Trabajo pisa el acelerador para la reducción de jornada a 37,5 horas: nuevo registro digital y sanciones más duras
El Ministerio de Trabajo y Economía Social trasladó a los agentes sociales el borrador de la ley que regulará la aplicación de la reducción de la jornada laboral de las actuales 40 horas semanales a 38,5 horas a finales de año y 37,5 horas a partir del 1 de enero de 2025.
El borrador enviado por el Ministerio es un nuevo punto de partida para desbloquear posiciones entre sindicatos, patronal y Gobierno, que quedaron encalladas en la anterior mesa de negociación. Con esta medida, del ejecutivo fija el mes de julio como fecha límite para que los agentes sociales aporten sus propuestas y se inicie su trámite parlamentario antes del parón del verano.
El actual registro horario es un desastre. Uno de los puntos más calientes de la negociación por la reducción de la jornada laboral se ha centrado en crear un sistema de registro de jornada digital que asegure el cumplimiento de esta reducción.
En la actualidad, las empresas tenían la obligación de llevar un registro de jornada de todos sus empleados. Sin embargo, este sistema se ha mostrado como un coladero para el fraude. El más habitual era presentar hojas de registro horario manuscritas que podían ser fácilmente manipulables por la empresa.
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El Ministerio pide un registro digital de la jornada. El borrador enviado a los agentes sociales incluye la propuesta de creación de un registro digital que la empresa no podría manipular y que permanecería accesible para el empleado, la Inspección de Trabajo y representantes sindicales.
La propuesta del Ministerio de Trabajo no aclara cómo se implementaría ese registro de jornada digital ni si estará habilitado para cuando entre en vigor el primer tramo de reducción de jornada antes de finales de 2024. La única referencia se remite a un reglamento que lo regulará y que se prevé que se apruebe en un plazo de seis meses.
Sanciones por no aplicar la reducción de jornada. Lo que sí ha dejado claro el documento de negociación del Ministerio es que no cumplir con la reducción de jornada tendrá sanciones económicas para la empresa. Según el borrador, Trabajo quiere multar con sanciones que van desde los 1.000 euros para las más leves hasta 10.000 euros por trabajador para las más graves, a las empresas que incumplan con el registro horario y la reducción de la jornada semanal.
Esto supone un gran endurecimiento de las sanciones por falsear los datos de registro de la jornada laboral. Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS) actual establece multas de 750 euros para las infracciones leves y de hasta 7.500 euros para las más graves. Además, se amplía la consideración a una infracción por cada empleado, no como infracción única para la empresa, con lo cual el coste de la multa se eleva considerablemente.
La patronal pide un incremento de horas extra, una línea roja para los sindicatos. El registro de la jornada establecerá que todo el tiempo transcurrido entre la hora de inicio y fin de la jornada será tiempo de trabajo efectivo, por lo que todo el tiempo que exceda la jornada laboral será considerado horas extras o complementarias.
En esta línea, la patronal CEOE exigía elevar el límite anual de horas extras permitidas de las 80 horas actuales, a 150 horas extras por trabajador. La medida no ha sido bien acogida por el Ejecutivo, que no ha incluido esta demanda en su borrador. Por su parte, los sindicatos estarían a favor de este incremento condicionado a un recargo del 25% en el precio de cada hora extra.
Los contratos a tiempo parcial de 37,5 horas dejarán de serlo. La nueva propuesta que el Gobierno ha remitido a los agentes sociales contempla que los contratos a tiempo parcial que igualen en tiempo la nueva jornada reducida, pasarán a tener consideración de contrato a tiempo completo. Es decir, si un contrato a tiempo parcial actualmente contempla una jornada de 37,5 horas semanales, en enero de 2025 pasará a considerarse de tiempo completo porque alcanza el 100% de la jornada permitida.
Los contratos a media jornada, tendrán incremento salarial. De la misma forma, para aquellos empleados con reducción de jornada o a tiempo parcial, el borrador del Ministerio establece que “tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas de trabajo que viniesen efectuando”, pero se les aplicará un “incremento proporcional de su salario”, en función de lo que su jornada represente sobre la nueva jornada semanal reducida.
De lo contrario, estos trabajadores estarían en desigualdad con respecto al resto de empleados a jornada completa que harían menos horas con el mismo salario.
Una semana para aportar nuevas propuestas al borrador. Con la presentación de este borrador, el Ministerio de Trabajo y Economía Social pisa el acelerador para la aprobación de la nueva ley de reducción de jornada, urgiendo a las partes a presentar sus propuestas, ante la actitud pasiva de la patronal.
“El Gobierno tiene un compromiso con el diálogo social, pero también con los ciudadanos de este país. La reducción de jornada debe entrar antes de final de este año e ir asentándose durante el 2025. No permitiremos que esta mesa de diálogo sea una mesa dilatoria”, afirmaba en rueda de prensa Joaquín Pérez-Rey, secretario de Estado de Empleo.
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