La UCR suspendió a los diputados que apoyaron el veto de Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria
Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat y Pablo Cervi fueron suspendidos por el partido y dejarán de formar parte del bloque de la Unión Cívica Radical, al menos mientras dure la investigación que llevará adelante el Tribunal de Ética. La sanción es consecuencia de su cambio de posición, ya que primero votaron a favor de la ley de movilidad jubilatoria y luego apoyaron el veto del presidente Javier Milei a la norma, contrariando el mandato del partido.
Así lo decidió la mesa directiva de la Convención Nacional, liderada por Gastón Manes y Hernán Rossi, que resolvió suspender la afiliación partidaria de cuatro de los cinco legisladores disidentes. El caso de José Tournier —el quinto voto— es particular, ya que, aunque integra el bloque de la UCR en la Cámara baja, no tiene afiliación formal en el partido.
En la misma reunión se discutió la situación de Roxana Reyes y Gerardo Cipolini, los dos legisladores del bloque que, aunque no votaron en contra de la ley, se ausentaron durante el debate.
La votación en la mesa fue de 11 a 1 para elevar al tribunal los seis casos. El único voto negativo fue de Andrés Lombardi (Mendoza), perteneciente al sector radical que lidera Alfredo Cornejo, gobernador de la provincia y cercano a la Casa Rosada. Además, se aprobó por 10 votos contra 2 suspender preventivamente a los cuatro diputados que aparecieron en la foto con Milei, con el representante de Misiones uniéndose a Mendoza en la votación en contra.
La resolución sostiene: “Al tratarse el veto presidencial, cuatro Diputados Nacionales afiliados a la Unión Cívica Radical e integrantes de nuestro bloque se apartaron de lo que ellos mismos habían sostenido en la primera votación y acompañaron el veto presidencial, incurriendo en una grave inconducta partidaria y generando un grave daño a la credibilidad y honor de nuestro partido. Aún más graves fueron los argumentos esgrimidos durante la sesión y en los medios de comunicación, en el sentido de que se habían equivocado en los cálculos, y que su brusco cambio de opinión se fundaba en la necesidad de garantizar el equilibrio fiscal”.
Ahora, los diputados deberán comparecer ante el Tribunal de Ética del partido, que está compuesto por tres integrantes: Alicia Tate de Santa Fe, Juan Pedro Tunessi de Buenos Aires y Ricardo Barrios Arrechea de Misiones. Ellos serán los encargados de definir la sanción final para los diputados radicales.
El resto del bloque también expresó su descontento por escrito, manifestando su enojo con el grupo de los cinco radicales disidentes. “Los/las diputados y diputadas del bloque de la Unión Cívica Radical expresamos nuestro malestar y repudio con la actitud adoptada por cinco diputados integrantes de nuestro bloque que rompieron un acuerdo unánime y cambiaron su voto para acompañar el veto total del Gobierno a la ley previsional, causando así un daño sobre la credibilidad y ética de sus posiciones del radicalismo frente a la ciudadanía”, expresa un fragmento del texto firmado por otros miembros del espacio, entre ellos Facundo Manes, Manuel Aguirre, Marcela Antola, Fernando Carbajal, Ana Carla Carrizo, Mariela Coletta, Marcela Coli, Pablo Juliano, Juan Carlos Polini, Jorge Rizzotti y Danya Tavela.
El Congreso de la Nación había aprobado un incremento de las jubilaciones. Desde el Poder Ejecutivo, el presidente Javier Milei dispuso el veto de la norma, argumentando que afectaría la base de su política económica, el superávit fiscal. En medio de esa discusión, los bloques opositores intentaron insistir en la imposición de la ley para recomponer los haberes de los jubilados. Para ratificarla, necesitaban los dos tercios del total de los votos, es decir, el apoyo de 162 diputados. Tanto los votos en contra como las ausencias fueron funcionales al objetivo del Gobierno, que finalmente logró vetar la ley.
Este domingo, durante la presentación del Presupuesto 2025 ante el Congreso, el presidente Javier Milei propuso que toda iniciativa que implique un mayor gasto para el Estado incluya una fuente de financiamiento para tal fin. En otras palabras, cada propuesta que implique gasto debe especificar cómo se pagará.
“No estamos echando a nadie, ellos se han ido solos”, manifestaron desde el partido en relación con el futuro de los diputados radicales que acompañaron el veto del presidente Milei.
