casas de estudio como una política de desarrollo para sus territorios con financiamiento nacional. Quienes las cuestionan, advierten que al haber sido creadas como “un premio” a los líderes políticos locales, terminan teniendo un uso partidario en desmedro de su calidad académica.
Los numerosos convenios firmados durante la gestión de Cristina Kirchner con estas nuevas universidades nacionales alineadas con su gobierno, permitieron eludir procedimientos administrativos para las contrataciones públicas, que suelen demandar más tiempo y ser burocráticos, sin pasar por una licitación. Como contracara, posibilitaron evitar controles mediante la triangulación a través de las casas de estudio afines a determinado signo político.
Así, varias de ellas quedaron bajo sospechas de corrupción e involucradas en investigaciones judiciales, como fue el caso de la UNSAM, por la producción de una telenovela con Andrea del Boca que nunca se exhibió, con fondos que salieron del ex Ministerio de Planificación Federal. O el caso de la UNTREF, que recibió millones de pesos de ese Ministerio a cargo de Julio de Vido, así como de la cartera de Cultura, a cargo de Teresa Parodi, por convenios de “interés” diverso o para la contratación de empleados en el Estado.
Fuentes de la SIGEN informaron a Infobae que, en el marco de las diferentes auditorías previstas, están empezando a revisar los convenios con las universidades para “evaluar su justificación, identificar si efectivamente las casas de estudios realizaron el trabajo convenido o si, a su vez, subcontrataron a un tercero”, algo que fue prohibido por el decreto 641/18 de Macri. Agregaron que por la autonomía universitaria, las instituciones de educación superior quedan fuera del control de la ley de Administración Financiera (Nro 24.156), lo que “impide un efectivo auditoría sobre la aplicación y destino de los fondos que reciben”.
Si bien en diciembre de 2023 se firmó un convenio marco entre la SIGEN, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el ex Ministerio de Educación de la Nación y la ex Secretaría de Políticas Universitarias, para llevar adelante “actividades que propendan a un mejor control interno y gestión del servicio de auditoría interna en el ámbito de las universidades nacionales”, desde la Sindicatura aclararon que “no implica que el organismo pueda auditarlas, sino que fue un acuerdo de colaboración y cooperación para fortalecer sus regímenes de auditoría”. Además, para poder llevarse a cabo, deben adherir las instituciones universitarias. A febrero pasado, solo se habían firmado acuerdos con 22 de las 65 universidades nacionales.
La UNLAM
El ranking en cantidad y monto de de contrataciones directas por parte de organismos del Estado nacional lo encabeza la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) con ocho contratos por un total de $656.340.000. Fundada en 1989 por impulso del dirigente peronista Alberto Pierri en el partido más populoso del Gran Buenos Aires, fue la pionera de las seis que se crearon durante el gobierno de Carlos Menem en el conurbano. Es la segunda universidad más grande de la provincia de Buenos Aires, detrás de la Universidad Nacional de La Plata. Su rector desde hace 25 años es Daniel Eduardo Martínez, quien fuera director de Contaduría de la Cámara de Diputados, cuando Pierri era presidente del cuerpo. Licenciado en Administración y Analista de Sistemas y doctor en Ciencias Económicas, Martínez está desde sus orígenes en la institución y asumió la rectoría en 1999.
Desde la Universidad – ubicada en la localidad de San Justo – informaron a Infobae que suscriben “convenios de prestación de diversos tipos de servicios, tanto con entidades del sector público como del sector privado”, tal como lo establece la ley de Educación Superior. A su vez, señalaron que la UNLAM “se ha especializado en la obtención de recursos propios, desarrollando y comercializando productos, derechos y servicios, impulsada, en parte, por haber sido postergada y muy limitada presupuestariamente, desde su creación a la fecha”. Y precisaron que, en el promedio de asignación de recursos nacionales en los últimos 10 años, la Universidad Nacional de La Matanza “ocupa el anteúltimo lugar en la relación cantidad alumnos sobre presupuesto transferido”.
