Minutos antes de las 11 de la mañana comenzará a sonar la chicharra en los pasillos del Senado de la Nación que llama a los legisladores para que bajen al recinto para dar inicio a una nueva sesión en la Cámara Alta.
Se prevé que no habrá problemas de asistencia ni la típica jugada de esperar detrás del cortinado y que rápidamente se conseguirá el quórum, ya que el temario no tiene rispideces. Sólo habrá un momento de debate en donde Unión por la Patria pedirá tratar sobre tablas la movilidad jubilatoria pero parte de la oposición dialoguista no prestará los votos.
El encuentro de hoy será para aprobar los ascensos militares de los jefes de las Fuerzas Armadas y de diplomáticos de carrera. Además, sancionará la ley que decreta el duelo nacional del 18 de julio por el atentado contra la AMIA.
Los pliegos militares se dictaminaron el jueves pasado en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que comanda la legisladora Guadalupe Tagliaferri (PRO). Allí se trataron los ascensos hacia el grado inmediato superior al Contraalmirante Carlos María Allievi (Armada), al General de Brigada Carlos Alberto Presti (Ejército) y al Brigadier Mayor Fernando Luis Mengo (Fuerza Aérea).
En esa reunión de comisión sólo se separó un pliego de los propuestos para los ascensos militares. En la previa al debate en la Comisión de Acuerdos se conoció y comenzó una investigación por los “bautismos” con cal a paracaidistas ocurridos en Córdoba, en mayo pasado, por lo que se separó un caso y su despacho deberá esperar a que se resuelva la investigación.
Además de los ascensos de los militares y embajadores, el Senado sancionará el proyecto de ley que ya cuenta con media sanción de Diputados que declara “el 18 de julio de cada año como Día de Duelo Nacional, en homenaje a las víctimas del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 en la sede de la Asociación Israelita Argentina (AMIA) contra la República Argentina”.
El texto de la norma cuya autora fue la diputada del PRO Sabrina Ajmechet, establece que el 18 de julio, “la Bandera Nacional permanecerá izada a media asta en los edificios y lugares públicos” y que “el Ministerio de Educación, mediante el Consejo Federal de Educación, en coordinación con las autoridades educativas de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, dispondrá los medios necesarios a fin de que los establecimientos de educación pública primarios y secundarios de gestión estatal y privada, organicen y desarrollen actividades conmemorativas para dicha fecha”. Otro punto del proyecto es que se “invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar similares medidas”.
Otra ley a tratar es la que despachó días atrás la comisión de Justicia, de la radical Carolina Losada, y que está atada a la actualidad del caso Loan -el niño que desapareció en Corrientes-, que impone “prisión de cuatro (4) a diez (10) años al que reciba y a quien entregue un niño o niña, haya mediado o no precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación”.
La propuesta reprimirá “con prisión de cinco (5) a quince (15) años quien facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la perpetración de los delitos” relacionados con este tema, que se encuentran en el Código Penal.
Por otra parte, “el funcionario o empleado público, profesional o personal de la salud, abogado, encargado de la educación o de la guarda de la persona menor de edad, o miembro de organizaciones especializadas en adopción que, en el ejercicio de su actividad, incurriere o participare de cualquier modo en alguna de las conductas previstas en este capítulo, será reprimido con prisión de cuatro (4) a diez (10) años y se le aplicará la accesoria de inhabilitación especial por el doble del tiempo que el de la condena”.
El proyecto de la senadora santafesina por la UCR llega en el momento en el que se investiga la desaparición de un niño en Corrientes, de Loan Danilo Peña, de 5 años, que lleva 21 días desaparecido.
