La causa del Polo Obrero avanza sobre la ruta del dinero: investigan a una sociedad y a varias cooperativas
A dos meses del procesamiento de Eduardo Belliboni y otros dirigentes del Polo Obrero, la Justicia sigue investigando el entramado financiero que se había montado para desviar fondos públicos. Hay al menos una sociedad, inscripta ante la AFIP como una imprenta, y varias cooperativas en la mira, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales. Se suman a otra imprenta, Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, y a la firma Coxtex SA, que operaba como una usina de facturas truchas pese a las alertas de la AFIP. Entre esas dos empresas, permitieron desviar $36.144.418 millones.
La nueva sociedad apuntada por los investigadores es Ediciones e Impresiones Panorama SRL. Fue creada en noviembre de 2022 por Santiago González Roisler y Gustavo Spektor, con un objeto social amplio: realizar trabajos de impresión de distintos elementos de publicidad en formato gráfico, pudiendo editar, vender, comprar, distribuir, exportar, importar y financiar obras literarias, bibliográficas, diarios y revistas.
De acuerdo a las pruebas recolectadas en la causa, Panorama habría cumplido el mismo rol que Rumbos para canalizar los fondos correspondientes al Polo Obrero. “Es una continuidad”, dicen en Comodoro Py.
La Fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita trabaja por estos días sobre una pista que vincula a la imprenta “Panorama” con otras dos cooperativas de Trabajo. En el domicilio de unas de ellas, en la calle General Conrado Villegas al 5400, se encontró una planilla vinculada a la Cooperativa El Resplandor que se titula: “Pagos del convenio productivo sin factura macheada”.
Cuando procesó a los dirigentes del PO, el juez Sebastián Casanello destacó unos mensajes de WhatsApp que circularon entre dirigentes de esa agrupación. Esos chats avisaban que ya no había que utilizar la cuenta bancaria de Rumbos para ingresar dinero, sino la de Panorama. “La cuenta bancaria de Rumbos no va más, ahora se transfiere a Panorama”, escribió un usuario identificado como “Marina PO” el 15 de noviembre de 2023. Y acompañó los datos de una cuenta en el Banco Francés.
Un mensaje similar se encontró en otros teléfonos. “Buen día compañeros. Algunas zonas siguen transfiriendo a la cuenta de Rumbos que no va más para la regional”, escribió un militante ese mismo día en un grupo de WhatsApp.
El traspaso de las cuentas llevaba meses. En una conversación del 8 de junio de ese año, extraída de un grupo de Whatsapp del celular de Iván Candotti, uno de los dirigentes procesados, se encontró este mensaje: “A partir de ahora no va más al cuenta de Rumbos para los depósitos y transferencias de los compañeros de Capital”.
Rumbos fue el mayor proveedor de facturas para desviar los fondos del Plan Trabajar. En la causa hay 179 facturas por servicios presuntamente prestados a Asociación Civil Polo Obrero y a Cooperativa de Trabajo El Resplandor. En realidad, la imprenta era una pantalla para desviar fondos. En total fueron $31.000.000.
“La operatoria no habría sido posible sin una connivencia entre las dos partes que intervinieron en el proceso del manejo del dinero y la facturación: de un lado, las autoridades de las entidades investigadas, cuyo propósito era justificar, a través de facturación apócrifa, egresos de dinero aplicados a un fin no habilitado normativamente; del otro, el socio gerente de Rumbos, Roberto Adrián Albornoz, de fuertes lazos con la organización y el partido”, destacó el juez Casanello cuando dictó los procesamientos.
Otras facturas utilizadas por el PO para “justificar” gastos eran de Coxtex SA, una usina que ya había sido detectada por la AFIP en 2022. Pese a las advertencias, nadie hizo nada.
Esa firma había sido creada en 2020 por María Soledad Vega, una mujer de escasos recursos, y Luis Alexander Pichuaga, un misterioso “canadiense” que vivía en un humilde PH de Floresta. Cuando la Justicia allanó sus domicilios y secuestró sus teléfonos, confirmó que habían sido usados por otras personas. “Te están buscando de la AFIP. Por una sociedad que no puede ser ubicada. Vinieron a casa”, le avisó a Vega una mujer identificada como Gabriela Anahí Rivero el 24 de octubre de 2022.
En el celular de Vega también se encontraron chats y audios con Geremías Sebastián Prum, un empresario dedicado al rubro de la construcción. Los mensajes revelan que le paga por trámites bancarios.
