La Oficina Anticorrupción desistió en la gestión de Alberto Fernández de ser querellante en 35 causas por corrupción

La Oficina Anticorrupción (OA), durante el gobierno de Alberto Fernández y bajo la conducción de Félix Crous, resolvió dejar de intervenir como querellante en 35 causas por corrupción que tramitan en la Justicia Federal en distintas instancias contra ex funcionarios nacionales. En la gran mayoría de los expedientes se trata de integrantes de gobiernos kirchneristas y, en cuatro expedientes más antiguos, de la gestión menemista. Siete de esa causas la tienen como acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner, entre otros integrantes de su gobierno, como el ex ministro de Planificación Julio de Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex vicepresidente Amado Boudou, y el ex secretario de Trasporte Ricardo Jaime, entre otros.

En 24 de los 35 expedientes que aún están en trámite, en distintas etapas del proceso, reapertura o en apelación, la OA se presentó como querellante durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el organismo estuvo a cargo de la ex diputada del PRO Laura Alonso. En diciembre de 2019, en un balance de gestión, la entonces funcionaria había informado que la Oficina era querellante en 38 causas, en su gran mayoría contra funcionarios kirchneristas. Alonso, en una entrevista en el canal América en abril de ese año, había dicho que el organismo a su cargo no había intervenido en causas judiciales contra integrantes del entonces gobierno. “En este momento no estamos querellando en ninguna de esas causas, porque para que me acusen de encubridora de las causas y de ir a embarrar causas de la corrupción de este gobierno, que la lleven adelante los fiscales y los jueces naturales”, reconoció.

Con el cambio de gobierno y la llegada de Fernández, entre el 10 de diciembre de 2019 y el 9 de diciembre de 2023, esta Oficina no se presentó en ninguna otra causa por corrupción para intervenir en el proceso en el rol de acusador. Así surge del extenso informe de 1.131 páginas que le envió el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, a los senadores en respuesta a sus 1.286 preguntas, como anticipo de su primera presentación ayer ante la Cámara alta.

La información fue proporcionada por el Ministerio de Justicia en respuesta a una pregunta formulada por el senador radical Pablo Blanco, de Tierra del Fuego.

Sobre los argumentos esgrimidos para renunciar a ser querellante, Posse adjuntó la Resolución de la OA del 19 de octubre de 2020, en la que Crous proponía que el organismo concentrara sus recursos en tareas de prevención, para “reposicionar” a la Oficina Anticorrupción como una “Oficina de Integridad” y así “darle mayor visibilidad a su trabajo preventivo”. Para eso, resolvió “ordenar los recursos de la Oficina de un modo racional y económico” a fin de dar “cumplimiento de su cometido principal, establecido en la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública”, y dispuso “el desistimiento del rol de querellante en los procesos penales en los que se interviene en tal carácter”. Más allá de la ausencia de personal calificado y argumentos técnicos procesales para justificar una medida institucional, la decisión tuvo un fuerte contenido político.

La querella es una parte del proceso penal, como son los acusados, su defensa y los fiscales. En los delitos de corrupción contra la administración pública en los que se encuentra afectado el patrimonio del Estado, la Oficina Anticorrupción tiene la facultad de presentarse como querellante. Esto implica que puede intervenir en el proceso y, por lo tanto, tener acceso al expediente, solicitar medidas de prueba, indagatorias, detenciones y aportar documentación. Es el juez de la causa, quien determina si acepta o no su presentación como querellante.

