El control del Estado: la Auditoría General de la Nación tiene 544 auditorías iniciadas o previstas
El choque de trenes en la línea San Martín a la altura de Palermo activó las alarmas sobre la falta de controles de las condiciones en que funcionan las líneas ferroviarias operadas por la empresa estatal Trenes Argentinos. La supervisión está a cargo de la Comisión Nacional de Transporte (CNRT), en la que el presidente Javier Milei designó a finales de feberero a Edgar Pérez, ex secretario de Transporte de la provincia de Córdoba.
Como organismo de control interno del Poder Ejecutivo está la Sindicatura GeneraI de la Nación (SIGEN), y como contralor externo del sector público nacional, la Auditoría General de la Nación (AGN). Con autonomía funcional y facultades propias, la AGN asiste técnicamente al Congreso de la Nación mediante la realización de auditorías de distinta índole, que alcanzan a la operatoria ferroviaria por parte del Estado.
Pero al ejercer un control ex-post, la elaboración de sus informes demanda entre dos y cinco años, ya que exigen un trabajo de campo y su análisis por parte de un equipo técnico. A su vez, depende de los tiempos en los que los organismos o empresas estatales le envían la información solicitada. Por este motivo, sus conclusiones – una vez tratado el informe final por el cuerpo de auditores – se conocen con mucha posterioridad a la gestión auditada. Esta es la diferencia fundamental con la SIGEN, cuyo control es concomitante con la gestión en curso.
En los últimos 10 años, se llevaron adelante cuatro auditorías sobre el funcionamiento del sistema ferroviario, difundidas entre 2016 y 2023, correspondientes a períodos que van desde 2011 hasta 2017.
La última referida al funcionamiento ferroviario fue publicada el año pasado, y correspondió a la electrificación del Roca, una obra financiada por el BID. El período analizado fue de 2015 a 2017. En sus conclusiones se enumeran un cúmulo de irregularidades, entre las que se destaca el “incumplimiento de las previsiones para completar las obras y alcanzar sus objetivos a finales de 2018″; el incremento de costos y plazos involucrados; y la falta de ejecución del sistema de señalamiento y telecomunicaciones, o la renovación y el mejoramiento de las vías.
Específicamente sobre el ferrocarril San Martín, el último informe publicado en el sitio web de la AGN es de 2007, cuando se evaluó la gestión de control durante 2005 por parte de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia SA, a cargo en ese momento de su explotación.
La ausencia de auditorías más recientes o más específicas sobre las líneas ferroviarias por parte de la AGN obedece al enorme universo de dependencias de la administración central, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, entes reguladores de servicios públicos, instituciones de la Seguridad Social, y fondos fiduciarios integrados con bienes y fondos del Estado, que son posibles sujetos de auditoría por parte de la AGN.
Su tarea alcanza, además, a entidades como las universidades que – si bien son autónomas- reciben fondos públicos. Hace tres semanas, el recorte de fondos estatales a las casas de estudio nacionales puso el foco en el control al que están sujetas por parte de la AGN. Tal como publicó Infobae, en los últimos 10 años, el organismo hizo una revisión de la Facultad de Psicología de la UBA y de las universidades del Litoral, de Rosario, José C. Paz, Tucumán, Formosa y Jujuy. Y tiene en proceso auditorías a otras seis casas de estudios: la Universidad Nacional de Córdoba, de Formosa, de Jujuy, de La Plata, de Salta y la del Nordeste.
La AGN está integrada por tres legisladores de la Cámara de Diputados y tres del Senado, según la representación parlamentaria de cada bloque, votados por cada cuerpo. Duran ocho años en sus puestos. Su presidente es designado a propuesta del partido político de la oposición con mayor número de legisladores en el Parlamento. Actualmente, es el peronista Juan Manuel Olmos, ex vicejefe de Gabinete de Alberto Fernández, que reemplazó al radical Jesús Rodríguez. Siguen en sus cargos Javier Fernández, Alejandro Nieva y María Graciela de la Rosa. Los que deben ser reemplazados este año – sus mandatos se vencieron el 5 de abril pasado – son el camporista Juan Ignacio Forlón y el massista Gabriel Mihura Estrada. Hay una tercera vacante luego de que Miguel Ángel Pichetto asumiera como diputado nacional en diciembre pasado.
Cada año, los auditores generales y el presidente de la AGN elaboran un Plan de Acción Anual (PAA) que debe ser aprobado por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso. El PAA 2024 aún está pendiente de aprobación ya que aún no se conformó esta Bicameral.
La AGN lleva adelante distintos tipos de auditorías. Están las de gestión, que son las que permiten detectar irregularidades de distinto tipo, como demoras, incumplimientos o falta de soporte documental, por ejemplo. Y por otro lado, están las financieras, las de los estados contables, las de cumplimiento, y las de deuda pública, ambientales e informáticas. Si el informe final incluyera la comisión de algún posible delito, la AGN puede presentar una denuncia en la Justicia.
Hoy, la AGN tiene un universo de 544 auditorías en ejecución o previstas a 107 dependencias u organismos públicos. De esta cifra, 279 están iniciadas con distinto grado de avance y 265 aún no habían comenzado a principios de marzo, según un informe interno de la AGN. La gran mayoría de estas auditorías en marcha o programadas corresponden a las incluidas en Planes de Acción Anuales (PAA) de años anteriores, que se remontan al 2020.