En apenas trece meses, Coxtex facturó más de $480 millones. Apenas la AFIP comenzó a investigar a esa firma, se desactivó. Los sabuesos concluyeron que se trataba de una usina y la incluyeron en la base E-Apoc: “Se observa la emisión de facturas electrónicas con importes significativos, imposibles de ser realizadas por una sociedad sin capacidad económica y financiera exteriorizada para poder llevarlas a cabo”.
Sin embargo, en su indagatoria, Belliboni aseguró que las empresas Rumbos y Coxtex habían sido autorizadas por el organismo recaudador y que era su responsabilidad que siguieran operando.
La historia de Coxtex tuvo otras derivaciones. Vega y Pichuaga también habían prestado su nombre para crear otras tres sociedades: Consuting SA, Recinsur SA y Ciriaco Shoes SRL. Esas firmas siguen en la mira del juzgado de Casanello.
Para el desvío de fondos hubo otras sociedades involucradas. Al momento de procesar a los dirigentes del PO, Casanello mencionó a Urban Graphics SA, Ricoprint SRL y a Carlos Monfrini. “Simularon la entrega de productos a través de la emisión de facturación apócrifa, permitiendo a los administradores destinar ese dinero a una finalidad – privada- distinta a la contractualmente prevista -pública-”, sostuvo el juez a fines de julio.
En estos movimientos, el Polo Obrero emitió cheques, pero esos cheques habrían terminado siendo acreditados en cuentas de la imprenta Rumbos, lo que reforzó la sospecha de dibujar gastos para fondear actividades del partido.
En el caso de Urban Graphics, supuestamente dedicada a la impresión de diarios y revistas, emitió una factura por $5.180.019 por la supuesta venta de una “máquina heidelberg” usada. La factura y el recibo presentados en el expediente fueron firmados y presentados por dos dirigentes del PO, María Isolda Dotti y Erika Tamara Lubenfeld.
Otro caso particular es el de Monfrini, inscripto ante la AFIP como productor de espectáculos teatrales y musicales. Emitió cuatro facturas por un total de $2.946.913, que luego fueron firmadas y presentadas por Belliboni y Mariano Centanni (otro de los procesados). “Los productos facturados fueron abonados a través de una transferencia bancaria por la suma de $1.220.450,40 y mediante la entrega de los cheques n° 62494720 y 62494721 por el monto de $1.220.450,40 y $253.006,16 respectivamente. Con relación a estos últimos a diferencia de los casos anteriores, si bien fueron efectivamente dirigidos a Monfrini, este luego los endosó a favor de Rumbos”, destacó el juez.
Los procesamientos y los pedidos de indagatoria pendientes
La causa del Polo Obrero arrancó el 20 de diciembre pasado, el día que se preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para hacer denuncias. Hubo reportes de todo el país. El fiscal Pollicita, que recibió la investigación delegada, se focalizó en las 45 que tuvieron lugar en la Capital Federal.
A fines de julio, Casanello procesó a Belliboni, Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz y Ezequiel Adrián Coego por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La decisión alcanzó además a María Isolda Dotti, alias “Tango”, y Gianna Puppo: para ellas, el procesamiento no solo fue por defraudación sino también por “amenazas coactivas”. A Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia las acusan de ser autoras de amenazas. También fueron procesados Elizabeth del Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gustavo Guillermo Vásquez, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti y Roberto Adrián Albornoz como partícipes de la defraudación y amenazas coactivas.
El juez mantuvo la inhibición general de bienes respecto del patrimonio, el congelamiento de los productos bancarios y de las cuentas CVU registradas, y el bloqueo al acceso a las cajas de seguridad de las personas físicas, de la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor Ltda., y de Rumbos SRL.
Unas horas antes de conocerse los procesamientos, el fiscal había pedido que Emilio Pérsico, responsable de la Secretaría de Economía Social durante el Gobierno de Alberto Fernández, sea citado a declaración indagatoria, entre otros ex funcionarios. Lo acusó de haber encabezado una “matriz de corrupción” que permitió que el Polo Obrero “extorsionara a beneficiarios de planes sociales” y usara el dinero que recibía para financiar sus actividades partidarias.
Casanello rechazó citar a indagatoria a Pérsico pero el tema ahora debe ser definido por la Cámara Federal. El fiscal ante esa instancia, José Luis Agüero Iturbe, sostuvo el recurso de Pollicita y reclamó que se investigue si hubo una asociación ilícita. “Los funcionarios de la Secretaría de Economía Social no solo desembolsaron subsidios millonarios —al menos $361.087.500— en favor del Polo Obrero, sin ningún respaldo informativo ni documental respecto del destino del dinero público y pese a las observaciones de las áreas jurídicas basadas en la normativa”, se quejó el fiscal de Cámara.
