A través del drone de Infobae se pudo ver la dimensión que tuvo la Marcha Federal Universitaria este miércoles frente al Congreso Nacional. En todo el país, estudiantes, docentes, trabajadores universitarios, junto a organizaciones políticas y sindicales reclamaron por la Ley de Financiamiento para las casas de estudio, que será vetada en las próximas horas por el presidente, según anticiparon desde el Gobierno.
El acto central estuvo encabezado por la Federación Universitaria Argentina (por los estudiantes), el Frente Sindical de Universidades Nacionales (por los docentes y no docentes) y el Consejo Interuniversitario Nacional (por los rectores).
“La universidad pública, base de la democracia y el desarrollo social, lucha por su supervivencia” fue el título del documento de tres páginas que se leyó en el cierre del acto en la Plaza del Congreso. La lectura estuvo a cargo de Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la FUA, quien ya había ocupado ese lugar en la movilización del pasado 23 de abril.
En tanto, el presidente Javier Milei tiene hasta mañana para formalizar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. En reiteradas oportunidades tanto él como los funcionarios del Gabinete ratificaron que rechazarán el proyecto aprobado por Diputados y Senadores.
La protesta contó con el acompañamiento de diferentes espacios y dirigentes políticos, quienes se hicieron presentes en la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
Estuvieron presentes representantes de la Unión Cívica Radical, La Cámpora, Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, entre otros. En este sentido, se destacó la asistencia de Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau.
También de Cristina Kirchner, que se encontraba a pocos metros de la gran convocatoria y manifestó su postura en defensa de las universidades públicas.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) aseguró que la pérdida del poder de compra acumulada es del 9,2% respecto a diciembre. Tal como detallaron, un auxiliar de primera con dedicación simple (nueve horas semanales) y diez años de antigüedad, que en diciembre percibía $132.035,51, en agosto pasó a cobrar un salario bruto de 232.531,90 pesos. La caída respecto a noviembre es del 23,71% ya que no se contempla el salto inflacionario de diciembre por la devaluación.
Es en este marco que ingresa el debate sobre la ley de Financiamiento educativo que sancionó el Congreso y que Milei dijo en varias oportunidades que vetaría, aunque hay dudas sobre si cuenta con los votos necesarios en ambas cámaras para evitar un revés legislativo.
La norma contempla una recomposición en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec sobre las partidas destinadas a las universidades y una actualización bimestral hacia adelante, con el descuento de los incrementos otorgados en lo que va del 2024. También propone un aumento de los salarios del personal docente y no docente para que alcancen los niveles de diciembre de 2023, en términos reales, para que luego sigan mensualmente a la inflación.
Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el costo de la ley es de $738.595 millones en lo que resta del 2024, equivalente a 0,14 puntos del PBI. En las universidades señalan que la magnitud de ese gasto es igual a un mes de superávit financiero, un tercio de lo que costaba la reforma jubilatoria que vetó Milei o una tercera parte de lo que el Estado dejará de recaudar por la reforma que benefició a quienes pagaban Bienes Personales.
El Presidente avisó en varias oportunidades que vetará cualquier ley sancionada por el Congreso que implique un gasto que atente contra el equilibrio fiscal, es decir, que no tenga un financiamiento detrás. Es por eso que el veto se conocería en las próximas horas.
El Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello afirmó que “nunca se desfinanciará la educación universitaria pública”. La cartera señaló que las universidades “no aceptaron” un incremento del 6,8% adicional para los salarios de octubre, que las universidades recibieron más dinero “pero no saben administrarlo”, que las instituciones “no se dejan auditar”, apuntan por el costo de financiar “estudiantes extranjeros” y que el 60% de los alumnos de las casas de altos estudios no se encuentran en condición de “regulares”.
Fotos: Gastón Taylor
