François Valérian, presidente de Transparencia Internacional: “La corrupción es el abuso de poder”

François Valérian fue electo presidente de Transparencia Internacional (TI) el año pasado, y esta es su primera vez en Argentina. Vino para participar de la cena por los 35 años de Poder Ciudadano, capítulo local de la organización, y abrir una jornada sobre “El rol de la Justicia combatiendo la corrupción transnacional. El caso Venezuela” que tendrá lugar durante esta mañana en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.

Llegó al cargo luego de integrar, desde 2019, la junta directiva de TI, organización mundial líder en la lucha contra la corrupción, creada en 1993, y cuya sede central está en Berlín, Alemania. Ex líder de programas de integridad empresarial en la Secretaría de TI, desde 2013 hasta 2023 integró el cuerpo directivo de Transparencia Internacional Francia, donde trabajó en flujos financieros ilícitos, integridad política y litigios estratégicos.

Autor de varios libros – entre ellos, Crisis en la gobernanza. Ética empresarial y la carrera por el beneficio-, Valérian tiene un doctorado en Historia y fue profesor de finanzas, regulación y supervisión financiera en la École des Mines de París, entre otras instituciones francesas.

La mañana siguiente a la cena por el aniversario de Poder Ciudadano, dialogó con Infobae en un fluido español aprendido durante la pandemia. La noche anterior se había cruzado con Patricia Bullrich, la única asistente de primera línea del Gobierno nacional a la celebración, que reunió una nutrida cantidad de miembros del Poder Judicial, políticos, empresarios y personalidades, entre los 450 asistentes al Hotel Sheraton. Si bien fueron invitados, la mayoría de los integrantes de Gabinete se excusaron por problemas de agenda. El presidente Javier Milei y su hermana Karina respondieron en una misiva a la ONG que “agradecían la invitación” y “valoraban la tarea” desplegada por Poder Ciudadano en sus 35 años de existencia.

Con una cargada agenda en su paso por Buenos Aires, antes de partir esta noche, Valérian tenía previsto ayer por la tarde un encuentro en la residencia del embajador de Estados Unidos con Mark Stanley; la representante del Reino Unido, Kirsty Hayes; el de Francia, Romain Nadal; y el de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico.

Valérian puso el acento en la entrevista en el rol de la Justicia al asegurar que en muchos países “el Poder Judicial no tiene los recursos humanos o financieros necesarios para perseguir verdaderamente los casos de corrupción”, o “está capturado por el Poder Ejecutivo o por intereses privados o criminales”. En ese sentido, alertó que “la corrupción es el abuso de poder” y que el debilitamiento de la Justicia, “lleva a la concentración del abuso de poder” en el Ejecutivo.

También destacó el rol de la cooperación internacional entre gobiernos y sistemas judiciales para “derrotar la economía global de la corrupción”, en la que incluyó desde el pago de sobornos en distintos países, hasta los flujos financieros de dinero sucio hacia inversiones en Suiza, Francia, Estados Unidos o el Reino Unido.

-El último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023, elaborado por Transparencia Internacional, muestra que la mayoría de los países lograron mínimos o nulos avances en combatir la corrupción en el sector público. Por 12 años consecutivos, el promedio global del IPC se mantiene sin variaciones en 43 puntos y, al menos, más de dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50, cuando el máximo de transparencia es 100. ¿Por qué, si hay una mayor conciencia social sobre la necesidad de combatir la corrupción, sigue siendo un problema grave en muchos países?

– Porque hemos llegado a un punto de inflexión en esa lucha. Hemos conseguido muchas leyes, convenciones internacionales e instituciones cuya función es contrarrestar la corrupción. Pero lo que falta, ahora más que nunca, es que todo eso se ponga en práctica y se cambie la forma de ejercer el poder.

-O sea, ¿hubo avances con las normas pero no se volcaron a la práctica?