De las 279 que están en marcha – ya sea en ejecución, planificación, validación o en la elaboración del informe final -, 7 están ya cerradas. De las otras 272 iniciadas, casi la mitad -129- corresponden al Plan de Acción Anual (PAA) 2023; otras 50 estaban incluidas en el Plan 2022; 46 en el PAA del 2021; y 24 en el PAA del 2020. Pese al tiempo transcurrido, aún hay en el plan de trabajo de la AGN 7 auditorías en trámite del Plan 2019 y 6 del 2018. Por último, una decena están incluidas en el Plan del 2024.
Al pararse sobre la torre de cada año, se despliega la información
Las 7 que ya estaban cerradas a marzo pasado y pendientes de aprobación se refieren al funcionamiento del Servicio Penitenciario Federal entre 2020 y 2023; a las Acciones de Protección Civil, Prevención de Emergencias y Alerta Temprana de Desastres desarrolladas por el Ministerio de Seguridad entre finales de 2019 y 2022; al Programa de Fortalecimiento Institucional de Planificación Territorial durante 2022 del ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat; al Programa de Innovación Tecnológica de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, entre enero 2022 y septiembre de 2023; y al Proyecto de Inclusión Socioeconómica en Áreas Rurales desarrollado en 2022, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía. También están en etapa de elaboración de informes finales la auditoría financiera y de cumplimiento de la cuenta de inversión 2020 y deuda pública de esa cartera, y de las contribuciones y remanentes del ejercicio 2019 del ex Ministerio de Hacienda.
El ranking de organismos auditados
El ranking de organismos con más auditorías lo encabeza el Ministerio de Economía con 99, de las cuales 58 están iniciadas y 39 aún no comenzaron. Las que están en trámite van desde la revisión de los estados financieros de préstamos internacionales y el análisis de la cuenta de inversión desde 2020 y años subsiguientes, hasta la evolución del endeudamiento público externo y los estados financieros de préstamos internacionales. Las auditorías también incluyen el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP), del Programa para la Implementación de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera de Argentina, el Programa de Apoyo a Pequeños Productores Vitivinícolas de Argentina (PROVIAR), el de Desarrollo de las Cadenas Caprinas (PRODECCA), el de Desarrollo de Nuevas Áreas de Riego en Argentina, o el proyecto de Energías Renovables en Zonas Rurales de Argentina, por mencionar algunas de la auditorías en curso.
En segundo lugar aparece la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) con 14 auditorías, de las cuales 12 están en marcha. Incluyen un relevamiento y control de las contrataciones y convenios llevados a cabo por AySA en el marco de su Plan Director en el marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental en el período 2022, así como el cumplimiento de este plan entre el 2020 y el 2023; la ejecución presupuestaria del programa Acciones para el Desarrollo Habitacional y de Infraestructura en la Cuenca Matanza-Riachuelo, y la ejecución de “transferencias varias” para el funcionamiento del Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner.
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El podio lo completa la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con 23, de las cuales 16 están en proceso. Abarcan desde la auditoría de asignaciones familiares otorgadas en 2019 y el Programa Atención Virtual del organismo durante el COVID-19, hasta el otorgamiento del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) durante la pandemia, pasando por la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). También incluyen la gestión judicial por parte de la ANSES relacionada a la liquidación y ejecución de sentencias judiciales por reajustes de haberes; el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROGRESAR); la gestión de los fondos transferidos a las Cajas Previsionales de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos; y la administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en 2023, entre otros programas.
Le sigue el Ministerio de Salud con 22 auditorías, 10 de las cuales están en proceso, que incluyen desde el proyectos llevados adelante en la pandemia como el Emergencia para la Prevención y Manejo de la Enfermedad por COVID-19, hasta el Programa de Ampliación de la Cobertura Efectiva en Salud (SUMAR), pasando por el Proyecto de Control de la Enfermedad de Chagas y el de Protección de la Población Vulnerable contra las Enfermedades no Transmisibles.
A continuación aparece el Banco de la Nación Argentina (BNA) con 21 auditorías, de las cuales 9 están en proceso y 12 aún no. Abarcan un análisis de los estados financieros de la principal entidad bancaria estatal, así como los estados contables del Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, del FONAPYME, del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FONDEP), del Fideicomiso de Administración Proyecto Reactor CAREM, y del Fideicomiso Banco de Entre Ríos SA (BERSA), de los cuales el BNA es fiduciario.
El top five lo completa la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con 16, de las cuales 10 están en proceso. Van desde la revisión de sus estados contables y de las compras y contrataciones realizadas por el organismo fiscal, hasta la revisión de procesos concursales y de designación de personal entre 2017 y 2019. También abarcan los procedimientos aplicados en las Aduanas de Buenos Aires, Campana, Córdoba y Ezeiza para el control del circuito de importaciones de grandes operadores, así como en la Terminal del Puerto de Rosario, y el monitoreo de los depósitos fiscales. La AGN también tiene bajo su lupa los procedimientos implementados por la AFIP para prevenir el lavado de activos y Financiación del Terrorismo; y la evaluación del cumplimiento del marco normativo e implementación del Régimen de Sinceramiento Fiscal, entre otros temas sometidos a auditorías en curso.
En el ranking de los 10 organismos con más auditorías siguen el ex Ministerio de Educación con 16, de las cuales solo 4 ya comenzaron; AYSA, con 14 (6 iniciadas); el ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat con 13 (5 iniciadas); y la ex cartera de Hacienda con 12 (11 comenzadas).
Visualizaciones: Daniela Czibener
