La suerte de Pablo De la Torre ya estaba echada antes de que estallara la denuncia por los alimentos retenidos de manera indebida en galpones dependientes del Ministerio de Capital. Desde la semana pasada había empezado una investigación interna en el organismo que depende de Sandra Pettovello por sospechas en torno al sistema de contrataciones de personal en el área a su cargo. El funcionario desplazado viene de un municipio bonaerense como San Miguel, es hermano de Joaquín De la Torre, uno de los barones del Conurbano, no es un improvisado, por lo que se empezó a mirar con lupa quiénes estaban trabajando en su equipo y de qué manera se habían incorporado.
En este escenario, Infobae pudo confirmar que el Gobierno denunció penalmente a Pablo De la Torre, tras realizar una presentación en la Oficina Anticorrupción. La causa judicial se sorteará el lunes en la Justicia. Al parecer, el esquema que quedó bajo la lupa es una trama parecida al caso Julio “Chocolate” Rigau en la Legislatura bonaerense: cobrar salarios de contrataciones simuladas y, posiblemente, “facturas truchas” y aportes forzosos del orden del 12% de los ingresos.
“Hay una denuncia que impulsa la ministra Pettovello, porque es lo que corresponde ante una persona que efectivamente transmitió falta de transparencia en determinadas cuestiones. Pettovello hace la denuncia ante la Oficina Anticorrupción y no nos entrometemos más en ese proceso. Pido paciencia y cuando efectivamente haya un avance se los vamos a estar comunicando. Somos respetuosos de todas las partes, de todos los involucrados, que no solo es De la Torre”, afirmó esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Esa una definición críptica que sugiere pero no expone en toda su dimensión lo que se investigó en el Ministerio de Pettovello. De acuerdo con información transmitida por fuentes oficiales, a De la Torre se le pidió explicaciones por un acuerdo firmado con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) que le habría permitido contratar personal.
Según lo que pudo saber Infobae, se trata de unas 100 contrataciones que se habrían realizado mediante este acuerdo. La modalidad -de acuerdo a lo que se conoció en medio del escándalo por los alimentos retenidos a punto de vencer- era pagarle a la OEI una importante suma de dinero en concepto de asesoramiento y a su vez que ese organismo contratara personas que iban a reportar a la Secretaría de Niñez y Familia.
Con la llegada de Javier Milei a la Presidencia, uno de los problemas que afrontó desde el primer día fue la contratación y el pago de sueldos a funcionarios y empleados de jerárquicos. En direcciones, subdirecciones y hasta subsecretarías, la nueva gestión tuvo -y hasta hoy, a seis meses tiene- personal sin designación protocolizada y sin percibir ingresos, pero tomando decisiones y gestionando. En el entorno de Pablo De la Torre aseguran que esa modalidad de intermediación con la OEI buscó resolver esa complicación y que se hizo, supuestamente, con visto bueno de la ministra.
Pettovello no sólo que desconoció ese sistema paraoficial, sino que ordenó una investigación interna para conocer los alcances y las implicancias de este régimen. La sospecha es que parte de esos contratos se habría hecho de manera irregular como supuesto circuito de recaudación ilegal. “Por eso se llevó el teman a la Oficina Anticorrupción, para que se pase la lista de las contrataciones y que se revise uno por uno si corresponden a personas concretas”, explicaron las fuentes.
El escándalo que terminó con Pablo De la Torre eyectado del Gobierno empezó con una revelación periodística que señaló a Federico Fernández, director administrativo de la Secretaría, como un arrepentido del esquema que fue investigado y terminó con una denuncia penal.
“A De la Torre no lo echamos por el tema de la comida, lo echamos por algo mucho más grave”, explicó anoche una fuente calificada de la Casa Rosada. Fue en medio de la polémica por los alimentos que estaban en dos galpones -uno en Vicente López y el otro en Tucumán- algunos de los cuales estaban a punto de que se cumpla la fecha de vencimiento. Esta mañana, el propio vocero Adorni brindó una pista más sobre la situación.
El caso de los alimentos
El despido de Pablo De la Torre terminó conociéndose en medio de la crisis que se generó en torno a las denuncias que hicieron organizaciones sociales por la retención de alimentos en depósitos del Gobierno. Funcionarios nacionales primero habían afirmado que no habían alimentos retenidos, después que estaban pero estaban reservados para ser distribuidos en caso de catástrofe o emergencia y, finalmente, cuando la Justicia exigió un relevamiento pormenorizado reconoció que había, que algunos estaban cerca de su fecha de vencimiento y que, entre ellos, había leche en polvo.
Sobre ese tema habló el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos. “Por lo que me contó la ministra, la información que le habían brindado sobre estos alimentos en depósitos no incluyó que algunos tenían vencimientos, como el caso de la leche en polvo. Cuando se enteró que había leche en polvo con vencimiento en julio, Sandra Pettovello ordenó su inmediata distribución y tomó una medida con el funcionario a cargo, que derivó en su renuncia”, contó en radio Cadena 3.
A quien hoy es ex secretario de Niñez y Familia la ministra Pettovello le había pedido cuando empezó a tomar volumen el reclamo si lo que transmitían las organizaciones era cierto y, según trascendió de fuentes oficiales, De la Torre se lo negó. Desde el entorno del ex funcionario negaron todo y empezaron a responder políticamente. El senador Joaquín De la Torre pegó el portazo del bloque de La Libertad Avanza y el intendente de San Miguel, Jaime Méndez, advirtió: “Así va ser difícil seguir adelante”.
