El fiscal Stornelli pidió investigar a ex funcionarios por los beneficios otorgados a mapuches y otras comunidades
El fiscal federal Carlos Stornelli presentó una denuncia para que se investigue el desempeño de ex funcionarios del gobierno central, muchos de ellos bajo la órbita del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que accionaron presuntamente en beneficio de comunidades autoproclamadas mapuches a través de la elaboración de resoluciones con escaso contenido técnico.
Los documentos que están bajo la lupa fueron emitidos durante el transcurso de 2023 y a través de ellos los funcionarios otorgaron personerías jurídicas, reconocieron ocupaciones actuales, tradicionales y públicas de distintos espacios, dieron por concluidos relevamientos territoriales aunque sin consignar precisiones técnicas, e incorporaron representantes al Consejo de Participación Indígena.
La mayoría de las resoluciones fueron rubricadas entre agosto y diciembre del año pasado, bajo presión por la finalización del mandato del ex presidente Alberto Fernández, el 10 de diciembre.
La investigación que inició el fiscal contempla un pedido de informes que presentó el diputado nacional Sergio Capozzi a pocos días de asumir la banca, quien se interesó por el alcance de las resoluciones que emitió el INAI luego de la segunda vuelta electoral.
En ese planteo, el rionegrino aseguró que en todo el año el instituto emitió 118 resoluciones, 81 de las cuales fueron dictadas en las últimas semanas del mandato de Fernández. “El objetivo es conocer el alcance de los expedientes, su legitimidad, o si se trata de una maniobra del kirchnerismo para apoyar a grupos que operan en la ilegalidad”, dijo Capozzi cuando elevó el pedido de informes.
En la denuncia, Stornelli pidió investigar el presunto beneficio indebido a comunidades mapuches, en perjuicio de particulares e incluso del Estado Nacional. Trazó una comparación con las resoluciones emitidas en el año 2022, que fueron 53 en todo el período, con la 183 emitida durante 2023, la mayoría de las cuales fueron rubricadas después de mitad de año. “La indiscriminada proliferación de resoluciones expedidas por el INAI en la última etapa de la gestión de gobierno que culminó el 10 de diciembre de 2023, queda evidenciada a las claras” consignó.
De esas 183 resoluciones, la mayoría (174) se encuentran vinculadas a relevamientos Técnicos, Jurídicos y Catastrales, y en algunas de ellas se les reconoce la ocupación de territorios. Ocho son para reconocer la Personería Jurídica de distintas comunidades y el resto para incorporar representantes al Consejo de Participación Indígena.
Stornelli cuestionó el contenido de la mayoría de las resoluciones, carentes de rigor técnico y valor administrativo, sin revestir la “seriedad y formalidad que deberían contener este tipo de legajos”, lo que – para el fiscal – evidencia que los mismos habrían sido tratados “con poca profundidad”.
En cuanto a las resoluciones vinculadas a las carpetas técnicas sobre los relevamientos territoriales, el fiscal percibió que contemplan información imprecisa aportada por las comunidades y según su criterio “no habría sido corroborada de forma exhaustiva como para poder reconocerles la ocupación de los territorios que consideran como propio”.
En muchos casos, el INAI accedió a reconocer la propiedad de las comunidades, contando únicamente con el testimonio de sus integrantes, en los que relatan antecedentes históricos, y un “precario Cuestionario Socio-Comunitario Indígena (CUESCI), aportando bocetos elaborados a mano donde muestran cual es el supuesto territorio que ocupan y, según su punto de vista, les pertenece”.
Cuestionó además que en los expedientes, además de los elementos mencionados, se incorporaron fotografías “precarias” capturadas por personal del INAI.
Stornelli destacó además que en la mayoría de los informes de dominio que fueron confeccionados, los territorios en cuestión pertenecen a privados o, en algunos casos, al Estado Nacional.
En esos casos tampoco figura en los expedientes que los propietarios de las tierras hayan sido notificados acerca de los procedimientos efectuados y de lo resuelto en cada caso.
También criticó los documentos a través de los cuales varias comunidades mapuches recibieron su personería jurídica y analizó que “también adolecerían de superficialidad en su análisis como para ser inscriptas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (ReNaCi).
El fiscal sostuvo que “la importante proliferación de actos administrativos en el transcurso de 2023, y especialmente en el transcurso de los últimos meses de gestión del gobierno saliente, desde ya resulta llamativo, cuantitativamente, a la luz de su comparación con igual período anterior”.