-Exactamente. Esas normas no se llevaron a la práctica porque el Poder Judicial no tiene los recursos humanos o financieros necesarios para perseguir verdaderamente los casos de corrupción. Y en muchos países, es capturado por el Poder Ejecutivo o por intereses privados o criminales.

-Latinoamérica no es la excepción. ¿Por qué, excepto en algunos casos como Uruguay o Chile, la región no pudo reducir sus niveles de corrupción en el sector público?

-No es la única. Otras regiones tampoco lograron reducir su nivel de corrupción por esto que mencionaba, la falta de puesta en práctica de todas esas leyes e instituciones, y también por la existencia de otros dos desafíos. Por un lado, las economías nacionales de la corrupción son parte de una economía global con flujos corruptos que cruzan las fronteras y son invertidos en algunos países del norte global. Y todo eso alimenta la corrupción de varios países. Y por el otro, está la narrativa global del hombre fuerte del gobierno que concentra todos los poderes. Según esta idea, ese sistema de gobierno sería más eficaz que las democracias tradicionales, cuando sabemos que la concentración de poder lleva a la concentración del abuso de poder.

– En ese sentido, ¿la corrupción hoy es tanto transnacional como local?

-Ambas. Es un sistema. Hay dinero que es robado localmente o en cada país. Y ese dinero cruza las fronteras a través de paraísos fiscales o de plataformas de criptomonedas. Y cada año, un billón, o sea, un millón de millones de dólares de dinero corrupto cruza las fronteras para ser invertidos en los mercados inmobiliarios o financieros de algunos países. Y eso tiene una vinculación estrecha con la corrupción local, porque la falta de ese dinero en los países de origen crea un vacío que explica la situación de la gente y de los servicios públicos que necesitan. Hay innumerables víctimas de la corrupción que quieren un acceso mínimo a servicios públicos básicos – que son disfuncionales – y lo terminan obteniendo teniendo que pagar coimas monetarias o sexuales, pedidas por personas con una porción de poder político.

-Los países con puntuación baja en el IPC también obtuvieron puntuaciones bajas en el Índice de Estado de Derecho, lo que revela que existe una conexión clara entre el acceso a la justicia y la corrupción. ¿Cómo la explicaría?

-La corrupción es el abuso de poder. La corrupción existe cuando líderes que están a cargo del poder, lo utilizan en su interés. Y es posible que persista por la impunidad. Cuando tenemos un Estado de derecho que funciona, también tenemos las infraestructuras jurídicas para contrarrestar ese abuso de poder.

-Argentina obtuvo solo 37 puntos sobre 100 asignados al país más transparente, según la edición 2023 del índice de Transparencia Internacional. Bajó del puesto 94 al 98 en un año. Desde el final del gobierno de Mauricio Macri descendió 32 lugares. ¿Cómo lo explica?

– Es una pregunta podría ser respondida mejor por Poder Ciudadano que conoce la situación del país. Pero en términos más generales, hay una vinculación entre la puntuación de un país en el Índice de Percepción de la Corrupción y la voluntad política de adoptar leyes y de ponerlas en práctica para combatirla. El Índice es un promedio de varias fuentes. Cuando los expertos de esas fuentes o la comunidad internacional perciben que un gobierno quiere hacer algo contra la corrupción, es mejor la puntuación del país.

-Mañana va a ser el primer orador del evento “El rol de la Justicia combatiendo la corrupción transnacional. El caso Venezuela” co-organizado por el CPACF, Poder Ciudadano, Transparencia Venezuela, Transparencia Internacional, la Due Process Law Foundation (DPLF) y la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. ¿Por qué van a discutir específicamente el caso de Venezuela?

-Venezuela es una tragedia. Es un país rico en términos de petróleo y de otros recursos naturales, y sin embargo hay una catástrofe humanitaria y violaciones de derechos humanos muy importantes. Y está el problema del abuso de poder financiado por esa economía global de la corrupción con dinero que deja Venezuela para ser invertido en otros países. Por eso, la necesidad de una cooperación entre el sistema judicial del país de inversión y organizaciones de la sociedad civil en Venezuela u otros países. (NdR: Venezuela obtuvo en el IPC 2023 una puntuación de 13 sobre un máximo de 100 para el más transparente quedó en el puesto 117 sobre 180 naciones medidas, solo por encima de Somalia que obtuvo 11 puntos)

-¿Lo que dice es que la Justicia del país donde termina siendo fugado ese dinero producto de la corrupción venezolana, debería colaborar a nivel internacional?