Aclararon que “las sumas de dinero obtenidas con esta modalidad se aplican a adquirir el equipamiento necesario, contratar servicios y pagar al personal que trabaja en estos proyectos, y solo un 10% de los montos ingresa a la Universidad”. Esto les ha “permitido tener ingresos propios y extraordinarios que fueron aplicados para infraestructura”. Entre otras obras, mencionaron “el Teatro Universidad con una capacidad para 900 personas; un nuevo Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, con aulas y un auditorio para 400 personas; la ampliación de la Biblioteca Leopoldo Marechal; y “la construcción del Centro Universitario de Salud, el edificio de Odontología y la Residencia Universitaria”.
El mayor contrato de la UNLAM fue con el ahora ex Ministerio de Desarrollo Social, que manejaba en 2023 Victoria Tolosa Paz, por $120 millones. La finalidad era llevar a cabo “1.200 operativos de relevamiento de las condiciones de hábitat, ambiente y vivienda de los destinatarios y potenciales destinatarios de las políticas implementadas por la Secretaría de Economía Social”. Esta dependencia estuvo a cargo, hasta diciembre último, de Emilio Pérsico, dirigente del Movimiento Evita.
Ante la consulta de Infobae, fuentes de la Universidad explicaron que “este convenio se desarrolló ininterrumpidamente en distintas etapas, bajo distintas modalidades desde el año 2010, durante distintas administraciones del Estado Nacional con diferente color político”. Su objeto era relevar las condiciones de vivienda y hábitat de potenciales destinatarios de las políticas de la Secretaría de Economía Social.
Precisaron que el convenio tiene en su nómina 264 contratados, y que “se relevaron 311.400 personas distribuidas en 21 provincias del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por la cantidad de su población, la mayoría se realizaron en la Provincia de Buenos Aires, distribuidos en 54 municipios”. Agregaron que “las tareas se desarrollaron entre el 1 de mayo y el 1 de septiembre de 2023, y los relevamientos se concretaron en su totalidad”.
En monto, la segunda contratación directa fue con el ex Ministerio de Trabajo a cargo de Raquel “Kelly” Olmos, para una “consultoría profesional, relevamiento, desarrollo de software, capacitación y formación de usuarios” por $110 millones. Desde la UNLAM explicaron que consistió en el desarrollar “un software específico” para esa cartera, destinado a subir los expedientes digitalizados del soporte papel, en forma automática, al Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). “Este software sustituye la operación manual del GDE al que deben subirse las imágenes del expediente en forma individual”, señalaron. “Se digitalizaron, además, 30.000 expedientes del ex Ministerio y se capacitó al personal de Sistemas en el uso del software”. El contrato fue por seis meses y su ejecución terminó el 28 de febrero pasado.
En monto, le sigue un contrato con la Secretaría de Comercio por $90 millones para el “relevamiento y análisis de datos recolectados a partir del monitoreo de precios”. La UNLAM explicó que consiste “en la explotación de la información disponible en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA)”, que establece que los comercios minoristas de productos de consumo masivo deben informar, en forma diaria, los precios de venta al público vigentes. “Desde la UNLaM se está brindando como herramienta de análisis, tableros de control que permiten analizar y visualizar distintos tipos de indicadores, métricas y datos fundamentales para hacer un seguimiento de los precios de los productos de la economía argentina”. Agregaron que “la Secretaría recibe información diaria de más de 3.500 sucursales de todo el país de distintos comercios y cadenas de supermercados, que informan los precios de más de 100.000 productos, lo cual arroja alrededor de 10.000.000 de registros diarios con aproximadamente 15 variables”. La duración del convenio es de 8 meses y termina a finales de abril.
La UNLAM también fue contratada por la Biblioteca Nacional Mariano Moreno en el marco de un “convenio de capacitación y relevamiento técnico” para tres trabajos: uno por $96.080.000 para la conversión a audio de obras del siglo XX; otro por $78.100.000 para la digitalización de obras del siglo XX; y un tercero, por $76.080.000, para la digitalización de documentos del ex diario Crónica.