Si no hubiera otro querellante como la AFIP o la Unidad de Información Financiera (UIF), con el retiro de la OA de los expedientes, el impulso de la acción penal quedó solo en mano de los fiscales. No obstante, el desistimiento de la Oficina no fue en simultáneo en todas las causas donde estaban involucrados ex funcionarios kirchneristas, ya que Crous decidió mantener la querella en las que ya estaban en juicio oral. “La relevancia de todas las querellas de la OA, la UIF y AFIP fue insoslayable por lo que ha sucedido en todas las causas donde la decisión institucional fue avanzar, incluso pese al mutismo de la OA en los años de Alberto Fernández, porque los juicios y las condenas continuaron”, señaló Alonso en diálogo con Infobae. “Y para avanzar, no solo se necesita el liderazgo personal de las instituciones, necesitás que la Presidencia genere un clima político-institucional que le de comodidad a los organismo para avanzar con las querellas”, agregó.

Las causas contra Cristina

Cuatro de esos expedientes en los que la OA desistió de ser querellante y tienen a Cristina Kirchner como acusada, están vinculados a la mega investigación de la llamada “causa de los cuadernos”. Se trata de la causa principal y tres de sus investigaciones derivadas (obra pública, subsidios al transporte y corredores viales), abiertas a partir de las anotaciones del chofer de Roberto Barata, ex número dos del Ministerio de Planificación. La ex presidenta fue procesada por el fallecido juez Claudio Bonadio como jefa de una asociación ilícita que recaudaba dinero entre los empresarios que hacían negocios con el Estado, y estaba integrada también por sus funcionarios y empresarios de la construcción.

La OA se retiró también de la causa conocida como Vialidad en la que la ex mandataria fue condenada a la pena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Compartió el banquillo de los acusados con el empresario Lázaro Báez y el ex secretario de Obras Públicas López, y otra decena de condenados. Se la investigó por la adjudicación irregular y fraudulenta de contratos de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz a las empresas del Grupo Austral, del empresario patagónico amigo de Néstor Kirchner.

En otra causa que la tiene como imputada – el expediente unificado de los casos Hotesur y Los Sauces-, la OA también desistió de ser querellante al comienzo de la gestión de Crous. Fue el primer expediente en que ya había mostrado su intención de dejar de ser querellante en casos en los que estuvieran investigados ex funcionarios kirchneristas. En ese caso se investiga el alquiler que realizaron las empresas de Lázaro Báez de habitaciones de los hoteles de la familia Kirchner. Los hoteles eran gerenciados por la firma Hotesur, y la Justicia sospecha que esos cuartos permanecieron vacíos, pero se s simularon las contrataciones como una manera de facturar y de que ingresara dinero blanco a las arcas de la familia Kirchner.

La ex vicepresidenta está acusada junto con su hijo, Máximo Kirchner, y otros 24 imputados, entre empresarios y exfuncionarios, de lavado de dinero a través de los negocios hoteleros e inmobiliarios con Báez y el empresario Cristóbal López. El juicio oral aún no se llevó a cabo porque Cristina Kirchner planteó un recurso de queja ante la Corte Suprema para que revise la decisión de revocar su sobreseimiento en esta causa.

En tanto, había desistido de su rol de querellante en el expediente en el que se investiga, además, “la eventual responsabilidad de la ex presidenta, el ex ministro de Justicia Julio Alak, y otros funcionarios de la Inspección General de Justicia, en relación con la protección que se habría dado desde ese organismo a la sociedad Hotesur SA, dueña del hotel de los Kirchner Alto Calafate, al permitirle no haber presentado la documentación correspondiente durante varios períodos, sin ningún tipo de penalidad. Cristina Kirchner fue sobreseída sin llegar a juicio oral, pero esa resolución fue apelada por la Fiscalía. Ahora está en manos de la Corte Suprema que debe confirmar el sobreseimiento, u ordenar la realización del juicio.

Otro expediente del que se retiró la Oficina Anticorrupción es el de la expropiación de YPF, en la que Cristina Kirchner también figura entre los imputados. Se investigan posibles delitos en la adquisición de una porción del paquete accionario por parte del Grupo Petersen, presuntas maniobras de vaciamiento, y la indemnización pagada a la empresa por el Estado.