-Sí. Hay una responsabilidad muy importante de esos países donde se invierte ese dinero. Y hablando del Índice de Percepción de la Corrupción, no debe dar una impresión falsa de jerarquía entre los países, porque recibieron una puntuación alta, también tienen una responsabilidad. Las instituciones robustas que permiten a esos países obtener una puntuación alta, son las mismas que atraen el dinero sucio de la corrupción. Porque a los líderes corruptos les gusta la estabilidad de un país cuando buscan un país donde invertir. Las instituciones débiles son buenas para esas personas corruptas en el país donde roban el dinero, no en el país donde lo invierten.

-¿Quiénes fugan de Venezuela ese dinero corrupto? ¿Y en qué países lo invierten?

-El sector público y el privado. Hay toda una economía corrupta en Venezuela. Así como son más de una decena de países donde ese dinero es invertido. Hay casos en España, en los Estados Unidos, en Portugal, en otros países europeos. La mayor parte del dinero corrupto que deja América Latina es invertida en los Estados Unidos y en Europa occidental.

-Así como la corrupción está vinculada a la baja calidad de la justicia, ¿también lo está al menor desarrollo socioeconómico de un país?

-Hay una vinculación estrecha porque la corrupción es una explicación muy importante de la pobreza. Los líderes corruptos transforman dinero público útil que podría ser invertido en educación, en infraestructuras, en sanidad, en dinero inútil que sólo infla los precios inmobiliarios de los mercados financieros. Sin corrupción habría mucho menos pobreza. Y es un círculo vicioso, porque las personas pobres tienen menos poder o menor capacidad para resistir a los corruptos y es la razón por la cual tenemos que tener organizaciones de la sociedad civil fuertes, y periodistas de investigación para denunciar esos hechos de corrupción.

-¿Cuál debería ser la estrategia para combatir a los corruptos hoy?

-Fortalecer la justicia y la cooperación entre los gobiernos. Pero vivimos una nueva Guerra Fría y no es siempre fácil conseguir una cooperación internacional eficaz. Entonces, es muy importante tener una sociedad civil global activa. Es lo que estamos haciendo aquí en Buenos Aires con otros capítulos de Transparencia Internacional que van a esa conferencia mañana. Y también es importante ganar una batalla cultural para combatir la cultura del secreto en el ejercicio del poder, garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión, y contar con medios de información independientes. Son las condiciones del Estado de Derecho y de la lucha contra el abuso de poder.

-Seguramente se enteró – ya que el lunes en la cena de Poder Ciudadano, el director ejecutivo Pablo Secchi hizo explícita mención a eso en su discurso – que hubo una nueva reglamentación del Gobierno que restringe el acceso a la Información Pública en Argentina. ¿Qué opina? ¿Podría afectar el posicionamiento del país en el proceso de acceso a la OCDE que ha iniciado?

-En Argentina y en cada país, la información sobre lo que hacen quienes están a cargo del poder político es propiedad de la ciudadanía y la ciudadanía tiene derecho a saber lo que los poderosos deciden y por qué lo deciden, así como lo que gastan y con qué dinero lo gastan. Y esto incluye a todos los documentos que conducen a la aprobación de una ley o a una decisión del Ejecutivo importante, más aún hoy en día que hay herramientas digitales. Así como la ciudadanía debe saber qué es dinero público y qué es dinero privado; los préstamos que piden los funcionarios o los contratos que celebran. Todo eso tiene que ser conocido por la gente porque es dinero de la ciudadanía, que le encargó a los funcionarios ejecutarlo.

Fotos: Diego Barbatto