La UNLAM también firmó un convenio interadministrativo con la Secretaría General de la Presidencia, que hasta el recambio gubernamental estaba en manos de Julio Vitobello, por $71.280.000 para la realización de un sistema de ciberseguridad que se instaló en el datacenter de esa dependencia para monitorear y analizar las redes. El objetivo era “evitar cualquier tipo de virus informático o vulnerabilidad”, y “validar los dispositivos que se conectan al dominio Presidencia, que son aproximadamente 2000″. Agregaron que “se dejó instalado, operativo y funcionando” y “cuenta con un panel de visualización de monitoreo de todas las acciones que se realizan en las computadoras”. El contrato comenzó en junio del año pasado y duró seis meses.
Por último, en agosto pasado la Agencia de Acceso a la Información Pública contrató a la Universidad de La Matanza en forma directa por $14.800.000 para el desarrollo de un Portal Nacional de Transparencia con información disponible para la ciudadanía. “Los trabajos realizados comprenden el desarrollo tanto del front End como del back End del portal con la correspondiente cesión del código fuente y la documentación del sistema”, especificaron desde la UNLAM. Si bien el período original de la contratación fue del 23 de agosto al 23 de enero, la AAIP amplió el contrato de ejecución desde este 22 de abril hasta el 1 de junio.
La UNAJ
La Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) fue creada por ley del Congreso en 2009 y comenzó a funcionar en 2011 en el partido de Florencio Varela. Fue una de las 7 que se crearon durante el kirchnerismo en el Conurbano bonaerense. Su actual rector es el médico y especialista en salud pública Arnaldo Medina, ex director del Hospital El Cruce de Florencio Varela. Asumió en 2021 después de haber acompañado como vice al fundador de esa institución e histórico militante peronista Ernesto Villanueva.
Fue contratada en forma directa el año pasado por la Jefatura de Gabinete de Ministros por $80 millones en el marco del programa ”El Estado en tu barrio” para “la implementación de un programa de prevención y capacitación en materia de salud”. Desde esta casa de estudios aclararon que consistió en “generar acciones de promoción de la salud” dirigida a la “sociedad civil en su conjunto”, y que su duración fue de dos meses. Destacaron, entre otras actividades, los talleres de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) “adaptados para diversos grupos etarios”.
Ante la consulta de Infobae sobre los antecedentes de la UNAJ en programas de este tipo, señalaron que la Universidad, según indica su estatuto, fue creada para llevar adelante este tipo de programas y jornadas. “Con más del 50% de su matrícula de alumnos en carreras de Ciencias de la Salud, a lo largo de su trayectoria ha desarrollado, planificado y ejecutado jornadas y actividades de capacitación en salud, primeros auxilios, muerte súbita, y salud sexual y reproductiva”. Y en ese sentido, recordaron que “en materia de reanimación cardiopulmonar, la UNAJ es una de las únicas universidades del país que cuenta con certificación internacional para la formación de instructores del Curso Avanzado de Soporte Vital Cardiovascular (ACLS – ECSI)”.
La UNSAM
Creada en 1992, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) tiene como rector al contador Carlos Greco, actual presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Cercano al ex intendente de ese partido bonaerense y hombre fuerte del distrito, Gabriel Katopodis, Greco está en el cargo desde 2017, cuando reemplazó a Carlos Ruta, quien a lo largo de sus tres mandatos no ocultó su simpatía con el kirchnerismo.
La UNSAM tuvo cuatro contrataciones directas el año pasado por un total de $77.146.160. La más elevada en monto fue con el ex Ministerio de Ciencia por $40.556.160, para la “contratación de servicios de consultoría en la implementación de acciones y mecanismos para la divulgación de la ciencia” en los pabellones pertenecientes al Ministerio de la muestra del Parque Tecnópolis.
Desde esta casa de estudios explicaron que “la consultoría contemplaba los recursos humanos, profesionales y estudiantes para desarrollar las tareas de divulgación, coordinación, operación y asesoramiento técnico para los distintos proyectos a desarrollarse en el predio”, por un plazo de 7 meses. Precisaron que “se contrataron alrededor de 50 divulgadores y divulgadoras”, que eran alumnos regulares de distintas carreras de la Universidad, como Ingeniería Ambiental, Arquitectura, Animación 3D, Turismo, Ingeniería Espacial, Licenciatura en Biotecnología, entre otras.
