El Gobierno aseguró que la reglamentación del artículo anti-bloqueos de la reforma laboral no perjudicará a las empresas
El Gobierno aseguró que el acuerdo con la CGT para consensuar la reglamentación del artículo anti-bloqueos de la reforma laboral “no implica ninguna decisión en desmedro del sector empleador” y sostuvo que “la libertad de las empresas y de trabajar no se verá afectada” por lo que se resuelva.
La postura oficial fue expresada este miércoles por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a una delegación del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) que pidió una audiencia con él para expresarle su preocupación por lo acordado el lunes pasado con dirigentes de la CGT: crear una comisión tripartita para consensuar la reglamentación del artículo de la Ley Bases que penaliza los bloqueos al considerarlos una injuria laboral grave, y, por lo tanto, causal de despido justificado.
Luego del encuentro de los sindicalistas con Francos; el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el asesor presidencial Santiago Caputo en la Casa Rosada, el MEAB difundió un duro comunicado de prensa, firmado por su titular, Juan Méndez, en el que calificó como un “dislate” que se “transformara en letra muerta lo que el Congreso de la Nación ha sancionado y está vigente”, al “integrar al sindicalismo para reglamentar una práctica ilegal que ellos mismos llevan adelante”.
Ante las diferencias sobre el tema que había en el propio gabinete, y para no acceder al reclamo cegetista de atenuar el artículo anti-bloqueos, mediante la incorporación de un procedimiento previo para que los jueces determinen si hay injuria grave por los bloqueos y que el eventual despido no pase por una decisión del empleador, el Gobierno decidió finalmente no reglamentar ese artículo.
Esa fórmula permitió destrabar el decreto reglamentario de la reforma laboral, que se publicó el jueves pasado en el Boletín Oficial, y tuvo sabor a empate entre las sugerencias cruzadas de empresarios y sindicalistas sobre el artículo anti-bloqueos. Pero, sorpresivamente, Francos, Cordero y Caputo accedieron al pedido de la CGT de reglamentar ese punto de manera consensuada y tripartita.
Como anticipó Infobae, un importante funcionario libertario negó que existiera una marcha atrás del oficialismo sobre aquel artículo: “Solo queremos establecer un protocolo previo en los casos de bloqueos”. Eso es justamente lo que reclaman los sindicalistas y rechazan los empresarios.
“Les manifestamos el compromiso del Gobierno con el desarrollo de las fuerzas productivas de la Argentina en libertad, bajo el manto de la ley y de los derechos consagrados en la Constitución”, publicó el jefe de Gabinete en X al anunciar el encuentro con los integrantes del MEAB. Y agregó: “Mantenemos abiertos los canales de diálogo y consenso necesarios con todos los sectores”.
En su reunión con los empresarios, justamente, Francos resaltó que no existe una decisión de favorecer a la CGT, pero dijo que como jefe de Gabinete debe “escuchar a todos” y que “no es fácil conformar a todas las partes”. Tras destacar que tiene “un conocimiento real de la situación empresaria argentina”, les pidió a los empresarios que le tuvieran “confianza” al Gobierno.
Méndez, a su vez, le respondió que tomaba sus palabras con “respeto y responsabilidad” y, por ende, que esperaba que “toda esta instancia llegara a buen puerto”, mientras enfatizó: “La preocupación más fuerte de nuestra institución es que se mantenga la libertad laboral y por eso planteamos nuestra inquietud por la discrecionalidad que plantea la CGT para justificar la comisión tripartita”.
“Lo que queremos son reglas claras para dar mayor libertad y que los empresarios podamos trabajar y solo pensemos en cómo generar más empleo, pero que nuestro tiempo no se desperdicie en defendernos de las malas prácticas sindicales”, puntualizó a Infobae el titular del MEAB.
Ante Francos, el MEAB advirtió que “crear organismos administrativos intermedios (como propone la CGT) no tiene razón de ser” porque ese procedimiento “sólo tendría el objetivo de dilatar los tiempos del bloqueo y del despido de sus responsables”. Consideró que si se accede al pedido sindical “no se podría despedir con causa hasta que se expida el órgano tripartito”, lo que constituiría “un preámbulo sin sentido porque al final siempre es la palabra del juez la que determina”.
Méndez fue a la audiencia con Francos acompañado por otros miembros del MEAB como Solana Larocca, Ariel Quintela, Natalia Trivisol y los abogados Pablo Salvatori y Fernando Literas.
El MEAB, de todas formas, no fue el único sector empresarial que reaccionó ante el acuerdo del Gobierno y la CGT que podría atenuar el artículo anti-bloqueos. El Comité de Pymes, Emprendedores y Productores (PEP), conformado por más de 2.000 empresarios y productores, afirmó que la Ley Bases establece “penalidades más severas para quienes bloqueen el normal funcionamiento de las actividades económicas, enviando un mensaje claro a todos los actores: el derecho a la protesta no puede estar por encima del derecho a trabajar y a producir”, por lo que consideró “fundamental que la ley se aplique de manera justa y equitativa, garantizando que tanto las empresas como los trabajadores puedan desarrollar sus actividades en un marco de respeto mutuo”.
“No se trata de criminalizar la protesta, sino de poner límites claros para que las empresas puedan seguir funcionando”, señaló el PEP en un comunicado, en donde destacó: “Es importante que las autoridades no solo sancionen a quienes realicen bloqueos, sino que no habilite ningún tipo de diálogo sobre la factibilidad de la utilización de esas prácticas como normativa sindical”.