La OA también intervino como querellante en la causa Ciccone, en la que fue condenado el ex vicepresidente Boudou por negociaciones incompatibles y cohecho, con el pedido de indagatoria a Ricardo Echegaray. Pero bajo la gestión de Crous, el organismo desistió de su rol en ese sentido. Además, abandonó su papel de acusador en la causa conocida como The Old Fund – la empresa vinculada a Boudou que compró Ciccone – donde se investigaron las coimas cobradas por esa sociedad fantasma y pagadas por el gobierno de Formosa para un asesoramiento inexistente. Esa causa -en la que está involucrado el gobernador formoseño Gildo Insfrán- pasó a la justicia ordinaria de Formosa.

La OA se retiró, a su vez, en otro expediente, desprendimiento en el que se sigue el rastro de la ruta del dinero usado para la compra de Ciccone. El organismo de control desistió de seguir como querellante, asimismo, en el expediente que investiga presunto enriquecimiento ilícito de Boudou.

También es querellante en el caso de las coimas cobradas por la sociedad The Old Fund y pagadas por el gobierno de Formosa para un asesoramiento inexistente. La empresa The Old Fund es la que compró Ciccone y está vinculada con Boudou. Esa causa-en la que está involucrado el gobernador formoseño Gildo Insfrán- pasó ahora a la justicia ordinaria de Formosa.

No fueron los únicos casos en que en el último gobierno decidió dar un paso al costado en causas de corrupción. También se retiró del expediente contra Carlos Liuzzi, segundo de Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica, abierto en su contra por enriquecimiento ilícito. Durante el gobierno de Macri, la Oficina Anticorrupción impulsó la investigación, pero en octubre de 2020, bajo la gestión de Crous, ese organismo renunció a su rol de querellante, y la causa terminó prescribiendo

Además, desistió en otras tres causas en las que está acusado Jaime, ex secretario de Transporte del kirchnerismo. En una de ellas, conocida como “trenes chatarra”, fue condenado junto a su asesor Manuel Vázquez, el ex ministro De Vido – de quien dependía el área de Transporte – por la compra de material ferroviario en desuso mal estado a España y Portugal por $25 millones de euros.

En otra, la investigación judicial se centró en la maniobra por la cual el Belgrano Cargas recibió pagos del Estado en concepto de reintegros de gastos, en base a la presentación de facturas apócrifas. La OA había solicitado ser parte querellante en 2012, pero se retiró en 2020.

En una tercera, se investiga a Jaime y a su asesor Manuel Vázquez por el presunto pago de sobornos y sobreprecios en el soterramiento del tren Sarmiento, obra adjudicada a la brasileña Odebrecht y la argentina IECSA, en ese momento propiedad de Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri. La OA fue aceptada como querellante en 2017, pero desistió de impulsar el proceso tres años más tarde.

El Ministerio de Planificación también estuvo involucrado en la causa de presuntos sobornos y sobreprecios en la construcción de una planta potabilizadora en el Tigre y otra depuradora en Berazategui, encargadas por la empresa AySA. Entre los acusados, están el entonces presidente de la firma, Carlos Ben, junto a otros ex funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas.

En la causa Once II, donde De Vido fue condenado por administración fraudulenta de los recursos del Estado que derivaron en la tragedia ferroviaria, la OA había apelado la absolución del ex ministro por el delito de estrago culposo en Casación. Pero el organismo, ya bajo la conducción de Crous, se retiró de ese expediente. El máximo tribunal penal federal del país confirmó la condena a cinco años y ocho meses de prisión en diciembre de 2020. El ex ministro apeló esa decisión ante la Corte Suprema.

El otrora poderoso ministro de Planificación Federal fue detenido por primera vez en la causa conocida como Río Turbio, acusado de un presunto fraude al Estado vinculado con la reactivación de esa mina en Santa Cruz. La OA se sumó como querellante en ese expediente en 2018, pero desistió de serlo dos años después con el cambio de Gobierno.

