El Gobierno denunció un sistema de recaudación política ilegal en el Ministerio de Capital Humano y apuntó contra Pablo De la Torre
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, estuvo durante varias horas frente un funcionario de tercer nivel del súper organismo que creó Javier Milei en su objetivo por achicar la burocracia, reducir el Estado y abarcar en un solo lugar las políticas de contención, salud y trabajo. Lo interrogó respecto a lo que había trascendido periodísticamente sobre la existencia de un circuito ilegal de recaudación política mediante contratos con una ONG internacional. El funcionario respondía evasivas, pero la información que lo salpicaba era tan precisa que terminó confesando y apuntando contra su superior jerárquico. Fue entre el lunes y el martes. El miércoles el caso terminó en la Oficina Anticorrupción y ayer, con más pruebas, todo llegó a la Justicia.
El principal acusado es Pablo De la Torre, quien fue hasta el jueves secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, virtual número dos del súper Ministerio y hermano menor de Joaquín De la Torre, un ex intendente de San Miguel y baqueano del poder del conurbano bonaerense. El ahora ex funcionario había sido despedido en medio de otro escándalo que atravesó a Capital Humano, relacionado con alimento acopiado en galpones que se descubrió que están a días de llegar a su vencimiento. Mientras sotto voce se hablaba de los contratos sospechosos, la dimensión del hallazgo de leche y harina a punto de quedar no apto para el consumo se llevó la razón principal del despido.
El mismo jueves Infobae destacó que en la Casa Rosada se desvinculó el desplazamiento del tema de la comida. “No fue por los alimentos que lo echaron. El malestar venía de antes y aparecieron hechos graves que hicieron tomar la decisión”, sugirió un funcionario con despacho cerca de Milei. En la conferencia matutina del viernes, Manuel Adorni, como vocero presidencial, fue un paso más allá, pero sin echar luz del todo sobre lo que había ocurrido: “Hay una denuncia que impulsa la ministra Pettovello, porque es lo que corresponde ante una persona que efectivamente transmitió falta de transparencia en determinadas cuestiones. Hace la denuncia ante la Oficina Anticorrupción y no nos entrometemos más en ese proceso. Cuando efectivamente haya un avance se los vamos a estar comunicando. Somos respetuosos de todas las partes, de todos los involucrados, que no solo es De la Torre”.
Y el avance ocurrió este viernes. Este medio adelantó que efectivamente el Gobierno había tomado la decisión de ir a la Justicia para denunciar penalmente a De la Torre, por la supuesta creación de un sistema de recaudación política ilegal montado en torno a contratos firmados con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Esta ONG tiene convenios marco de cooperación vigentes con el gobierno argentino que vienen de gestiones anteriores para asesoramiento y servicios.
La OEI recibió este año cerca de mil millones de pesos por acuerdos firmados por el propio De la Torre y éste a su vez habría entregado al menos 100 nombres para hacerlos figurar como contratados. Lo que la Justicia deberá investigar -la causa se va a sortear el viernes en el fuero federal, en Comodoro Py- es cuántos de ese centenar eran contratos reales, si hubo identidades fraguadas y si, del monto que figuraba en esos contratos, había una retención compulsiva, un peaje o un “aporte voluntario” del contratado.
Esas tres irregularidades que presuntamente ocurrían con los contratos fueron mencionadas por el director de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. “Es un escándalo que mezcla a Chocolate Rigau con los piqueteros”, resumió uno de los informantes que habló off the record sobre lo que pasó la última semana en el seno del Ministerio de Capital Humano.
La referencia es al caso de Julio “Chocolate” Rigau, el puntero peronista que administraba cientos de tarjetas de débito de contratos falsos que pagaba todos los meses la Legislatura bonaerense y que servían de sistema de recaudación ilegal. Y apunta a otra investigación, que casualmente también está en el juzgado de Sebastián Casanello, que trata de determinar si existieron extorsiones, fraude y también facturas truchas en organizaciones piqueteras que gestionaban planes sociales otorgado por el gobierno nacional.
Para el Gobierno tanto el escándalo de la comida arrumbada en los galpones como el hallazgo de un supuesto circuito de recaudación política ilegal no están del todo desligado. En la Casa Rosada crecen las sospechas y no descartan que “algunos se quieran llevar puesta a Sandra Pettovello”.
Del off a la versión oficial
Más allá de los trascendidos y las versiones dichas a media voz, la Organización de Estados Iberoamericanos difundió anoche un comunicado oficial que trató de despegarse del escándalo, pero admite aspectos clave de los acuerdos. Son la base a partir de la cual se habrían hecho las trampas. La ONG confirmó que tiene “convenios suscritos con el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad”.
Y agrega: “Desde el inicio de la gestión actual, el Ministerio de Capital Humano y la OEI firmaron un convenio para la prestación de servicios de personal transitorio y la adquisición de alimentos destinados a mejorar la calidad nutricional de familias en situación de vulnerabilidad. Este acuerdo permitió un ahorro del 40% en los precios de referencia, superior a los 2.500.000.000 de pesos. Los costos administrativos, que representan el 5% del total adjudicado, se destinan a gastos bancarios, auditorías y recursos humanos, con el excedente es reinvertido en nuevos proyectos de cooperación”.
“En relación con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la OEI llevó a cabo la contratación de prestadores para diversas funciones solicitadas por dicha dependencia. La selección de perfiles corresponde exclusivamente a la Secretaría, mientras que la OEI se limita a ejecutar las decisiones y procedimientos establecidos por esta. Además, cualquier inconsistencia detectada en los procesos es comunicada fehacientemente, para que la Secretaría determine las acciones a seguir, reafirmando el compromiso de la OEI con la transparencia y la rendición de cuentas”, consignó.
¿Ahora por qué los acuerdos? La OEI apareció en el Ministerio de Capital Humano como un atajo para sortear las limitaciones legales para contratar gente, las demoras en la gestión de Milei para nombrar, protocolizar y hacer que los empleados jerárquicos cobren sus sueldos, y el techo del “No hay plata” que aplicó el líder libertario como política salarial de su gobierno, que deprimió al extremo los sueldos que perciben los funcionarios. “Se hacían caja para reforzar sueldos que son muy bajos y no se condicen con el nivel de responsabilidad que tienen”, admitieron fuentes que conocen la investigación.
Son los mismos que defienden al funcionario despedido, una decisión grave que ya tuvo fuertes consecuencias políticas. Joaquín De la Torre rompió el bloque libertario en el Senado provincial y armó un bloque unipersonal. El intendente de San Miguel, Jaime Méndez, que responde al senador, tuvo una fuerte definición: “Así va ser difícil seguir adelante”.
