Hay gasolineras vendiendo combustible demasiado barato: Hacienda ya investiga un fraude de «1.000 millones de euros»
Hasta 40 céntimos/litro que no les dejan competir. Esto es lo que denuncia la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar) que ha lanzado un aviso a la CNMC: "algunos empresarios no están pudiendo competir y están teniendo que cerrar".
¿Qué está pasando? Según la Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP, que agrupa a las grandes petroleras Repsol, Cepsa, BP, Galp, Saras y Gunvor) y organizaciones de gasolineras independientes (Aevecar, UPI y CEEES), algunas empresas están tirando los precios de los carburantes por debajo de coste.
Aseguran que estas compañías están ofreciendo carburante hasta 40 céntimos/litro por debajo del precio de mercado porque luego no declaran a Hacienda el IVA que les han hecho pagar a los clientes. Esto les permite bajar sus precios, vender a un mayor volumen y compensar ese precio antocompetitivo.
¿De cuánto dinero estamos hablando? Según cálculos realizados por las anteriores agrupaciones, en 2022 este supuesto fraude en la declaración del IVA se elevó hasta los 700 millones de euros. En 2023, aseguran, se ha elevado hasta los 1.000 millones de euros, por lo que reclaman medidas urgentes del Gobierno.
“Me gustaría que la CNMC también entrase en este caso. Lo que queremos es poder trabajar en paz. Estamos hablando de auténticos delincuentes”, ha asegurado Víctor García Nebreda (Aevecar) en palabras recogidas por Cinco Días.
¿Está muy extendido? Las patronales aseguran que sí. "Entre el 25% y el 30% de las ventas totales en España", cifra Luis Nieves, presidente de la asociación sectorial UPI, recogen en El Periódico de España.
El pasado mes de marzo, la Guardia Civil llevó a cabo una investigación a gran escala. Se puso el foco en hasta 400 estaciones de servicio repartidas por 14 comunidades autónomas. En la investigación se han pedido "datos en tiempo real de los proveedores de estas estaciones de servicio al objeto de detectar posibles sociedades instrumentales que puedan formar parte de entramados de fraude de IVA en el sector", señalan en La Razón.
También explican que se ha solicitado a estas empresas el lugar de procedencia del producto, justificantes y precios de suministros o los medios de cobros al consumidor. En el foco están empresas que han disparado sus beneficios y su facturación en los últimos meses.
¿Una solución o un parche? A finales de 2023, el Gobierno ideó una medida para frenar este fraude. Entonces aseguró que la redacción de la Ley de Hidrocarburos de 1998 estaba siendo utilizada por algunas empresas que no estaban definidas como "distribuidoras al por menor" pero, al mismo tiempo, "tampoco cumplen los requisitos para ser operadores al por mayor". Sin embargo, "están realizando este suministro sin asumir ninguna de sus obligaciones sectoriales”.
Con el cambio en la redacción se especifica que el también las distribuidoras al por menos tienen acceso a los oleoductos o almacenamientos (antes se podía entender que solo tenían acceso las compañías de venta mayorista) y, por lo tanto, deben cumplir con las mismas obligaciones fiscales.
Las patronales, sin embargo, aseguran que estos cambios no han tenido ninguna repercusión y que, al contrario, el fraude se ha disparado desde que se pusiera en marcha la nueva norma. La moratoria de tres meses hasta que se ha aplicado la reforma ha sido la causante del aumento del fraude. En el cambio de norma, sin embargo, se aumenta la capacidad del Gobierno para sancionar a las empresas.
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Un crecimiento disparado. Para entender la acogida entre los consumidores de este combustible "barato" que se está vendiendo en nuestro país, El Mundo asegura que una de las compañías en las que Hacienda ha puesto el ojo es Biomar Oil.
Hace tiempo que se habla de la empresa en el sector e, incluso, se la ha acusado de comprar diésel ruso para abaratar sus precios. Algo que ellos desmentían a El Confidencial. Sus ventas de combustible se han disparado en los últimos dos años y han pasado de facturar 25 millones de euros en 2021 a superar los 1.000 millones de euros en facturación en 2022. Y se calcula que duplicó sus ventas en 2023.
Este tipo de prácticas, sostienen desde las patronales, se han podido llevar a cabo porque no se realiza el pago del IVA antes de que los carburantes puedan extraerse de los propios depósitos en los que se almacena y así reducir las opciones de los defraudadores, como proponen. También piden liquidaciones mensuales de IVA y la expulsión de los operadores sancionados.
Imagen | engin akyurt
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