También la OA había intervenido en el expediente contra De vido por la entrega a la Cámara de Casación Federal, desde su Ministerio, de equipamiento de alta tecnología. Se retiró del expediente bajo la gestión de Crous.

Dejó, a su vez, el rol acusador en la causa contra los ex funcionarios de Cristina Kirchner a su entonces jefe de Gabinete Aníbal Fernández y su ministro de Salud Daniel Gollán, procesados por supuesto fraude en el Plan Qunita, a través del diseño del pliego “a medida” para favorecer a determinadas empresas. El programa consistía en el otorgamiento oficial de kits maternales para mujeres embarazadas.

Aníbal Fernández había sido también denunciado, mientras ocupaba ese cargo, por el otorgamiento de subsidios por $56 millones para construir canchas de hockey, una en cada provincia del país. La OA solicitó en febrero de 2018 su indagatoria, junto a la de su sucesor Jorge Capitanich. Pero dejó de impulsar el expediente en el gobierno del Frente de Todos.

Entre otros expedientes en los que la OA se retiró como acusadora figura el del enriquecimiento ilícito del ex secretario de Obras Públicas José López, condenado en 2019, después de que fuera descubierto tres años antes con bolsos con USD9 millones en un convento de General Rodríguez. La OA había ejercido el rol de querellante y el ex funcionario recibió una pena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia también ordenó el decomiso del dinero y bienes incautados al ex funcionario.

Otra investigación en la que intervino la OA hasta la llegada de Crous fue la del enriquecimiento ilícito del ex jefe del Ejército durante el kirchnerismo, César Milani, quien fue procesado por no haber podido justificar los ingresos para la compra de su casa. En agosto pasado, Casación anuló su absolución y ordenó dictar una nueva sentencia apuntando a la condena

También desistió de seguir interviniendo en la “Ruta del dinero k”, la principal causa contra Báez, en el que fue condenado por lavado de dinero, con la OA como querellante que había pedido una pena de ocho años y seis meses contra el empresario. Finalmente, Báez fue sentenciado a 12 años de prisión junto a sus hijos y su entorno cercano.

Otros cinco expedientes en los que la OA renunció a impulsar la acción penal fueron abiertos durante el gobierno de Néstor Kirchner. Uno, abierto en 2005, se refiere a la creación de la sociedad estatal LAFSA (tras absorber a LAPA y DINAR) que recibió fondos públicos sin que la empresa haya prestado servicio alguno, en el que fueron denunciados De Vido y Jaime.

En otro punto, desistió de ser querellante en la causa abierta en 2007 en la que se investiga el desempeño desleal por parte de los abogados que ejercieron la representación del Estado Nacional en la causa civil iniciada por los integrantes del denominado Grupo Greco, por la falta de ejecución del convenio celebrado, que derivó en la homologación judicial de la indemnización reclamada al Estado. El hecho, que ocurrió en los años 2004 y 2005, involucró a cuatro funcionarios públicos del Ministerio de Economía, cuya condena fue confirmada por la Cámara Federal de Casación en 2016.

Ese mismo año, el último de Kirchner, la ex secretaria de Ambiente Romina Picolotti fue denunciada por el presunto desvío de fondos públicos para gastos personales, multiplicar contratos de trabajo irregulares y realizar distintos gastos sin control alguno. En esta causa, la OA pidió ser querellante a finales de 2014, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Si bien la OA retiró su querella, Picolotti – quien llegó de la mano de Alberto Fernández a la secretaría de Ambiente durante el primer kirchnerismo – fue condenada a tres años de prisión en suspenso en 2023.

En ese último año de Néstor Kirchner, se abrió otra causa contra De Vido y Roberto Baratta, su poderoso número dos en el Ministerio, por la sospecha del pago de sobornos y sobreprecios en una obra de ampliación de gasoductos norte y sur entre 2006 y 2008 (también conocida como Skanska II), en la que habrían favorecido a la brasileña Odebrecht. Está procesado junto al ex secretario de Energía, Daniel Cameron por negociaciones incompatibles con la función pública”. La OA había sido aceptada como querellante en 2017, pero se retiró en el gobierno pasado. El expediente aguarda fecha de inicio de juicio oral.