Asimismo, la Universidad presentó en Tecnópolis la muestra “Cueva genérica con arte rupestre argentino”, un proyecto de la Tecnicatura en Animación 3D y Efectos Visuales de la Escuela de Arte y Patrimonio. También llevó a cabo un taller de “Realización de títere de dinosaurio” por parte de la carrera de Artes Escénicas. “Los visitantes del sector Tierra de Dinos pudieron ver e interactuar con un dinosaurio bebé que, además de movimientos de robótica, contaba con sonidos propios de la especie carnotaurus”, detallaron desde la UNTREF. Como parte del convenio con el Ministerio, la Universidad desarrolló además un “Taller de cocina saludable y sustentable” para que los visitantes pudieran “tomar clases del Programa de Alimentación y Cultura Saludable de la Secretaría de Cultura, Comunidad y Territorio, en el espacio Proyecto Integrado de Biodesarrollos Sostenibles y, al terminar, degustaron los platos creados en el momento”. Según aseguraron desde la UNSAM a Infobae, cobraron solo $25 millones de los $40 millones convenidos.
Esta casa de estudios fue también contratada por el hoy disuelto Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) por $16 millones para una consultoría de cuatro meses. El objeto era el “diseño y confección de manuales de procesos en el ámbito de la Dirección de Administración y la de Asistencia a la Víctima, con el objetivo de contribuir con la elaboración de diagramas de flujos (flow charts) correspondientes a las actividades y procesos sustantivos de las Direcciones mencionadas, teniendo por fin que las tareas realizadas conduzcan a la elaboración de manuales de procedimiento interno que permitieran el monitoreo y la mejora de la gestión del Instituto”, según respondieron a Infobae desde esa Universidad.
Un tercer contrato fue el firmado entre la UNSAM y el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares por $13 millones por tres meses para una auditoría sobre los estados contables del Instituto correspondientes al ejercicio que culminó el 31 de diciembre. “Nos encontramos a la espera de que el organismo dé indicaciones sobre el inicio de las tareas de auditoría (que) deben iniciar en abril. Aún no recibimos los fondos”, precisaron desde la Universidad.
La cuarta contratación en 2023 de la UNSAM relevada por la SIGEN fue por parte del Banco Nacional de Datos Genéticos, que dependía en la gestión pasada del ex Ministerio de Ciencia, por un monto de $7.590.000. Consistió en “llevar adelante un proyecto que permita contar con las herramientas necesarias para la planificación, el desarrollo y ejecución de una red de expertos, instituciones científicas y académicas, organizaciones de la sociedad civil y del sector público y privado para la articulación de conocimiento, métodos, gestión y elaboración de políticas públicas y avances científicos, cuyo principal objetivo será el de facilitar búsqueda e identificación de personas desaparecidas o extraviadas”, según señalaron desde la casa de estudios.
El plazo era de seis meses, durante los cuales la UNSAM debía “conformar un equipo de trabajo integrado por profesionales senior con expertise en la temática y en el área en la cual se requirió su intervención, y un equipo de analistas de datos (pasantes – estudiantes de la Universidad), con perfil investigador, con conocimiento en búsquedas con fuentes abiertas”. Desde la UNSAM señalaron que “se elaboró un informe final de gestión con recomendaciones, así como la base de datos con los datos del mapeo y los relevamientos sistematizados”, y “se cumplieron con las actividades previstas” el 30 de noviembre pasado.
La UNTREF
La Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) fue creada en 1995 y tiene como máxima autoridad a Martín Kaufmann, ex vicerrector, quien el año pasado sucedió a Aníbal Jozami, dirigente de origen peronista que ocupó la rectoría durante 26 años, y que quedó vinculado a la institución con el cargo de “rector emérito”.
