El Gobierno se presentó como querellante contra los imputados por extorsionar a beneficiarios de planes sociales
El Gobierno se presentó este martes como querellante contra los imputados ya identificados en la causa que investiga presuntas extorsiones y coacciones a beneficiarios de planes sociales. Lo hizo a través de una acción legal realizada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
La investigación fue iniciada a raíz de las denuncias recibidas a través de la Línea 134, algunas anónimas y otras por personas que se identificaron. Todos manifestaron haber sido amenazados con perder los beneficios del Potenciar Trabajo u otras asignaciones en caso de no sumarse a las marchas de distintas organizaciones sociales.
“Ahora, el Ministerio de Seguridad de la Nación es querellante para seguir estos y los miles de casos de punteros enriquecidos con los impuestos de la gente de trabajo. El que las hace, las paga”, manifestó Bullrich en sus redes sociales.
En su presentación, Bullrich destacó que se recibieron “miles de llamados” desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Catamarca, Misiones, Jujuy y Chaco, entre otras.
“Las modalidades denunciadas consisten en ofrecer subsidios a cambio de concurrir a marchas y movilizaciones; obligando a asistir a movilizaciones, como la del día 22 de diciembre de 2023, bajo la advertencia expresa de ‘dar de baja al Plan Potenciar’; de cobrarles una suma de dinero fija o mensual como ‘castigo’ por no asistir a una movilización; el requerir el pago de aportes con periodicidad mensual para el mantenimiento de un subsidio; etc”, indica el texto.
Para Bullrich, “resulta necesario asumir el rol de querellante con el objeto de coadyuvar en la investigación de los hechos ilícitos aquí investigados, que causan graves perjuicios a la Nación en su conjunto”.
“En virtud de ello, la ministra solicitó asumir como querellante contra los imputados ya identificados: Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo ‘Toto’ Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elena Torres, Rossmery Grande Arancibia y Nery Acha Daza; como así también respecto de las personas que, con el avance de la pesquisa, resulten identificados como autores, coautores, cómplices o encubridores de las maniobras delictivas oportunamente denunciadas”, se indicó.
Específicamente, se refiere a “los delitos de amenazas agravadas, extorsión y defraudación al Estado (arts. 149 bis, segundo párrafo, 168, y 174, inc. 5to. del Código Penal de la Nación), y los que surjan con las medidas a desarrollarse en autos, como podría ser el delito de asociación ilícita previsto en el art. 210 del Código Penal de la Nación”.
En el final de su presentación, Bullrich solicitó que también “se tenga por asumido el rol de querellante del Ministerio de Seguridad de la Nación en las presentes actuaciones contra los imputados ya identificados en autos, como así también respecto de las personas que, con el avance de la pesquisa, resulten identificadas como autores, coautores, cómplices o encubridores de las maniobras delictivas oportunamente denunciadas”.
Por su parte, los dirigentes y militantes de organizaciones sociales que ayer fueron allanados en la causa por presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales se presentaron en la justicia para designar abogados y comenzar a ser parte de la causa judicial que tramitan el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que 13 imputados se presentaron en el expediente, entre ellos Jeremías Cantero, del Polo Obrero, y Elizabeth del Carmen Palma, presidenta de la Asociación Polo Obrero. Se trata de los dos imputados que el fiscal Pollicita acusa de tener un rol protagónico en la organización y quienes tuvieron sus teléfonos intervenidos.
Los 13 imputados que se presentaron forman parte del Partido Obrero y designaron como abogados a Liliana Alaniz, Claudia Ferrero y Eduardo Penello. Cuando sean aceptados podrán acceder al expediente y comenzar con la defensa de los acusados.
Según consta en las actuaciones a las que tuvo acceso Infobae, en el allanamiento a María Isolda Dotti, en un departamento de planta baja de Avenida Chiclana 3000, en el barrio porteño de Parque Patricios, encontraron 54.448 dólares en efectivo, 478 mil pesos, un teléfono celular y un boleto de compraventa de una propiedad, cuyo contenido no trascendió. El monto total supera largamente los 55 millones de pesos, de acuerdo a la cotización libre de la moneda estadounidense.
El otro allanamiento significativo fue el que se realizó en la calle Monteagudo al 700, en el límite entre los barrios porteños de Parque Patricios y Pompeya. En el inmueble del Polo Obrero, donde estaban Jorge Antonio Rosa y Saucedo Arias se hallaron 16.425 dólares en efectivo, 6.882.589 pesos, cuatro notebooks, tres CPU, un DVR, un disco rígido y cuatro pendrives. En este caso, el monto total del dinero secuestrado supera los 22 millones de pesos.
La Justicia ahora tendrá que determinar si ese dinero pudo haberse originado en las prácticas ilegales que se investigan. Es que la principal hipótesis que analizan Pollicita y los investigadores que reportan al Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich, es que las organizaciones piqueteras montaron una maquinaria que se retroalimentaba con recursos de planes sociales y alimentos que recibían de los diversos gobiernos. Un circuito sin fin de piquetes, planes, dinero, más piquetes, más planes, más dinero, más piquetes.
La dinámica, de acuerdo con las actuaciones a las que tuvo acceso Infobae, se basaba en “exigir coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’”. En la denuncia que hizo el Ministerio se presentaron un total de 924 casos”.
Los allanamientos se ordenaron porque “se encontraban reunidos los elementos de convicción suficientes para convocar a 28 personas y efectuar 27 allanamientos -pertenecientes a domicilios particulares y sedes de comedores populares, como Rivadavia I, La Carbonilla, Mariano Ferreyra, Kuña Guapa y Caminos de Tiza, depósitos, oficinas, locales de organizaciones sociales y cooperativas vinculadas”. “Todo ello a fin de proceder a la aprehensión de los imputados para garantizar su comparecencia, secuestrar el producto del delito y recolectar elementos probatorios tales como planillas de asistencias a las movilizaciones o dispositivos celulares”, se indicó en el fallo de la Sala I de la Cámara que destrabó los operativos.