Los expedientes residuales del menemismo

De las 35 causas en la que el organismo para prevenir y combatir la corrupción desistió de su rol como querellante, cuatro se vinculan a hechos ocurridos durante el menemismo, y siguen abiertas por alguna instancia de apelación y/o revisión. Dos tienen como acusado al ex presidente, ya fallecido, Carlos Menem y a ex funcionarios suyos.

En una de ellas, estaba imputado – además del ex presidente – también el ex secretario de Comunicaciones Germán Kammerath por irregularidades en el marco de la licitación convocada por la ex Comisión Nacional de Comunicaciones para la concesión de los servicios del espectro radioeléctrico. La investigación judicial se inició en 2001 a raíz de una denuncia de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Fernando de la Rúa por defraudación contra la administración pública. La licitación fue irregular e involucró denuncias por presuntos pagos de coimas por USD 25 millones girados desde Suiza. El caso había sido declarado prescripto, pero la OA apeló y la Corte reordenó su apertura en 2014. Casación allanó el camino para la realización del juicio oral.

En otro de los expedientes se investiga el pago de sobresueldos en el ámbito de la administración pública, y Menem estaba acusado junto a sus ex ministros de Economía Domingo Cavallo, y de Justicia Raúl Granillo Ocampo. El ex presidente fue condenado a cuatro años y medio de prisión, pero no empezó a cumplir la pena porque estaba pendiente, desde hace más de un año y medio, un recurso en la Corte.

En la tercera causa del menemismo, se investiga el pago de sobreprecios por el Estado Nacional de $120 millones a la multinacional IBM por la contratación de servicios informáticos que celebró la DGI en 1994. Veintiún años después, la causa llegó a juicio oral en octubre del 2015 luego de que la Cámara de Casación Penal revocara el sobreseimiento a 11 imputados, entre ellos a Ricardo Cossio, ex titular de la DGI, por entender que la acción penal se encontraba prescripta. Lo hizo a partir de los recursos de apelación presentados por la fiscalía y la Oficina Anticorrupción.

En otro de los expedientes de los que se retirara la OA se investigan presuntas irregularidades en la asistencia financiera del ex Banco Mayo y Medellín por parte del Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria (FFCB), con la participación del Banco Nación como fiduciario y la colaboración de la Superintendencia de Entidades Financieras del Banco Central. Entre los acusados, figura Pablo Guidotti, ex secretario de Hacienda durante el gobierno de Menem.

Idas y vueltas en la nueva gestión

El actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sostuvo en declaraciones periodística a finales del año pasado que iba a rectificar el artículo de la versión original de la Ley Bases que le restituía la facultad de querellar a la OA. El funcionario había dicho que el nuevo titular de la OA, el abogado Alejandro Melik, “no va a utilizar la Oficina Anticorrupción con fines políticos. Le quitamos la potestad de querellar, para eso están los fiscales y la UIF, lo mismo. Viola al principio de igualdad de armas. Las OA fue usada como un arma de guerra en todas las batallas, como la UIF y la AFI”.

Sin embargo, en febrero pasado, desde su cartera dejaron trascender que la Oficina evalúa volver a ser querellante en expedientes por presuntos casos de corrupción que involucran a ex funcionarios. Sin embargo, en la versión remozada y acortada del proyecto de la Ley Bases que promueve el oficialismo que obtuvo media sanción en Diputados, no fue incluido ningún cambio referido a la OA. La pregunta que se abre es si la Oficina podría volver a querellar en aquellas causas en las que su antecesor ya retiró la querella, y si los jueces la aceptarían nuevamente en su rol acusador.