Esta casa de estudios fue contratada en forma directa por cuatro organismos del Estado el año pasado, en 8 oportunidades, por un total de $69.720.680. Tres de esos contratos fueron con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), por un total de $120 millones. Uno de ellos – por $42 millones – fue para llevar adelante un estudio en el Barrio Padre Carlos Mugica. Desde la UNTREF explicaron que se trató de “una evaluación de la situación dominial, catastral y socio comunitaria” de ese barrio, que incluyó “una propuesta para que la Unidad Ejecutora Especial Temporaria gestione en forma participativa el proceso de regularización dominial con un enfoque y metodología de abordaje con múltiples actores sociales”. Ante la pregunta de Infobae sobre si la UNTREF venía llevando con anterioridad algún tipo de trabajo territorial en ese barrio, señalaron que la universidad “cuenta con amplia experiencia en la realización de estudios y relevamientos en barrios populares”, pero que “no realizaba actividades especiales” en ese barrio de la Ciudad.
La segunda contratación directa por parte de la AABE – por $41 millones – fue para una consultoría sobre el aplicativo con el que cuenta la Agencia para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Consistió en “un relevamiento de la situación dominial y de uso de 3.528 inmuebles registrados en el Sistema de Gestión de Inmuebles del Estado Nacional (aplicativo propiedad de la AABE conocido como SIENA), situados en 34 partidos dentro del ámbito de la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese relevamiento permitió detectar inconsistencias en la información registrada en el Sistema y contribuye a su futura actualización tecnológica y funcional”, explicaron en la UNTREF. En 2022, la AABE había firmado un convenio similar con esta Universidad, también por contratación directa, para la fiscalización de bienes inmuebles registrados en el aplicativo SIENA por $33.333.000.
El tercer contrato – por $37 millones – consistió en una consultoría para “la puesta en funcionamiento y el fortalecimiento institucional de la Unidad Ejecutora Especial Transitoria Mercado de Hacienda”. Ante la consulta de Infobae, respondieron que se trató de la “capacitación y el diseño de instrumentos” para “la implementación de un proceso de planificación-gestión con Información, Consulta y Consenso (ICC)” por parte la Unidad Ejecutora Especial Transitoria. También que se hizo un “diagnóstico preliminar en el que se analizó la conexión del predio del Mercado con el ecosistema urbano de la Ciudad”, y “una serie de pruebas de intervención mediante maquetas 3D para incorporar a la elaboración del Máster Plan del predio del ex Mercado de Hacienda”.
Desde esa casa de estudios afirmaron, además, que los trabajos se concretaron en el plazo previsto de 4 meses y que “en todos los casos, la AABE adeuda el pago de la última factura, por un total de $49.650.000″.
En las auditorías de la SIGEN se mencionan otras tres contrataciones con la UNTREF que siguen vigentes, por parte de la Junta de Seguridad del Transporte por $116.200.000. Consisten en “una serie de estudios de base para el diseño e implementación de estrategias integrales de seguridad en el transporte en sus diversas modalidades, incluyendo investigaciones de opinión pública y relevamientos a los trabajadores del sector”. Cada contrato fue para una modalidad de transporte diferente: terrestre (por $55 millones), ferroviario (por $30.600.000), y aeronáutico, (por $30.600.000). “En todos los casos se diseñan, planifican y ejecutan acciones de concientización y educación en materia de prevención para la reducción de accidentes”, dijeron desde la UNTREF.
Esta Universidad fue contratada también por el ex Ministerio de Ambiente por $11.020.680 por 4 meses, para el desarrollo de la web multiplataforma del Centro de Información Ambiental. El sitio contiene información sobre la gestión del manejo del fuego, gestión de residuos, educación ambiental, bosques, áreas protegidas y cambio climático.
Por último, según relevó la SIGEN, hubo otro contrato en 2023 con la UNTREF por parte del Instituto de Ayuda Financiera para el pago de Retiros y Pensiones Militares por $3.700.000 por dos meses. Consistió en “un diagnóstico del Sistema de Acondicionamiento Térmico del edificio del Instituto, sito en Cerrito 572 CABA, que contiene la información de base para la formulación e implementación del proyecto de mejoramiento y adecuaciones físicas y operativas de los sistemas de calefacción y refrigeración del inmueble”. El diagnóstico – explicaron desde la Universidad – “comprendió el análisis de la documentación técnica disponible (planos, manuales de instalación y operación de equipos) y el relevamiento in situ del edificio. Por razones operativas, los trabajos se realizaron entre febrero y marzo de 2024, y resta cobrar el 50%”.
