Incendios: la oposición aprobó en el Senado la emergencia ambiental en Córdoba por 180 días
Por empuje de la oposición, el Senado aprobó este jueves la declaración de “emergencia ambiental, económica y habitacional, por el término de ciento ochenta (180) días, prorrogables por igual plazo por el Poder Ejecutivo Nacional, en la Provincia de Córdoba, específicamente en las localidades ubicadas en las Sierras de Córdoba y en aquellos departamentos afectados por los incendios ocurridos durante los meses de agosto y septiembre de 2024″. La definición queda ahora en manos de Diputados.
El proyecto incluye medidas financieras concretar es para “restaurar y restablecer las zonas afectadas y prevenir nuevos focos”, en “el marco del Sistema Federal de Manejo del Fuego y la Gestión Integral de Riesgos”.
Parte de La Libertad Avanza se abstuvo al momento de la votación -los jujeños Ezequiel Atauche y Vilma Bedia, y el sanjuanino Bruno Olivera-, que recibió 55 adhesiones, lo que generó una furiosa reacción de toda la oposición, tanto de la kirchnerista como dialoguista. Por caso, el propio jefe del PRO y usual aliado del Ejecutivo, el cordobés Luis Juez, manifestó: “No vamos a permitir que nos traten como unos imbéciles”. Y preguntó: “¿Qué mierda más tiene que pasar?”.
El segundo artículo de la iniciativa expresa que “el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, destinará una partida extraordinaria para intervenir y asistir inmediatamente a los fines de la reconstrucción de infraestructura y recuperación de las actividades económicas afectadas”.
Además, el texto detalla: “Estas acciones se implementarán en coordinación con el gobierno de la provincia de Córdoba y los gobiernos municipales de las localidades afectadas, respetando los protocolos establecidos por el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Las prioridades y metodologías de distribución de los recursos asignados serán definidas conforme a la urgencia de las necesidades, con enfoque en el bienestar de las personas damnificadas y la restauración del medio ambiente y la biodiversidad afectada”.
En cuanto a medidas concretas, el proyecto apunta a “líneas de créditos con tasas bonificadas destinados tanto a la reparación de viviendas como a la continuidad de las actividades económicas claves para las economías regionales, asegurando la recuperación de empleos y el funcionamiento de los sectores productivos”. También a “facilitar la sostenibilidad financiera de los emprendimientos locales, permitiendo su reactivación económica mediante la suspensión y renovación de las obligaciones bancarias y deudas pendientes al inicio de la emergencia, brindando un alivio inmediato a los productores y trabajadores afectados por las pérdidas económicas”.
Un tercer punto direcciona un permiso para suspender “por hasta noventa (90) días, juicios y procedimientos administrativos de cobro de acreencias vencidas antes de la emergencia, garantizando que las familias, emprendedores y productores puedan concentrar sus esfuerzos en la reconstrucción de sus medios de vida sin el riesgo de sanciones financieras inmediatas”.
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