Tras el vendaval político que significó la definición de YPF de instalar la planta de GNL -que hará junto a la malaya Petronas- en la provincia de Río Negro en lugar de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, el sistema político bonaerense empieza a reconfigurarse y seguir su marcha. En este marco, el peronismo insistirá con el proyecto de ley para actualizar las indemnizaciones por despido que ya fue sancionado en la Cámara de Diputados y empieza su recorrido en el Senado.
La iniciativa había levantado revuelo en el sector empresarial al considerar que iba en desmedro de la generación de empleo. En rigor, lo que propone el proyecto impulsado por las diputadas de Unión por la Patria, Maite Alvado y Soledad Alonso, es modificar el artículo 48 de la Ley de procedimiento laboral bonaerense y sustituir en los juicios laborales la tasa pasiva que se aplica para calcular los intereses al monto indemnizatorio por la del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y agregar una carga del 6%; como ocurre en otras jurisdicciones. Básicamente es actualizar la suma de la indemnización entre que se resuelve un caso y el momento en que se hace efectiva la compensación. Las legisladoras argumentan que producto de la inflación y los prolongados tiempos judiciales, al momento de ser indemnizados, esa compensación es menor -en términos reales- a lo que sentencia un juez laboral.
El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados, se giró al Senado y no tuvo mayores movimientos hasta semana cuando se determinó que ingresará en el orden del día de la reunión de comisión de Trabajo y Legislación General de la Cámara Alta que se reunirá el próximo martes.
Se descuenta que la iniciativa tendrá un dictamen favorable en mayoría, pues en la comisión de Trabajo que preside la senadora María Rosa Martínez, Unión por la Patria tiene más presencia que la oposición. Cinco senadores del peronismo contra cuatro repartidos entre el PRO y la UCR.
El proyecto tiene asignada además dos comisiones más: Legislación General y Asuntos Constitucionales y Acuerdos. Allí, también hay mayoría de Unión por la Patria. Pero, a priori, el mapeo cambia cuando se trata de la votación en el recinto. Es que en principio el PRO, la UCR, La Libertad Avanza I, el unibloque Buenos Aires Libre y el bloque libertario que no responde a Milei no acompañarán la iniciativa. Lo que pone al peronismo a trazar una estrategia legislativa cuesta arriba.
Con los tres despachos a favor, Unión por la Patria necesita de tres legisladores aliados que acompañen en el recinto ya que entraría en el orden del día. En esa secuencia, las miradas se posan sobre los integrantes del bloque La Libertad Avanza que preside Sergio Vargas y que completan Carlos Kikuchi y Silvana Ventura; quiénes han tenido una posición más flexible en algunos temas propuestos por el Ejecutivo o por el propio oficialismo legislativo.
Sin embargo, según la senadora Florencia Arietto, ese bloque de legisladores que ingresaron al senado en la boleta de La Libertad Avanza, pero luego constituyeron un bloque aparte -aunque sigan usando la denominación del partido de Javier Milei-, tampoco acompañarán la iniciativa.
Así lo dejó asentado Arietto cuando a mediados de junio del año pasado; los bloques opositores se reunieron con distintas entidades empresariales y productivas de la provincia de Buenos Aires que temen por el avance de la normativa. En esa reunión, la senadora Arietto dijo ante los presentes que sus colegas no iban a respaldar la iniciativa, pese a que no participaban del encuentro.
“Nosotros somos generadores de empleo genuino y estamos muy preocupados. Si se aprueba la modificación del Art. 48 nos obliga a los empresarios a no tomar nuevos empleados y nos deja en jaque ante un eventual juicio laboral porque ya tenemos en la actualidad juicios cuyos montos se multiplicaron por 40 en el último período”, planteó el presidente de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA), Camilo Kahale. Puertas adentro, en el Ejecutivo bonaerense toman cierta distancia de la iniciativa destacando que se trata de un proyecto elaborado por legisladoras de UP. Sin embargo, al momento de su presentación el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, acompañó la iniciativa que se discutirá formalmente este martes.
Además del proyecto para actualizar indemnizaciones por despidos, el oficialismo también intenta lentamente mover otros proyectos en el Senado pero que son de autoría del Ejecutivo; como la creación de una empresa de emergencias de carácter estatal o la implementación de una ley de góndolas en supermercados y grandes cadenas. Para cualquier iniciativa, Unión por la Patria requiere del respaldo de un sector de la oposición; ya sea explícito o implícito.
Desde los bloques más duros tanto en el Senado como en Diputados advierten a Infobae, que pese a los proyectos que quiera tratar tanto Kicillof como UP, seguirán insistiendo en que la Provincia debe adherir explícitamente al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), tal como lo hizo Río Negro en lo que fue el marco de la disputa por la planta de GNL. En el PRO, la UCR y los espacios libertarios coinciden en que con esa jugada, el gobernador Alberto Weretilneck terminó de asegurarse la locación del megaproyecto que implica una inversión inicial de 30 mil millones de dólares. “No podemos perder más inversiones porque Kicillof no quiera adherir al RIGI, vamos a seguir con el tema”, asevera un senador bonaerense del PRO.
Para Kicillof, la definición de la petrolera estatal no tiene que ver con la adhesión o no al RIGI de parte de Buenos Aires, sino que estuvo atada a una decisión política del presidente Javier Milei, de atacar a la administración bonaerense: en La Plata hablan de “un plan sistemático” y que GNL es un capítulo más de la saga; ya que el régimen en cuestión es de índole nacional y ya rige una vez aprobada la Ley Bases.