La UNQ
La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) fue creada, al igual que la de La Matanza, en 1989, en la oleada que surgió durante el menemismo. Desde 2021, el rector es Alfredo Alfonso, licenciado en Comunicación Social y con más de 30 años en la docencia universitaria. En el período anterior había sido vicerrector, y sucedió en el cargo a Alejandro Villar, de origen peronista y doctor en Ciencias Sociales, especializado en Políticas Públicas.
El año pasado la UNQ fue contratada por el ex Ministerio de Ciencia por $26.251.500 para “el diseño, la producción y la implementación de tres cursos de formación sobre violencias de género y perspectiva de géneros y diversidades”. El convenio incluía el desarrollo de una plataforma de entornos virtuales de aprendizaje “Campus Moodle MINCYT”. Según precisaron desde la UNQ, preveía “seis productos de capacitación destinados a la totalidad de los agentes que conforman el sistema de Ciencia y Tecnología de la Nación: Conicet, Agencia I+D+i, Mincyt”, un universo que cuantificaron en más de 30.000 personas.
Además de cuatro variantes de cursos de capacitación, el contrato preveía el desarrollo, administración, gestión y hosting de “un campus virtual (plataforma tecnológica) para el dictado de cursos virtuales” durante el convenio, y la “formación de personal técnico del Ministerio para la administración del campus” una vez finalizado.
Desde la UNQ, destacaron que “desde 1999 la Universidad imparte educación superior universitaria de calidad en entornos virtuales, tanto de grado como de posgrado, constituyéndose en la primera universidad virtual de América Latina. Además, cuenta con una cátedra y un programa institucional en materia de políticas de género desde el año 2013, que diseña y dicta cursos presenciales y virtuales en la materia específica de este convenio”.
Si bien el contrato tenía vigencia desde marzo de 2023 hasta octubre de 2024, señalaron que “sin mediar comunicación formal alguna, se interrumpió el 10 de diciembre de 2023 cuando se estaban finalizando los productos a implementar en 2024. Desde esa fecha no se ha recibido comunicación oficial –por parte del organismo contratante– sobre la continuidad de las acciones previstas en el contrato o, en su defecto, la notificación de su rescisión”. Agregaron que “de los fondos comprometidos por el Ministerio, se transfirió el 60 % a la UNQ. En tanto, la Universidad cumplió con todas las obligaciones comprometidas en tiempo y forma de acuerdo con el instrumento celebrado”.
La UNAHUR
La Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) tiene como rector, desde el 11 de diciembre pasado, nuevamente a Jaime Perczyk, ex ministro de Educación de Alberto Fernández. El ex funcionario había sido el primer rector cuando comenzó a funcionar, en 2016, dos años después de sancionada la ley que dispuso su creación.
Con menos de 10 años de antigüedad, esta casa de estudios del sur del Conurbano bonaerense fue contratada en 2023 por el ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat por $25.925.000 para el desarrollo de un software para esa cartera. “La Universidad fue creada con foco en la innovación y el desarrollo tecnológico”, destacaron desde la UNAHUR.
“El desarrollo preveía un mapa geolocalizado, disponible al público, de todas las intervenciones del ex ministerio en todo el país, y hacia adentro de esa cartera, un tablero de control que reflejara los avances de cada obra como insumo interno”, señalaron desde la casa de estudios. Sin embargo, el proyecto no avanzó porque “no se terminó de conformar la comisión técnica debido a que la anterior gestión no nombró a los representantes”.
Con el cambio de gobierno, solicitaron por nota a las nuevas autoridades completar su conformación pero – según le dijeron a Infobae – hasta ahora no hubo respuesta. “No hubo desembolso de dinero, ni siquiera un anticipo, porque nunca comenzó a ejecutarse el proyecto. El que tendría que dar de baja el proyecto es el Ejecutivo”.
Visualización: Daniela Czibener
