Tres integrantes de una comunidad mapuche fueron declarados responsables de usurpar un campo entre El Bolsón y Bariloche
La Justicia declaró la responsabilidad de tres integrantes de la Lof Quemquemtreu por la usurpación de un predio ubicado entre El Bolsón y Bariloche. El caso tuvo a seis integrantes de esa agrupación mapuche en el banquillo de los acusados, aunque sólo tres de ellos fueron declarados responsables por la usurpación del predio.
La acusación recae luego de la toma de dos lotes del paraje Cuesta del Ternero, situado entre Bariloche y El Bolsón, a pocos kilómetros de la ruta nacional 40. Según la Fiscalía, “los mapuches despojaron de la posesión pacífica que la víctima, Rolando Rocco, detentaba desde 1981″. De esta forma, los imputados invadieron el predio y le impidieron concretar las actividades forestales y ganaderas que realizaba hasta ese momento.
La jueza Romina Martini, en la lectura del fallo, anunció que las penas y el pedido de desalojo de las tierras será resuelto en una instancia posterior. La magistrada responsabilizó por la usurpación a Romina Jones, Lautaro Cárdenas y Alejandro Morales Godoy, y absolvió a Maurl Vargas, Ariadna Mansilla Cedrón y Juan Cruz Baeza.
El veredicto llegó dos días después de la condena a siete miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu, acusados de usurpar lotes en Villa Mascardi. Hasta octubre de 2022, cuando se produjo el desalojo de los predios usurpados en ese paraje, ambas comunidades mantuvieron lazos estrechos y ejercieron respaldos mutuos, con cortes de ruta y manifestaciones.
Incluso, la Justicia Federal opinó que en Cuesta del Ternero se ocultaron muchos de los integrantes de la Lafken Winkul Mapu mientras que estuvieron prófugos. Se cree además que el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, también se ocultó allí durante los 11 meses que se mantuvo en la clandestinidad.
Los intrusos derribaron especies arbóreas y construyeron tinglados en el campo, donde además instalaron pancartas con el nombre de la agrupación e hicieron mención a la muerte de Rafael Nahuel, asesinado en noviembre de 2017 durante el desalojo de los predios de Villa Mascardi.
En ese mismo campo, en nombre de 2021 –cuando la ocupación ilegal llevaba 2 meses– fue asesinado un integrante de la comunidad, Elías Garay, quien fue baleado por dos socios comerciales de Rocco, hecho por el que permanecen detenidos Diego Ravasio y Martín Feilberg.
A principios de 2022, el empresario forestal y los mapuches –con la intervención de la Justicia mediante- pactaron una tregua y ambos convivieron en el mismo campo. Rocco siguió explotando el campo y los mapuches construyeron allí precarias viviendas y se instalaron en un predio de 10 hectáreas.
Voceros de la comunidad Quemquemtreu solicitaron entonces una mesa de diálogo para intentar dirimir el caso de manera extrajudicial. Plantearon al gobierno de Río Negro retomar la instancia de diálogo e intentar arribar a un nuevo acuerdo similar al anterior, que les garantice la permanencia en el sitio.
Los mapuches, además, reafirmaron su intención de seguir adelante con la “recuperación ancestral”. “Apelamos a que el gobierno interceda para generar una solución del conflicto que sea pacífica y política, no represiva” dijeron desde la comunidad, aunque no lo consiguieron.
Los usurpadores no fueron pacíficos como lo intentaron demostrar durante el juicio, sino que actuaron de forma hostil tanto con el fiscal Francisco Arrien como también con efectivos de la Policía de Río Negro.
Durante la instancia de los alegatos, el Ministerio Público consideró probado “que los imputados participaron de manera activa de este hecho junto a otras personas que no han sido identificadas aún. Estas personas, traídas a juicio, sabían cual era la intencionalidad” y ellos mismos “confirmaron en esta sala la fecha del hecho”.
La fiscal Jefa Betiana Cendón durante su exposición, se refirió al modo de ingreso y explicó que los intrusos ingresaron al predio ocultando sus rostros, encapuchados y se negaron a ser identificados, es decir “en la clandestinidad”.
Acerca de Rocco, el Ministerio Público acreditó que era legítimo poseedor de las tierras, a partir de testimonios recabados durante la etapa de instrucción. “El lugar fue invadido, la comunidad ha usurpado” sentenció la fiscal.
Agregó que se pudo ver en los videos exhibidos a lo largo del debate el corte de árboles, la obstaculización del ingreso imposibilitando la posesión de Rocco hasta el día de hoy y señaló que existe un trámite ante el Estado rionegrino, única autoridad concedente, “que se encuentra paralizado por una ocupación”.
En esa instancia, la Fiscalía pidió condenas para los usurpadores al considerarlos penalmente responsables del delito de usurpación en calidad de coautores.
El abogado querellante Ernesto Saavedra adhirió al alegato de la Fiscal Jefa y agregó el alto costo que significó para el Estado Provincial toda esta situación, solicitando la pena máxima que marca el Articulo 181 y realizó la reserva de efectivizar el desalojo al momento de la cesura del juicio. La defensora de los imputados, por su parte, pidió la absolución de sus defendidos e hizo hincapié en el que empresario damnificado no ejercía la posesión del sitio.
